El escándalo del Triguerogate, destapado en mayo por una investigación de La Voz de Ibiza, ha vuelto este miércoles al centro del debate político municipal. El exalcalde y actual portavoz del PSOE, Rafa Ruiz, ha lanzado una dura advertencia al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, al asegurar que la polémica por su Vivienda de Precio Limitado (VPL) de lujo en Can Misses podría terminar costándole tanto la Alcaldía como sus ahorros.
Ruiz ha recuperado el caso durante el debate sobre el estado del municipio, precisamente cuando Triguero defendía la vivienda como una de las principales prioridades de su mandato y sacaba pecho de la previsión de construir hasta 3.461 viviendas públicas y a precio limitado durante los próximos años.
«El acceso a la vivienda en esta ciudad solo le ha beneficiado a usted, señor Triguero, que lleva una cruz que ni todos los departamentos de marketing de este país podrán quitarle de encima: la de su vivienda de lujo, a precio limitado, que probablemente le costará su mandato y todos sus ahorros», ha lanzado Ruiz.
Además, ha manifestado que se trata de un «escándalo que nadie todavía ha olvidado ni se ha creído sus excusas y mentiras».
Así, el dirigente socialista ha vuelto a poner sobre la mesa la operación inmobiliaria del alcalde y su esposa, que adquirieron un antiguo local comercial en Can Misses y lo transformaron en una Vivienda de Precio Limitado al amparo de la legislación autonómica impulsada por el Govern balear.
La operación fue objeto de una extensa investigación de La Voz de Ibiza, que reveló desde una valla instalada ilegalmente —y que luego fue retirada tras la explosión del escándalo— hasta irregularidades en la tramitación, la situación patrimonial de los posibles beneficiarios y la ocupación del inmueble, así como contradicciones entre las explicaciones municipales y la documentación administrativa.
Ruiz acusa a Triguero de utilizar la vivienda como propaganda
Durante su intervención de este miércoles, Rafa Ruiz ha vinculado directamente el Triguerogate con la política residencial del gobierno municipal.
El portavoz socialista ha cuestionado que Triguero presente la vivienda como la principal bandera de su mandato mientras, según ha denunciado, los proyectos anunciados todavía no se han traducido en un número significativo de pisos públicos terminados y entregados.
«Promesas y más promesas, pero llaves, pocas o ninguna», ha reprochado.
Ruiz también ha acusado al alcalde de intentar capitalizar políticamente promociones de vivienda pública impulsadas por otras administraciones, especialmente las previstas en Ca n’Escandell, donde el Gobierno central desarrolla el proyecto de 532 viviendas protegidas.
En este contexto, ha cuestionado el lema municipal de «prioridad residentes», defendiendo que las promociones públicas ya estaban concebidas para atender a la población residente y reprochando al PP que presente ahora ese objetivo como una novedad.
El socialista ha contrapuesto los anuncios del Ayuntamiento con la situación del mercado residencial de Ibiza y ha insistido en que las familias necesitan viviendas terminadas, no únicamente proyectos.
La crítica coincide con el balance presentado por Triguero, que ha situado en 3.461 viviendas el horizonte potencial de actuaciones residenciales de la ciudad.
Sin embargo, según reconoce la propia nota municipal, 2.076 de estas viviendas corresponden a tres áreas de transición y dos Proyectos Residenciales Estratégicos que todavía están en tramitación. Es decir, casi el 60% de la cifra reivindicada por el alcalde depende todavía del desarrollo de nuevos procedimientos urbanísticos y administrativos, tal como avanzó La Voz de Ibiza.
«Mucho marketing y cero gestión»
Las críticas de Ruiz no se han limitado al escándalo de la vivienda del alcalde. El exalcalde socialista ha acusado a Triguero de presentar un balance basado en anuncios, proyectos e inversiones futuras que no se corresponden, a su juicio, con los resultados de su gestión.
En este sentido, ha resumido su valoración del mandato del Partido Popular con una frase: «Mucho marketing y cero gestión».
Ruiz ha cuestionado también la situación de la limpieza urbana, el aumento del coste del servicio, las obras municipales y los conflictos con diferentes plataformas vecinales. Asimismo, ha exigido al alcalde explicaciones sobre las sanciones millonarias anunciadas contra el alquiler turístico ilegal, preguntando cuántas de ellas han sido efectivamente cobradas por el Consistorio.
También ha reprochado los retrasos en actuaciones como la reforma de la avenida de España y el proyecto del Mercat Nou, además de la gestión de los problemas de inundaciones que afectan a la ciudad.
Pero ha sido el Triguerogate el asunto con el que ha lanzado su ataque político más directo contra el alcalde.
Cinco meses después de que La Voz de Ibiza destapara las irregularidades de la operación inmobiliaria, Ruiz ha insistido en que la controversia continúa afectando a la credibilidad política de Triguero. Para el dirigente socialista, las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el alcalde no han conseguido cerrar un episodio que considera especialmente grave por producirse en una ciudad donde el acceso a la vivienda constituye uno de los mayores problemas sociales.
«Se equivocó»
Durante su intervención, Rafa Ruiz también reconoció que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «se equivocó» al asegurar que los residentes en Ibiza no tendrían prioridad para acceder a las 532 viviendas protegidas previstas en Ca n’Escandell.
La polémica se desató el pasado 17 de septiembre, cuando Rodríguez visitó las obras de urbanización y rechazó establecer criterios de arraigo local para la adjudicación de los pisos. «El Gobierno gobierna para todos los españoles», afirmó entonces la ministra, en respuesta a la petición del alcalde, Rafa Triguero, de reservar las viviendas prioritariamente a los ibicencos.
Sin embargo, Ruiz ha afirmado que las viviendas de Ca n’Escandell siempre estuvieron concebidas para beneficiar a los residentes de Ibiza y ha reprochado al PP que intente apropiarse políticamente de este objetivo mediante el lema «prioridad residentes».
La Federación Socialista de Ibiza ya había aclarado que, según las conversaciones mantenidas con el Ministerio, las adjudicaciones deberán ajustarse a la legislación balear, que exige un mínimo de cinco años de residencia en Baleares y establece preferencia para quienes acrediten ese mismo período en el municipio donde se ubica la promoción.
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