La silla remunerada que ocupa el presidente no adscrito del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria tiene los días contados. Este asunto será uno de los próximos campos de batalla entre quien fue el número uno de las candidaturas de Sa Unió al Consell de Formentera y al Parlament balear y sus antiguos compañeros de la coalición, aunque no el único.
El periodo de entreguerras de la crisis sin fin iniciada en noviembre y que entró en vía muerta tras la adjudicación de los quioscos de playa por parte de Sa Unió, a pesar de las irregularidades desveladas en exclusiva por La Voz de Ibiza. Al puerto, se le sumará la huelga indefinida de basuras a la vuelta de la esquina como próximos enfrentamientos.
En relación al puerto, el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, ha advertido que «Córdoba será representante del Consell de Formentera en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria hasta que decidamos en el Pleno que lo deje de ser«, anticipando que los ocho consellers de Sa Unió presentarán una iniciativa en el Pleno en este sentido.
El motivo es que, a su entender, Córdoba «no está representando a Formentera como debería», ya que «no informa a los compañeros del gobierno sobre los proyectos que se le presentan sobre el puerto de la Savina» y «no puede ser que diga que la ampliación del puerto le corresponde a Autoridad Portuaria cuando Formentera tiene mucho que decir».
El cambio de representante de Formentera en el Consejo de APB y en el Consejo de Navegación del puerto de la Savina tendrá consecuencias económicas para Córdoba y, en consecuencia, para quien ocupe su lugar. Y es que el cargo está remunerado con una dieta por asistencia de 927 euros con un máximo de 10 dietas al año.
Estas declaraciones forman parte del surrealista debate político y mediático provocado por una información del Diario de Ibiza sobre algunos movimientos de Puertos y Litorales Sostenibles de hace un par de años.
Esta empresa gestiona una dársena, la gasolinera y una marina seca en la Savina y se ha hecho con las instalaciones que históricamente ha ocupado el Club Náutico de Ibiza.
Su propietario, Alberto Pedraza, mostró a los representantes políticos del momento una propuesta de ampliación del puerto de la Savina consistente en una ampliación con un dique flotante de la Savina destinada al tráfico marítimo y destinar el espacio actual a los otros usos.
Según han explicado fuentes de la empresa a La Voz de Ibiza, no ha vuelto a haber movimientos desde la ronda de presentaciones de lo que es calificado como «una idea» o un «boceto», no de un proyecto como se quiere hacer ver.
Proyecto que es, además, imposible en las circunstancias actuales, ya que la ampliación requiere estar contemplada en Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y en el Plan Especial que debe ser reformulado tras haber caducado la tramitación ambiental por negligencia de sa Unió, tal como ha avanzado La Voz de Ibiza.
Sa Unió, PSOE y GxF, que incluso ha decidido llevar este asunto al próximo Pleno, han expresado su oposición a la intención de Puertos y Litorales Sostenibles de promover esta ampliación y han centrado el debate en la equidistancia de Córdoba al respecto.
¿Moción de censura?
Vuelve a haber, pues, una inusual unanimidad entre formaciones antagónicas como ya sucedió en el megaconcurso de los servicios de playas. Sa Unió, PSOE y GxF, por un lado, y Llorenç Córdoba, por otro.
A pesar de esta comunión de intereses, no parece haber avances en las negociaciones de cara a articular una moción de censura. La Voz de Ibiza ha tratado sin éxito de recabar la opinión de los tres partidos al respecto.
¿Dimisión de Sa Unió?
Tampoco ha sido posible aclarar si Sa Unió mantiene la idea de dimitir de la Junta de Gobierno para forzar a la oposición a negociar o bien para activar el procedimiento de unas elecciones anticipadas, ya que la institución sería ingobernable.
De las palabras de Alcaraz, se deduce que Sa Unió tiene intención de seguir gobernando con Córdoba.
El último plazo dado por los consellers de Sa Unió para presentar su dimisión como miembros del equipo de gobierno expiró el pasado mes de abril.
No es el primero, ya que la dimisión en bloque fue una de las primeras medidas de presión anunciadas al inicio de la crisis. Esta opción se desvaneció cuando el secretario advirtió de que la dimisión no tenía efecto si no lo aceptaba el presidente, Llorenç Córdoba.
En una entrevista publicada el pasado 7 de abril en La Voz de Ibiza, el portavoz de la coalición, Óscar Portas, anunció la dimisión en el mes de abril siempre que quedara «resuelto el tema de los quioscos», el megaconcurso bajo sospecha que fue adjudicado el 26 de abril.
Ante reiteradas consultas de La Voz de Ibiza sobre los pasos que seguirán para presentar la dimisión o, en todo caso, intentar acordar una moción de censura con la oposición (GxF y PSOE), el silencio ha sido la respuesta por parte del portavoz de sa Unió.
Respecto a la moción de censura y el rol que cumplirá la oposición, hay coincidencia en el hermetismo y tanto Alejandra Ferrer, portavoz de Gent per Formentera, como Rafa Ramírez, secretario general del Partido Socialista de Formentera, tampoco respondieron a este medio.
Limitaciones para dimitir
Por mucho que los consellers de Sa Unió amenacen con una dimisión en bloque, su capacidad de maniobra es limitada, ya que Córdoba tiene la última palabra y no aceptaría la dimisión de los consellers o al menos de todos para evitar quedarse sin quorum en la Junta de Gobierno.
Fue el secretario, Ángel Custodio Navarro, quien advirtió que la dimisión de un conseller para ser efectiva debía contar con la aceptación del presidente.
Lo recoge expresamente el artículo 32 de la Ley 4/2022 de Consells aprobada por el Parlament. Una de las vías para que el cese de un conseller sea efectivo es la «renuncia comunicada por escrito y aceptada por el presidente«.
Que la dimisión de un miembro de un gobierno deba ser aceptada por el presidente se trata de una atipicidad en el ordenamiento jurídico español y de un elemento clave a la hora de plantear alternativas a lo que si no es un callejón sin salida se le parece mucho.
Un ‘gobierno de brazos caídos’
Sí podrían los consellers de Sa Unió dimitir de la Junta de Gobierno o simplemente no asistir a las convocatorias, una suerte de gobierno de brazos caídos.
«Si dimitimos de la Junta de Gobierno, el Consell de Formentera pasa a ser ingobernable», había reconocido Portas a este medio. Según su análisis, «en el momento en el que nosotros dimitamos habrá un gobierno presidencialista formado por una persona y 16 consellers en la oposición», algo que obligaría a GxF y el PSOE a elegir entre Córdoba o sa Unió.
Tres alternativas
En el contexto del enfrentamiento Alcaraz-Córdoba que terminaría con la expulsión del entonces vicepresidente primero por parte del presidente, Sa Unió había planteado una moción de censura para que se convierta en presidente a uno de sus consellers con el apoyo de la oposición.
La segunda opción era que GxF y PSOE articule una alternativa con el apoyo de Córdoba.
Una última salida residía en que Sa Unió apoyara una alternativa de gobierno de GxF y PSOE, en una suerte de gobierno de concentración dada la excepcionalidad de la situación.
Para todo esto, son necesarias para su convocatoria las firmas de los 16 consellers, todos menos el propio Córdoba, a una moción que debe incluir el nombre del candidato y la aceptación expresa del mismo.
Esto es que Gent per Formentera y PSOE deben apoyar la presentación de la moción y al menos uno de sus consellers, al candidato de Sa Unió en la votación en el Pleno para que salga investido presidente por mayoría absoluta.
Un silencio que se convierte en apoyo
Hasta la fecha, GxF y PSOE han apoyado a Córdoba con su silencio. Aunque cada vez, menos.
Así, el PSOE, en el Pleno que debatió sobre los quioscos, pidió con la boca pequeña la dimisión del presidente, si bien nunca se ha mostrado favorable a una moción de censura, al menos públicamente y hasta ahora.
Elecciones anticipadas inauditas
Desde el comienzo de la crisis, todos los caminos parecen conducir a una elecciones anticipadas. Sería la primera vez que se dan en una administración local en España.
Otro casos, como en el de Marbella (Málaga), se disolvió el ayuntamiento y se nombró una gestora, una suerte de 155 municipal.
En Cudillero (Asturias) se denegó la petición que había hecho el Principado tras informe del Consejo de Estado y en otras crisis municipales en las que esta opción se puso sobre la mesa, las mismas fueron resueltas sin necesidad de adelanto, como Granada, Salamanca y Santiago de Compostela, entre otros.
