El Ayuntamiento de Ibiza ha intentado ocultar la licencia de primera ocupación de la Vivienda de Precio Limitado de Rafael Triguero y su esposa Verónica Prats Marí hasta último momento. Y, a la luz de los hechos, tiene toda la lógica. Y es que ese documento -al que ahora ha accedido La Voz de Ibiza dentro de la investigación del Triguerogate– deja al descubierto las mentiras del propio alcalde de Ibiza a través del gabinete de prensa de la institución.
El documento oficial correspondiente al bajo del barrio de can Misses ha sido finalmente entregado por el Ayuntamiento a este medio tras casi dos meses sin respuesta a la solicitud original. No ha sido fácil. Ha tenido que mediar una reiteración en la solicitud, una entrega incompleta y con irregularidades, otra reclamación y finalmente una reclamación de este medio ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha desbloqueado la solicitud en pocas horas.
De este se desprende que el decreto, firmado por el concejal delegado del área de Urbanismo y Actividades, resuelve otorgar la licencia municipal de ocupación al inmueble, con la tipología de «cambio de uso de local a vivienda de precio limitado (VPL)».
El informe de los Servicios Técnicos Municipales, de 3 de marzo, y el informe favorable de los Servicios Jurídicos, de 5 de marzo, preceden a la resolución 24 horas después de esta última tramitación. La solicitud original había sido presentada por Verónica Prats Marí, esposa de Triguero, el 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad.
La negativa del Ayuntamiento
El documento desmonta lo que el propio gabinete de prensa del Ayuntamiento transmitió a este medio días antes de que se destapara el caso escandaloso. El 2 de mayo, en una conversación por WhatsApp, el responsable de comunicación municipal negó a La Voz de Ibiza que existiera una licencia de primera ocupación.
En forma escrita, explicó que «el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y su familia son propietarios de un local comercial que ha sido recientemente reformado para su reconversión en vivienda, ajustándose en todo momento a la normativa vigente, y está pendiente de tramitación para su cambio de uso a vivienda. Por lo tanto, en estos momentos, ni se ha registrado todavía como vivienda de precio limitado ni dispone aún de beneficiarios.»
La licencia ahora en poder de este medio certifica, sin embargo, que ese trámite ya se había resuelto favorablemente el 6 de marzo, casi dos meses antes de que el Ayuntamiento asegurara que estaba «pendiente».
La respuesta del Govern, condicionada por la información que le llegó desde Ibiza
De la misma forma que se procedió ante el Ayuntamiento, días antes de la primera publicación que destapó el Triguerogate este medio también trasladó el caso a la Conselleria de Vivienda del Govern balear, que respondió lo siguiente.
«La Dirección General de Vivienda y Arquitectura no ha recibido por el momento documentación para el registro de vivienda de precio limitado ni de registro de sus beneficiarios en relación al caso consultado (…) Según la información de la que disponemos, en el caso consultado se encuentra dentro de esa fase previa a la inscripción de la vivienda, por tanto dentro de plazo», argumentaron.
Esa respuesta, que situaba la vivienda «dentro de plazo», dependía enteramente de la información —o la ausencia de ella— que había llegado hasta la Conselleria. El Govern no tenía constancia de irregularidad alguna porque, según consta ahora, no se le había remitido la documentación correspondiente, pese a que la licencia ya llevaba semanas concedida.
Es decir, el Govern no ha mentido. Le han mentido al ocultarle la licencia de primera ocupación.
Meses de silencio
La entrega de este documento -junto a las otras ocho tramitaciones de VPL del municipio- no fue voluntaria.
La Voz de Ibiza solicitó el 12 de mayo copia de todas las licencias de primera ocupación de locales comerciales reconvertidos en VPL al amparo del decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, posteriormente convalidado como ley. Ante la falta de respuesta, este medio reiteró la petición el 18 de junio, advirtiendo de que se tomarían medidas contra los responsables políticos y funcionarios si la solicitud seguía sin ser atendida.
El 22 de junio, días después de esa advertencia, el Ayuntamiento respondió, pero no en los términos solicitados: en lugar de las copias de las licencias, remitió un listado plagado de inexactitudes, con licencias de primera ocupación en barrios donde los cambios de uso declarados no están avalados por la Ley de Medidas Urgentes.
Ese mismo día, La Voz de Ibiza presentó un nuevo escrito señalando los errores y reiterando la petición original.
Ante la falta de una respuesta satisfactoria, este medio presentó el viernes 10 de julio una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El primer día laborable siguiente, el lunes 13 de julio, el Ayuntamiento hizo llegar finalmente la documentación solicitada, entre la que se encuentra la licencia de la vivienda del entorno familiar del alcalde.
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