La mujer de 31 años víctima de la brutal agresión machista ocurrida el pasado domingo en Sant Antoni de Portmany continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, sin cambios desde el último parte difundido el miércoles.
Según el último comunicado emitido el miércoles por el centro sanitario, la paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, lo que obligó a practicarle una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso. Posteriormente, el equipo de Neurocirugía tuvo que realizar una segunda operación debido a la evolución de su cuadro clínico.
El parte médico detalla además que presenta un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones, múltiples fracturas faciales, la fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico continúa trabajando para estabilizar su estado.
Fuentes de la Policlínica han confirmado este viernes que no ha habido novedades desde el último parte oficial. “Todo sigue igual”, han señalado en diálogo con La Voz de Ibiza.
El agresor, en prisión provisional
El presunto agresor, su expareja, fue detenido por la Guardia Civil en el domicilio familiar donde se produjo el ataque y posteriormente enviado a prisión provisional. Sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor.
En la agresión también resultaron heridas leves la madre y la hermana de la víctima, que ya han recibido el alta médica.
Igualdad admite ahora limitaciones del sistema
En paralelo a la situación clínica de la víctima, el caso ha generado una fuerte polémica institucional. El Ministerio de Igualdad, que en un primer momento evitó mencionar expresamente el caso de Ibiza y aseguró que el Sistema Cometa había funcionado correctamente, reconoce ahora que el mecanismo puede presentar limitaciones y fallos operativos.
El departamento que dirige Ana Redondo enviará una carta al CGPJ y a la Fiscalía para advertir de problemas como distancias de alejamiento inferiores a los 350 metros recomendados, mal uso de los dispositivos, “continuas alarmas” cuando el agresor reside en el área de exclusión o deficiencias de cobertura que impiden una monitorización constante.
Fuentes judiciales especializadas en violencia sobre la mujer han asegurado, además, que en este caso la alerta del sistema se recibió cuando los agentes ya estaban en el domicilio y el agresor había sido detenido, y que no consta formalmente la petición de ampliar la distancia de alejamiento, lo que contradice versiones iniciales.
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