El Consell de Ibiza solo ha conseguido adjudicar una de las cuatro unidades residenciales previstas en el contrato diseñado para ampliar la red de acogimiento de menores tutelados en la isla. El plan contemplaba 24 nuevas plazas distribuidas en cuatro hogares de seis menores en distintos municipios, pero solo el lote correspondiente a Sant Antoni recibió oferta, quedando desiertos los de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària.
La adjudicación recayó en Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, entidad especializada en gestión de recursos para menores en situación de protección, que se encargará del hogar previsto en Sant Antoni por un importe cercano a 1,56 millones de euros para los dos años iniciales del contrato.
El contrato forma parte de una licitación mayor para el servicio de acogimiento residencial de 24 plazas para menores en situación de guarda o tutela del Consell, dividido en cuatro lotes de seis plazas por municipio. El presupuesto base de licitación ascendía a 6,97 millones de euros para dos años, mientras que el valor estimado del contrato —incluyendo posibles prórrogas— alcanza los 12,67 millones de euros. El precio de referencia fijado en el expediente era de 328,91 euros por plaza y día, con complementos previstos para menores con necesidades especiales de apoyo.
La ampliación de plazas llega en un contexto de tensión en el sistema de protección de menores de la isla, que el propio Consell ha reconocido en distintas ocasiones. En los últimos meses, el centro Padre Morey, en Sa Coma, ha sido escenario de episodios conflictivos entre menores, incluido uno que terminó con una trabajadora herida. Tras aquel incidente, el Consell admitió que una situación así “tenía que acabar pasando”, en referencia a la presión acumulada en el sistema.
El nuevo contrato buscaba precisamente aliviar esa presión ampliando la capacidad residencial mediante un modelo distinto al de los centros tradicionales.
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Hogares más pequeños y convivencia por edades mixtas
Según explica el propio Consell, el modelo que se pretende implantar son las llamadas “unidades verticales”, una forma de organización que busca alejarse de los grandes centros de menores y acercarse más a un entorno familiar.
La idea consiste en viviendas integradas en la comunidad con grupos reducidos de menores, donde la convivencia sea similar a la de un hogar convencional y no a la de una institución. Este sistema permite además mezclar edades, lo que facilita que hermanos puedan seguir viviendo juntos, algo que actualmente no siempre ocurre cuando uno de ellos pasa al recurso de 12 a 18 años mientras el otro permanece en el de menores.
Un sistema saturado
El propio expediente de contratación reconoce que los recursos actuales presentan niveles de ocupación muy elevados. En la isla existen actualmente dos grandes recursos residenciales públicos para menores tutelados: la Llar Mare del Remei, destinada a menores de 0 a 12 años, y el centro de menores Padre Morey, para jóvenes de 12 a 18 años.
La memoria justificativa del contrato señala que la Llar Mare del Remei lleva aproximadamente dos años registrando una sobreocupación de entre dos y tres plazas por encima de su capacidad, una situación que no puede resolverse ampliando el centro. Además, el sistema actual obliga a trasladar a los menores al cumplir los 12 años desde este recurso al centro Padre Morey, lo que puede provocar rupturas en los vínculos y en la estabilidad emocional de los menores.
En cuanto al Padre Morey, el propio expediente describe el recurso como una residencia de gran tamaño. El centro cuenta con 45 plazas, distribuidas en 17 para el módulo de primera acogida y 28 en el módulo residencial, lo que lo convierte en un macrocentro dentro del sistema de protección insular. La documentación del Consell reconoce que en los últimos años la ocupación ha sido muy elevada, lo que dificulta la atención integral de los menores y complica su organización en grupos educativos más reducidos.
En este contexto, el propio Consell admite en la memoria justificativa que no dispone de medios materiales ni personales suficientes para cubrir las nuevas plazas con recursos propios, lo que justifica la externalización del servicio mediante licitación pública.
Tres lotes sin ofertas
El contrato estaba dividido en cuatro lotes de seis plazas cada uno, uno por municipio. Sin embargo, la mesa de contratación constató que solo se presentó una proposición, correspondiente al lote de Sant Antoni, mientras que los lotes previstos en Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària quedaron desiertos.
La administración incluso amplió el plazo para presentar ofertas ante la dificultad de atraer operadores, en parte por la situación del mercado inmobiliario en la isla y las dificultades para encontrar viviendas adecuadas para este tipo de recursos, pero la medida no consiguió aumentar la concurrencia.
Por ahora, el resultado es que solo una de las cuatro unidades previstas podrá ponerse en marcha, lo que deja en el aire la creación de 18 de las 24 plazas proyectadas inicialmente.
Fundación Diagrama, la entidad que gestionará el nuevo hogar de menores
La única oferta presentada en la licitación para crear nuevas plazas residenciales de menores en Ibiza corresponde a Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, una entidad con sede en Murcia que gestiona recursos de protección de menores en distintas comunidades autónomas.
La organización trabaja habitualmente con administraciones públicas en centros de menores, hogares de convivencia y programas socioeducativos, tanto en el ámbito de protección como en el de menores con medidas judiciales.
La entidad también ha estado vinculada a la gestión de recursos para menores extranjeros no acompañados en territorios con fuerte presión migratoria. En Cantabria, por ejemplo, sindicatos denunciaron en 2025 que la fundación había comunicado su intención de dejar de gestionar un servicio de atención a menores migrantes al considerar que el contrato no resultaba económicamente viable, lo que abrió un conflicto con la administración autonómica y con los trabajadores del recurso.
Dos vías para ampliar plazas
El intento de crear nuevos hogares forma parte de una estrategia más amplia del Consell para incrementar las plazas disponibles para menores tutelados.
A mediados de febrero, la institución anunció también un concierto social para ocho plazas residenciales, un mecanismo distinto que permite comprar plazas ya existentes en recursos gestionados por entidades especializadas.
Se adjudicó también a Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, la misma entidad que ahora gestionará la unidad residencial prevista en Sant Antoni. En aquel caso, el acuerdo contemplaba ocho plazas residenciales para menores de entre 0 y 11 años, lo que refuerza la presencia de esta organización en el sistema de protección de menores de la isla.
La licitación ahora adjudicada, en cambio, buscaba crear nuevos hogares desde cero, siguiendo el modelo de unidades verticales y repartiendo los recursos por distintos municipios de la isla para evitar la concentración de menores en grandes centros.
La incógnita ahora es qué ocurrirá con los tres lotes que han quedado sin adjudicar, en un momento en el que el propio Consell reconoce que el sistema de protección de menores de la isla funciona bajo una presión creciente.
