El Ayuntamiento de Santa Eulária ha legalizado la villa de lujo Elephant Hills que se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil en el marco de la macro causa Magister dixit que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza por una trama de irregularidades en las licencias urbanísticas que traspasó los límites del municipio de Sant Josep, donde comenzó inicialmente la pesquisa.
A pesar que el Ayuntamiento había informado esta semana que se habían paralizado las obras, suspendido su uso y trasladado las actuaciones al Consell Insular de Ibiza -al tratarse de suelo rústico protegido-, desde esta última administración han aclarado que el expediente de disciplina urbanística “fue resuelto en 2023”.
“Hicieron el restablecimiento de la legalidad, tal como certificó el Ayuntamiento de Santa Eulària en Certificado Final de obra número 00015/23 de 1 de septiembre de 2023”, han añadido desde el Consell ante la consulta de La Voz de Ibiza.
Aclaración de Santa Eulària
Desde el área de prensa de Santa Eulària se excusaron explicando que “hablamos primero con Infracciones y, posteriormente, se ha hecho con Urbanismo. Posiblemente por eso no se comentó”.
Lo cierto es que los promotores de Elephant Hills “resolvieron” las irregularidades detectadas por los inspectores del Seprona, quienes habían realizado una inspección ocular del 21 de marzo del 2023. Allí detectaron que en la edificación “se habrían ejecutado plantas completas sin amparo de títulos habilitantes, 3 piscinas más de las autorizadas, ampliaciones ilegales así como cambios de uso no autorizados en diversas zonas de la edificación”.
Más allá de la corrección constructiva, el Juzgado Nº3 y los agentes del Uprona -unidad de élite del Seprona- tiene bajo investigación la trama de gestiones de las licencias, sospechas de ocultamiento y dilación de inspecciones por parte del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
“Medidas correctoras”
Desde el Ayuntamiento han explicado a este medio que “el final de obra de las medidas correctoras para el restablecimiento de la realidad física alterada fue el 1 de septiembre de 2023”.
Todo a pesar que la Guardia Civil ha considerado que estos hechos “pudieran tipificarse como ilícitos contra la ordenación del territorio” por la ejecución de obras “ilegales e ilegalizables”.
Según afirman, se llevó adelante la “demolición de superficie de aproximadamente 866 metros cuadrados y se reestablece la legalidad a un volumen de 120 metros cúbicos en base a las licencias que habían sido concedidas sobre la parcela”.
Sin embargo, nada han podido aclarar sobre las piscinas. “Esta es la información que Urbanismo nos ha facilitado”, apuntaron.
Por otra parte, han aclarado que «la inspección correspondiente no era competencia del Ayuntamiento, sino del Consell. De hecho, el Ayuntamiento intentó realizar la inspección el 8 de julio de 2022, pero la propiedad no colaboró. El 14 de julio de 2022, el Consell reclamó la competencia y se dio trasladó a dicha institución para su gestión».
Además, respecto al proyecto de restablecimiento, han informado que «es importante recalcar que se trata de medidas correctoras. Por tanto, no se está hablando de legalizar, sino de devolver la vivienda a su estado original en el momento de su autorización. Según el certificado de final de obra emitido por el técnico del Departamento de Urbanismo municipal, lo que se ha llevado a cabo es un restablecimiento, no una legalización».
Lea aquí la transcripción íntegra de las dos conversaciones intervenidas gracias al pinchazo telefónico:
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