El Grupo Parlamentario de Sumar, defenderá esta semana en la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso y el Senado una iniciativa que persigue paralizar la ampliación del aeropuerto de Ibiza y presionar al Gobierno para que Baleares participe en la cogestión aeroportuaria, según el texto que se votará el jueves en las Cortes Generales.
La formación sostiene que la ampliación «no responde al interés general ni a la capacidad de carga territorial, social y ambiental de la isla». Sobre esa premisa, plantea paralizar cualquier procedimiento administrativo, técnico o contractual vinculado al proyecto, incluida la licitación de la asistencia técnica para la redacción del nuevo diseño funcional del edificio terminal.
El texto también urge a revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2027-2031 antes de su aprobación definitiva, así como el Plan Director del aeropuerto, e impulsar medidas para reducir la capacidad durante la temporada alta y mitigar la presión turística sobre Ibiza. De cara a la planificación futura, se contempla incorporar criterios de capacidad de carga territorial, sostenibilidad ambiental y cohesión social.
Por último, la iniciativa busca forzar al Ejecutivo a avanzar en la cogestión aeroportuaria que garantice la capacidad efectiva de las instituciones baleares, una vía que también negocian el País Vasco, Canarias y Cataluña, entre otras comunidades.
La iniciativa, elaborada por Unidas Podemos Ibiza, es la misma que ya se presentó al Consell insular.
Aena mantiene el calendario: nueva licitación de 16,2 millones la semana pasada
La iniciativa llega justo después de que Aena diera un nuevo paso administrativo en el proyecto. El 22 de junio, el gestor aeroportuario licitó el contrato de servicios de Project Management para las actuaciones de remodelación del aeropuerto de Ibiza, por un importe de 16.241.125,24 euros y un plazo de ejecución de 60 meses. El contrato cubre la gestión integral de las obras, desde la redacción de los proyectos y su licitación hasta la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones.
Ese contrato se suma a la asistencia técnica para la redacción del proyecto del nuevo diseño funcional del edificio terminal, licitada el 16 de marzo por 10,06 millones de euros —precisamente la licitación que MÉS pide paralizar—. Con ambos, Aena ha comprometido ya en torno a 26,3 millones de euros en servicios técnicos previos a las obras, que todavía no se han licitado. El conjunto del proyecto se enmarca en el DORA III, que el Consejo de Ministros debe aprobar antes del 30 de septiembre.
Una nueva vía sobre una contestación ya articulada
La iniciativa se incorpora a una contestación institucional, empresarial y social al proyecto que se ha articulado en múltiples frentes en las últimas semanas. A finales de mayo, los cinco ayuntamientos de Ibiza y el Consell de Formentera manifestaron su rechazo, y el Consell de Ibiza aprobó —con propuesta de PSOE y Unides Podem y apoyo del PP— instar al Gobierno y a Aena a paralizar el proyecto y a revisar el DORA III y el Plan Director. El PSIB llevó al Parlament una oposición en términos coincidentes, en la que advertía del impacto por la proximidad de la infraestructura al Parque Natural de ses Salines.
La cogestión, por su parte, avanza por una segunda vía. El 28 de marzo, el Parlament balear aprobó —con el voto de PP, Més per Mallorca y Més per Menorca— la Proposición de Ley para la cogestión de los aeropuertos de interés general de Baleares, cuya tramitación está pendiente en el Congreso desde abril. Días antes, la Comisión Mixta de Insularidad ya había aprobado una moción que insta al Gobierno a incluir a Baleares y Canarias en la cogestión de sus aeropuertos en un plazo máximo de seis meses, tomando como modelo el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado creado el 27 de marzo.
