El precinto de una terraza en Playa d’en Bossa ha desatado una polémica en el Ayuntamiento de Sant Josep: Zazú Ibiza, el local del grupo valenciano Zazú, ha denunciado públicamente un supuesto trato desigual por parte del Consistorio que ha alegado una infracción urbanística en zona de servidumbre de protección de costa. La empresa considera que esta medida es injustificada, discriminatoria y que vulnera varios derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
A través de un comunicado remitido a La Voz de Ibiza, Zazú había anunciado la interposición de un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, alegando la vulneración de tres derechos constitucionales: de igualdad ante la ley; derecho al honor y a la propia imagen; y tutela judicial efectiva y derecho a no sufrir indefensión.
En su escrito, la empresa asegura que «todos los negocios de las playas del municipio cuentan con terrazas ubicadas en la misma franja de 20 metros desde la línea del dominio marítimo terrestre y solo a Zazú se le exige retirar su mobiliario, mientras el resto permanece sin restricciones«.
El abogado del grupo, Juan Chapapría, ha explicado a La Voz de Ibiza que “Zazú tiene licencia” y, a pesar que el conflicto está judicializado, el consistorio ha insistido con la clausura de la terraza que finalmente se ha llevado a cabo este lunes por parte de la Policía Local de Sant Josep.
“Estamos ante una injerencia del Ayuntamiento que pocas veces se ve«, expresó el abogado.
El eje del conflicto
El conflicto surge, según explica el abogado, por un “intercambio de criterios” entre el Ayuntamiento y Costas: “De hecho, habría que tener en cuenta que la resolución que emite Costas es en base al informe que emite el Ayuntamiento. Pero Costas en su propia resolución, evidentemente acredita que no es una obra lo que tiene el grupo Zazú en su terraza. Es una instalación de mesas y sillas que sí que son compatibles”, expuso.
Por lo tanto, la propiedad y su representación legal consideran que este tipo de instalación está permitida en esa zona, al igual que la del resto de los establecimientos ubicados en Playa d’en Bossa.
Zazú Ibiza se encuentra en el edificio Géminis en la calle del Fumarell. Según los informes técnicos del Ayuntamiento “el proyecto no ampara la actividad ejercida en la zona de servidumbre de protección de costas, que ha sido objeto de informe desfavorable por parte del Consell de Ibiza”.
Este informe del Consell se basa justamente en la opinión del Ayuntamiento de Sant Josep, al igual que la determinación de Costas.
Para el Ayuntamiento, la actuación solicitada en la servidumbre de protección de costas es “incompatible con el planeamiento vigente, al ubicarse dentro de la franja de 20 metros desde la línea marítimo-terrestre, la cual debe quedar libre como espacio libre de uso público según el apartado 3.1.11.4 de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Sant Josep de sa Talaia”, según concluye el informe del 30 de junio pasado.
Por eso, establece que el “precinto deberá realizarse de forma física (mediante cintas o similar) o mediante el levantamiento de un acta detallada si no se considera viable/adecuado el precinto físico”. El mismo se realizó el lunes 11 de agosto.
Reclamación judicial
Para el despacho de abogados, se trata de un informe “erróneo” emitido por el Ayuntamiento y que, además, recae en una “cuestión discriminatoria, porque la situación urbanística afecta a todos los locales que están en la playa”.
El abogado Chapapría detalló que Zazú ya había recurrido el primer decreto de cierre del pasado 12 de mayo. El procedimiento, explica el letrado, está “totalmente judicializado” y pendiente de una resolución firme.
Sin embargo, hace apenas unos días, el Ayuntamiento notificó un nuevo decreto ordenando el cierre parcial de la terraza, lo cual, según el abogado, “ya per se, en un procedimiento administrativo, es irregular”.
En este último decreto, del 29 de julio pasado, el Ayuntamiento establece que “la inspección municipal asistida por la fuerza pública se personará el próximo día 11 de agosto de 2025, a las 10:00 horas, en el establecimiento denominado ‘ZAZU’ (…) para proceder al precinto parcial de la actividad denunciada”.
El abogado ha cuestionado que esta nueva orden se emite “en vísperas del mes de agosto”, un mes inhábil para muchas cuestiones procesales, lo que deja a su cliente en situación de indefensión: “Lo hace vulnerando la tutela judicial efectiva porque deja en una indefensión absoluta al no poder ni tan siquiera alegar lo que se estime oportuno e inconveniente para la defensa de los derechos del Grupo Zazú en vía administrativa”.
En ese sentido, subraya que “no hay una razón de urgencia para tener que cerrar o precintar la actividad porque no pone en ningún momento en un riesgo y en un peligro inminente ni a personas, ni a bienes, ni mucho menos al medio ambiente”.
Por ello, considera que “estamos ante una injerencia del Ayuntamiento de San José que pocas veces se ve”.
Por otra parte, desde el despacho Chapapría, Navarro y Asociados han confirmado que este segundo expediente también ha sido recurrido y que “el nuevo contencioso ha admitido la tramitación de esas medidas cautelares y ha dado a conocer que le da 10 días al Ayuntamiento de San José para que aporte la documentación que tenga por conveniente”. Esto, según el bufet, ha sido informado debidamente al consistorio.
Un “agravio comparativo”
El abogado también hace énfasis en lo que considera un agravio comparativo: “Todos los locales que tienen la misma actividad y la misma ocupación con actividades de mesas, sillas, hamacas está en marcha. Se hace solo contra el establecimiento de nuestro cliente, lo cual supone un agravio comparativo y se hace, además, de una manera reiterada, abriendo un nuevo expediente sobre el mismo objeto”.
Por último, advierte de las consecuencias que podría tener el cierre previsto para el próximo lunes 11 de agosto: “Si finalmente se lleva a cabo el precinto y cierre de la actividad de la terraza del Grupo Zazú, teniendo en cuenta que el propio Costas dice que esas instalaciones están permitidas por la Ley de Costas, porque no es una construcción, y dado que no pone en peligro grave ni inminente ni a personas, ni a bienes, ni al medioambiente, me parece que es una cuestión en la cual se estaría extralimitando la Administración”.
La empresa, por su parte, reitera su pleno sometimiento a la legalidad vigente y reclama el restablecimiento inmediato de su terraza hasta que exista una resolución judicial firme.
También solicita que se investigue el posible trato desigual del Ayuntamiento de Sant Josep respecto a otros negocios de la zona, al tiempo que advierte de que el cierre afecta negativamente a su reputación, empleo y viabilidad económica.
“A todos por igual”
Ante la consulta de La Voz de Ibiza por esta denuncia, desde el Ayuntamiento de Sant Josep han expuesto que “la norma es la norma y es la misma para todo el mundo y se aplica a todos los locales por igual”. Sin embargo, no han confirmado si hay informes municipales que avalen la instalación de terrazas en la misma franja que ha denegado al Zazú.
“Nosotros tratamos a todos por igual, el problema es que hay locales que cumplen y locales que no. En ese caso, como no puede ser de otra forma: actuamos”, añaden.
De todas formas, se negaron a brindar información de “expedientes en trámite desde hace casi un año. Si el local piensa que hay un trato desigual, tiene medios para poder defenderse, y sobre todo demostrarlo”.
Fuentes oficiales de Sant Josep han expresado: “Qué lástima que no se destine energía a cumplir la normativa en lugar de hacer este tipo de declaraciones y acusaciones”.
Y reiteraron que “no hay ningún trato diferencial. La línea es la misma para todos: la normativa en todos sus ámbitos, tanto a nivel nacional, autonómico o local”.
“El Ayuntamiento de Sant Josep tiene un especial compromiso con el cumplimiento de la normativa urbanística, de actividades, medio ambiente y seguridad, no solo por el cumplimiento de la norma sino también para la seguridad de los usuarios”, concluyeron.
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