Sa Unió no se resigna en la batalla del megaconcurso bajo sospecha de los quioscos de playa. Ahora el Consell de Formentera ha vuelto a pedir al Govern que libere a los ocho chiringuitos de la obligación de desmontarse cada año entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
Esta vez lo hace con un argumento surrealista: que el precepto del Reglamento General de Costas que impone ese desmontaje es, según sus servicios jurídicos, «un claro exceso sobre las previsiones de la Ley de Costas» y no debe aplicarse.
Así consta en el acta de la Junta de Govern extraordinaria y urgente del 15 de septiembre. El órgano aprobó por unanimidad las alegaciones que defendió la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verònica Castelló. Estas alegaciones se presentan en el trámite de audiencia abierto por la Dirección General de Costas y Litoral, cuyo plazo expiraba el 17 de septiembre. La sesión comenzó a las 13.36 horas y terminó a las 13.42, es decir, duró apenas seis minutos.
El Consell pide a la Dirección General que resuelva sobre el fondo y «estime la modificación de la concesión (…) eliminando la obligatoriedad de desmontaje anual de los establecimientos expendedores de comida y bebida de la isla de Formentera, por el período comprendido entre el 15 de enero y el 15 de febrero».
El incumplimiento de esa obligación es una de las causas por las que la Conselleria propuso caducar la concesión, tal como avanzó La Voz de Ibiza.
Menos perturbación, según PODARCIS
El Consell se apoya en el estudio ambiental de la consultora PODARCIS, que trasladó a la Conselleria el 28 de noviembre de 2025. El acta reproduce su conclusión: mantener las estructuras durante toda la concesión y retirarlas al final resulta «significativamente más favorable» que desmontarlas y montarlas cada año.
El estudio calcula que el ciclo anual generaría, para las ocho instalaciones, «del orden de varias decenas de toneladas de residuos adicionales» a lo largo de la concesión. Resume que «la opción ambientalmente correcta no es desmontar más, sino perturbar menos».
El estudio señala también una «asimetría de tratamiento»: las escuelas de vela, los módulos de baños o las torres de socorrismo, del mismo régimen concesional, permanecen todo el año. El Consell afirma que lo que pide es lo mismo «que se está produciendo desde hace años en Canarias».
Cita, además, el proyecto de ley de ordenación del litoral balear, publicado en el BOIB el 16 de julio de 2026. A su juicio, ese texto reserva el desmontaje de temporada a las autorizaciones y no a las concesiones.
Este informe había sido contratado por el Consell en septiembre de 2025 por más de 9.000 euros para realizar un «estudio de impacto ambiental del desmontaje y montaje anual de las instalaciones de concesión de playas», a pesar que todos los informes establecían la obligatoriedad de desmontar.
No es el primer intento
En enero de 2025, ante la primera insumisión de los concesionarios, el Consell pidió medidas cautelarísimas para evitarlo. La Dirección General respondió el 17 de enero que no era posible adoptar medidas que evitaran el desmontaje de los ocho establecimientos, al estar «completamente vigentes las condiciones impuestas y aceptadas en su momento por el concesionario».
El 29 de diciembre de 2025, una resolución de la Conselleria inadmitió a trámite la petición de modificar la concesión. El Consell recurrió en reposición. Según la resolución notificada el 9 de junio, el conseller del Mar estimó el recurso. Anuló la inadmisión «por no ser ajustada a derecho» y ordenó retrotraer el procedimiento.
Reabierto el trámite, el 24 de agosto un informe técnico de la jefa del Servicio de Concesiones propuso denegar la modificación. El Consell lo describe como basado «precisamente» en el artículo 113.3 del Reglamento y declara que discrepa «abiertamente» de sus conclusiones. El criterio de la Conselleria, recogido en el acta a partir de otro informe técnico de 18 de diciembre de 2025, es que «los quioscos en tramos naturales no pueden ser permanentes».
La decisión de resolver estas nuevas alegaciones corresponde ahora a la Dirección General, ya bajo la dirección de Joan Jaume Mulet, que asumió el cargo tras el cese de María Joaquina Ferrer Matas.
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