El Consell Insular de Formentera rechazó este jueves una modificación presupuestaria de 2,4 millones de euros destinada a reservar fondos para afrontar las reclamaciones económicas de PreZero, la empresa concesionaria de la recogida de residuos y limpieza de la isla.
La propuesta del Gobierno de Sa Unió no prosperó por el voto en contra de toda la oposición, en medio de las discrepancias sobre la documentación disponible y después de que la institución iniciara un procedimiento para revisar los cinco acuerdos firmados en julio de 2024 por el entonces presidente, Llorenç Córdoba, con la empresa.
La votación se produjo después de que el Consell Consultiu emitiera un dictamen el pasado 28 de octubre. Mientras el Gobierno insular defendió la necesidad de habilitar los recursos antes de finalizar el ejercicio, los grupos de la oposición cuestionaron que se sometiera a votación una cantidad sin disponer, según sostienen, de los informes técnicos definitivos que permitieran concretar las obligaciones económicas.
El conflicto tiene su origen en las reclamaciones de PreZero y en los compromisos asumidos por Córdoba el 2 de julio de 2024, durante las negociaciones que permitieron desconvocar una huelga indefinida del servicio de limpieza. Aquellos cinco documentos son objeto de un procedimiento de revisión de oficio iniciado por el actual presidente del Consell, Óscar Portas, ante las dudas jurídicas sobre su validez.
Cinco acuerdos bajo revisión
La documentación administrativa aportada al Pleno recoge que Córdoba firmó cinco documentos dirigidos a PreZero, relacionados con indemnizaciones, posibles modificaciones del contrato, penalizaciones a la concesionaria y ajustes en la prestación del servicio. Fueron suscritos el mismo día en que la empresa y los trabajadores alcanzaron un entendimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (TAMIB).
Uno de los compromisos contemplaba aceptar una indemnización por el retraso en la adjudicación del contrato, debido al incremento de los costes de maquinaria y tecnología y a los intereses de los préstamos. Otro planteaba reconocer a la concesionaria una compensación mínima de 595.000 euros sin IVA por la prestación del servicio durante la prórroga forzosa del contrato anterior, a falta de determinar la cantidad definitiva.

Un tercer documento abordaba un expediente de penalizaciones por presuntos incumplimientos contractuales. Según el informe jurídico incorporado al decreto, se proponía limitar a 30.000 euros unas penalizaciones inicialmente valoradas en 1.716.490,36 euros, aunque se condicionaba su concreción a la intervención de los servicios técnicos y jurídicos.
Los otros dos acuerdos estaban relacionados con el estudio de posibles modificaciones contractuales y la reorganización de la bolsa de horas de trabajo para adaptar los servicios a las necesidades de la isla.
El informe jurídico incorporado al expediente cuestiona la validez de estos compromisos porque, según sus conclusiones, fueron adoptados al margen de los procedimientos administrativos correspondientes. También señala que los documentos únicamente llevaban la firma del entonces presidente y no la de representantes de PreZero, por lo que descarta considerarlos propiamente pactos contractuales.
Por ese motivo, los servicios jurídicos plantearon la revisión de oficio de los cinco acuerdos, mediante el procedimiento previsto en la Ley 39/2015.
El expediente también contempla que PreZero pueda acreditar los gastos derivados de los compromisos y reclamar, en su caso, una indemnización, cuya procedencia deberá examinarse conforme a las circunstancias y a los requisitos legales.
Desacuerdo sobre los 2,4 millones
En este contexto, Sa Unió propuso habilitar hasta 2,4 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, sin reducir las partidas destinadas a servicios públicos. La formación sostiene que la cantidad tenía como finalidad garantizar disponibilidad presupuestaria y que los importes definitivos se determinarían posteriormente en los correspondientes expedientes administrativos.
El Gobierno defendió que la iniciativa se había presentado una vez recibido el informe vinculante del Consell Consultiu y acusó a la oposición de dificultar la capacidad del Consell para afrontar las obligaciones que pudieran reconocerse a la concesionaria antes de finalizar el año.
Por su parte, el PSIB-PSOE de Formentera rechazó la propuesta al considerar que no existía una cuantificación definitiva de la indemnización. Los socialistas sostienen que primero debían completarse los informes técnicos y después tramitarse la modificación presupuestaria, y reprochan al Gobierno que no hubiera concluido los trabajos desde que el Consell Consultiu emitió su dictamen el 28 de octubre.
La formación encabezada por Rafa Ramírez asegura que está dispuesta a facilitar la modificación cuando el Gobierno presente los informes definitivos y justifique el importe. Su posición, según explica, no implica rechazar los pagos que puedan corresponder legalmente a PreZero, sino exigir que estén acreditados y tramitados con las garantías necesarias.
El conseller no adscrito Llorenç Córdoba también votó en contra y denunció que no dispuso de toda la documentación con antelación suficiente. Según afirmó, recibió la convocatoria del Pleno el 16 de noviembre, la documentación presupuestaria el día 18 y tanto el dictamen del Consell Consultiu como la resolución sobre la nulidad de uno de los acuerdos apenas una hora y media antes de la sesión.
«¿Cómo podemos decidir sobre 2,4 millones de euros si nos entregan la documentación necesaria cuando ya hemos votado? Esto no es transparencia ni una manera responsable de gobernar», declaró Córdoba, quien solicitó dejar el asunto sobre la mesa, una petición que no fue aceptada por el presidente.
El expresidente invocó el artículo 58 del Reglamento orgánico del Consell para sostener que la documentación debía estar disponible desde la convocatoria. Además, aseguró que se le había comunicado que recibiría parte de los informes solicitados después de la votación.
Sa Unió responsabiliza a gobiernos anteriores
Sa Unió rechazó las acusaciones de falta de transparencia y aseguró que los consellers disponían de la documentación de la propuesta antes de votar. La formación atribuyó el resultado a una actitud de oportunismo político y reprochó al PSOE y a los demás grupos su negativa a habilitar una partida destinada a afrontar las consecuencias de decisiones anteriores.
La coalición recordó que el contrato anterior de recogida de residuos venció en febrero de 2020, cuando gobernaban Gent per Formentera y el PSOE, y que el nuevo contrato no se formalizó hasta junio de 2023. Según su interpretación, parte de las reclamaciones económicas actuales tienen su origen en el mantenimiento del servicio durante aquel periodo.
Sa Unió advirtió de que el rechazo de la modificación dificulta afrontar los pagos antes de finalizar el año y reclamó a la oposición alternativas para financiar las obligaciones que finalmente se reconozcan. También defendió la necesidad de garantizar la continuidad del servicio ante posibles movilizaciones laborales.
El conflicto con PreZero ya había provocado nuevas amenazas de huelga durante el verano de 2026, cuando la empresa vinculó las dificultades para asumir incrementos salariales con las cantidades que reclamaba al Consell. Finalmente, los trabajadores desconvocaron los paros de agosto tras alcanzar un acuerdo salarial.
Córdoba defiende su gestión y PSOE cuestiona calendario
Llorenç Córdoba defendió su actuación durante las negociaciones de 2024, al recordar que permitió evitar una huelga durante la temporada turística. El expresidente acusó a Sa Unió de deshacer el trabajo realizado durante su mandato y afirmó tras la votación: «He votado en contra porque ya me he cansado de tapar la ineptitud y la mala gestión de este equipo de gobierno».
Sa Unió, por su parte, censuró las descalificaciones personales de Córdoba durante el Pleno y reclamó que las discrepancias políticas se mantengan dentro del respeto institucional.
El PSOE también criticó la convocatoria extraordinaria y el aplazamiento del Pleno ordinario de noviembre a diciembre, decidido por el presidente. Los socialistas cuestionan que se haya alterado el calendario institucional cuando ya habían registrado iniciativas, entre ellas una propuesta de reprobación de la consellera del Govern balear responsable de la gestión del quirófano de Formentera.











