El Govern balear, el PP y el PSIB han anunciado un acuerdo para introducir enmiendas en la ley de proyectos estratégicos con el objetivo de reforzar el control autonómico sobre las VTC y frenar la avalancha de unas 10.000 solicitudes de licencias pendientes en Baleares. La propuesta ha sido trasladada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, a representantes del sector del taxi en una reunión con la Agrupación Empresarial Auto-Taxi de Baleares y Taxis-Pimem.
El pacto incorpora varias medidas dirigidas a blindar jurídicamente la posición del Govern ante las peticiones masivas de autorizaciones. Entre ellas, la posibilidad de sancionar no solo a empresas o conductores, sino también a las plataformas de VTC que permitan prestar servicio con vehículos sin la autorización correspondiente. El conflicto por las licencias de taxi y VTC se arrastra desde la moratoria aprobada en 2024 para evitar un desembarco descontrolado de nuevas autorizaciones.
Mateo ha defendido que las enmiendas buscan “clarificar” y “poner orden” en el sector, con una separación más nítida entre autorizaciones urbanas, interurbanas y estatales. Según ha explicado, quien disponga de una autorización urbana solo podrá operar dentro de ese ámbito; quien tenga una autorización interurbana deberá ceñirse a ese marco; y quien cuente únicamente con una licencia estatal “probablemente no pueda prestar servicio en Baleares”.
La clave del acuerdo está en que el Govern quiere fijar por ley que las licencias VTC se otorguen a nivel insular, adaptando el marco normativo a la realidad de las islas. El argumento del Ejecutivo y del sector del taxi es que la regulación estatal está pensada para desplazamientos entre comunidades autónomas, un supuesto que no encaja en Baleares por su condición insular.
Sanciones a plataformas
El presidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), Gabriel Moragues, ha valorado positivamente el acuerdo y ha comparado el nuevo régimen sancionador con el aplicado a plataformas como Airbnb. Según su explicación, las plataformas de VTC podrán ser multadas si facilitan que un conductor preste servicio con un coche sin autorización. El objetivo es impedir que la responsabilidad quede limitada al vehículo o al conductor y alcanzar también a la estructura digital que intermedia el servicio.
Moragues ha insistido en que lo más relevante es cubrir el “vacío” de la norma estatal. A su juicio, las solicitudes presentadas a nivel estatal no tendrían encaje suficiente en Baleares porque no responden a servicios entre comunidades autónomas ni a una red de carreteras estatales que permita ese tipo de desplazamientos. Las VTC tradicionales ya habían advertido de que la entrada masiva de nuevas licencias podía alterar el equilibrio actual del transporte en las islas.
Por su parte, el presidente de la Agrupación Empresarial Auto-Taxi de Baleares, Toni Bauzà, también ha agradecido el acuerdo parlamentario alcanzado con el sector, aunque ha pedido conocer el detalle de las enmiendas antes de fijar una posición definitiva sobre el área de prestación conjunta en Mallorca, para que no sea un “cheque en blanco”. Bauzà ha advertido de que el modelo debe adaptarse a la estacionalidad de Baleares y ha lamentado que el paquete pactado no incluya cambios en el régimen de transmisión de licencias por jubilación o fallecimiento, dos puntos que su entidad considera todavía abiertos.
El acuerdo también prevé reforzar la lucha contra el intrusismo y aumentar las sanciones por incumplimientos en el sector. Mateo ha enmarcado estas medidas en el trabajo iniciado al comienzo de la legislatura para ordenar la movilidad y ha señalado que el nuevo reglamento del taxi y las VTC entra en detalles que la ley no desarrollaba. Ahora, el Govern aprovecha la tramitación de la ley de proyectos estratégicos como “ventana de oportunidad” para incorporar cambios sin abrir una norma específica desde cero.
Batalla judicial por las licencias
El telón de fondo es la batalla por las cerca de 10.000 solicitudes de licencias VTC que pesan sobre Baleares (unas 6.500 sobre Ibiza). El Govern pretende sostener su rechazo o limitación con varios argumentos: la insularidad, la congestión de las carreteras, el impacto ambiental y la necesidad de ordenar un territorio limitado. La aprobación del reglamento del taxi y las VTC ya se planteó como una herramienta para contener esa avalancha de autorizaciones.
Mateo ha reconocido que existen contenciosos interpuestos por empresas afectadas por la suspensión de la adjudicación de licencias, aunque ha precisado que el Govern todavía no ha recibido la notificación de las demandas. Cuando lleguen, ha señalado, serán trasladadas a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Moragues da por descontado que esa batalla judicial se producirá y cree que las empresas discutirán especialmente la retroactividad de los criterios ambientales. Por eso ha pedido que la defensa jurídica del Govern no se apoye únicamente en el argumento medioambiental, sino también en la configuración territorial del servicio y en el área de prestación conjunta de Mallorca.
El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha celebrado el acuerdo y ha defendido que la prioridad es proteger al taxi y a las VTC tradicionales frente a las grandes plataformas. Según ha señalado, el punto central es separar la terminología de la normativa autonómica y estatal para dejar claro que Baleares regula los ámbitos urbano e interurbano, pero no una autorización estatal que pueda operar sin control autonómico.
El acuerdo no cierra todos los frentes abiertos en el sector, pero sí marca una posición común entre PP y PSIB en el eje principal de la legislatura en materia de transporte: evitar que las miles de solicitudes de VTC pendientes deriven en una entrada masiva de vehículos en las islas. El detalle final dependerá ahora del texto de las enmiendas y de su tramitación parlamentaria.
