Con el concurso ya en marcha y el plazo de 90 días corriendo desde el lunes, los pliegos de bases publicados por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) revelan la magnitud real del reto que asumirá quien gane la gestión de la instalación náutico-deportiva del muelle de Ribera-Poniente del puerto de Ibiza, actualmente gestionada por Port Nàutic Ibiza.
La letra pequeña del documento, de 83 páginas, fija condiciones que van mucho más allá de las cifras globales ya conocidas.
Quien resulte adjudicatario asumirá la gestión de una superficie total de 33.352 metros cuadrados en zona de dominio público portuario —25.487 de espejo de agua y 7.866 de superficie terrestre— durante un plazo de hasta 25 años, con una inversión comprometida que rondará los 20 millones de euros entre las dos fases previstas.
La instalación, que durante 99 años fue sede del Club Náutico de Ibiza y que desde 2024 gestiona Port Nàutic Ibiza, deberá transformarse en lo que la APB define como «un referente en responsabilidad social en el sector náutico».
El modelo que diseñan los pliegos copia el ya lanzado en el puerto de Mahón de Menorca: no busca al mejor gestor de una marina comercial, sino a una entidad capaz de combinar la explotación de amarres y servicios portuarios con un programa deportivo sin ánimo de lucro de envergadura, centrado en la vela y el piragüismo.
Ese equilibrio entre negocio y función social es la columna vertebral de toda la licitación, y se traduce en un sistema de valoración donde el gasto deportivo comprometido pesa más que cualquier otro criterio, incluido el propio proyecto de obras.
Dique de abrigo
Uno de los elementos más significativos del pliego es lo que no se entrega al nuevo concesionario. El dique flotante de hormigón de 145 metros de longitud que actualmente protege la dársena, y el contradique de bloques prefabricados de 31,5 metros situado al sur, son propiedad de Port Nàutic Ibiza —la empresa que opera la instalación bajo la denominación de Puertos y Litorales Sostenibles— y no revertirán a la APB al término de la autorización vigente.
En julio del año pasado, PyLS concretó un hito de la ingeniería portuaria al instalar el primer dique flotante del mundo, en una operación logística y náutica de alta precisión. Pero el pliego lo recoge con claridad: esas infraestructuras «no serán objeto de entrega al nuevo concesionario».
Esto significa que quien gane el concurso deberá construir un dique de abrigo completamente nuevo dentro del espejo de agua concesional.
En tal sentido, el pliego establece que «los licitadores deberán proponer en su oferta la ejecución de un dique de abrigo destinado a mejorar los niveles de agitación, fiabilidad y operatividad en la instalación en relación con las acciones climáticas y las características de la flota tipo amarrada».
En este marco, se propondrá una «única bocana de acceso a la dársena, ubicada en su extremo sur, al objeto de no interferir con los tráficos de las dársena pesquera, simplificar la operativa náutica y minimizar afecciones con otros tráficos portuarios».
Este podrá ser de cualquier tipología estructural (talud, vertical o flotante) y «deberá proyectarse y ejecutarse de forma que su trazado exterior sea coincidente con el lindero de la lámina de agua concesional».
De todas formas, la APB no solo lo exige sino que convierte la tipología del dique en uno de los criterios de valoración del concurso, con hasta 5 puntos sobre 100. Y tiene sus preferencias: el dique vertical o de gravedad obtiene la puntuación máxima, el de talud puntúa 3 y el flotante, apenas 1.
El pliego justifica esta jerarquía señalando que el dique vertical «ofrece la solución más equilibrada, garantizando un adecuado nivel de abrigo, posibilidad de atraque e integración con infraestructuras portuarias».
550.000 euros anuales en deporte
El rasgo más singular de este concurso es el peso extraordinario que el sistema de valoración otorga al componente deportivo.
De los 100 puntos posibles, 30 corresponden a un único criterio: el gasto anual comprometido en actividad deportiva. Es la partida con más peso de todo el concurso, por encima incluso del proyecto de obras (25 puntos) o de las tarifas (18 puntos).
El pliego fija un suelo obligatorio de 550.000 euros anuales en deporte a partir del cuarto año de concesión, con un incremento mínimo del 2,5% anual desde el quinto año. Pero ese mínimo solo da 5 puntos.
Para alcanzar los 10 puntos máximos hay que ofrecer 1,5 veces la media de lo que propongan todos los licitadores, lo que en la práctica empujará las cifras bastante por encima del suelo.
Ese dinero tiene además un destino muy regulado. Las clases de vela y piragüismo reconocidas como estratégicas por las federaciones autonómica y nacional deben absorber como mínimo el 70% del gasto.
El pliego exige flotas mínimas concretas —al menos 5 embarcaciones por clase en vela, 10 en las clases nacionales con Campeonato de Baleares—, participación en competiciones federadas con un número mínimo de barcos por categoría, y un equipo técnico con director de nivel 2 y al menos dos técnicos de nivel 1.
La razón de fondo que aduce el pliego enlaza con la Ley 39/2022 del Deporte: «El deporte deja de ser una actividad voluntaria o recreativa y pasa a ser un derecho social al que el Estado debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad, promoviendo su valor como herramienta de cohesión, salud y ciudadanía».
Amarres: mínimos por eslora y prohibiciones expresas
El pliego regula con detalle la distribución de amarres. Los mínimos obligatorios son: 45 amarres de 6 metros, 35 de 7 metros, 50 de 8 metros, 20 de 9 metros, 10 de 10 metros, y 5 cada uno de 11 y 12 metros.
La eslora máxima permitida es de 20 metros, y los amarres de más de 12 metros no pueden superar el 20% del total, con un máximo de 10 unidades por encima de los 15 metros.
Hay además prohibiciones explícitas: las embarcaciones con base en la instalación no podrán pertenecer a sociedades mercantiles —salvo en el caso de clubes de navegación— y los amarres base no podrán destinarse a embarcaciones de chárter o arrendamiento. El concesionario deberá publicar en su web la lista de solicitudes y comunicarla a la APB cada seis meses.
Los usuarios actuales con condición de base tienen derecho preferente, siempre que puedan acreditar documentalmente que llevan al menos 12 meses como embarcaciones de base y que lo eran al menos tres meses antes de la publicación de los pliegos en el BOE.
Las tarifas: el concurso premia la contención
El sistema tarifario funciona con dos referencias: un mínimo por debajo del cual no se puede ofertar, y una tarifa de referencia por encima de la cual la puntuación en ese apartado es cero. La lógica es premiar al licitador que proponga tarifas más bajas para los usuarios.
Para embarcaciones de base, la tarifa mínima es de 0,12 euros por metro cuadrado y día en todas las esloras. La tarifa de referencia —a partir de la cual se puntúa cero— es de 0,80 euros/m²/día para esloras de hasta 8 metros, 1,85 para esloras entre 8 y 12 metros, y 2,00 para las de 12 a 20 metros. Para transeúntes en temporada alta, esa referencia sube hasta 3,05 euros/m²/día en las esloras menores.
El suministro de agua y electricidad puede incrementarse como máximo un 20% sobre las tarifas de la APB, pero la oferta que no aplique ningún incremento obtiene la puntuación máxima en ese apartado.
Lo que pagará el concesionario a la APB
Además del canon fijo de 364.746,93 euros anuales —que se actualizará cuando se apruebe la nueva valoración de terrenos del puerto, sometida a información pública en octubre de 2025—, el adjudicatario abonará un 4% de su volumen de negocio en concepto de tasa de actividad. Los terceros que operen en los locales del concesionario —hostelería, por ejemplo— pagarán adicionalmente un 2% de su facturación, y las empresas externas que trabajen en el varadero, un 1,5%.
Exigencias medioambientales y de gobernanza
El pliego incorpora un catálogo extenso de obligaciones de sostenibilidad. El adjudicatario deberá certificarse en ISO 14001 o EMAS, ISO 9001 e IQNet SR10 en el primer año de concesión, y adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas en ese mismo plazo.
Deberá calcular y publicar anualmente la huella de carbono y la huella hídrica, monitorizar mensualmente la calidad del agua con sondas multiparamétricas, y realizar análisis de ADN ambiental dos veces al año para el seguimiento de la biodiversidad y la detección de especies invasoras. Además, deberá limpiar los fondos marinos del área concesionada una vez al año e instalar un sistema de CCTV con monitorización continua las 24 horas durante los 365 días del año.
Quién puede presentarse
Los requisitos de acceso son exigentes: patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros y experiencia acreditada como gestor —o participación mayoritaria en una sociedad gestora— de una instalación náutico-deportiva.
Eso reduce en la práctica el mercado a operadores especializados del sector. El plazo para presentar ofertas vence en la segunda semana de agosto.
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