Las conversaciones telefónica interceptadas por la Guardia Civil entre la abogada de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, Carla García Martínez, y la secretaria municipal del mismo ayuntamiento, María Domingo, no solo fueron determinantes para ampliar la investigación en el marco de la macro causa Magister dixit contra la promotora de obras «ilegales e ilegalizables» en una finca en suelo rústico en su propio municipio sino también para establecer claros indicios de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
El teléfono pinchado a la abogada de Urbanismo, que ya estaba siendo investigada por otras tres licencias sospechosas (Vadella 64, es Cubells y Cala Bassa), expone las maniobras de Domingo para perpetrar su fechoría tanto con el Ayuntamiento de Sant Josep como con el Consell Insular de Ibiza, que había realizado una inspección en su finca ante una denuncia anónima por obras ilegales.
La Voz de Ibiza ha podido acceder en exclusiva a las transcripciones completas de las escuchas interceptadas durante la investigación que el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza ha prorrogado por otros seis meses ante el volumen y complejidad de la causa.
Para la Guardia Civil, en estas conversaciones Domingo reconoce que esas obras “no están amparadas por la declaración (se desprende que comunicación previa) que posee”.
Lea aquí la transcripción íntegra de las dos conversaciones intervenidas gracias al pinchazo telefónico:
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Transcripción de la llamada intervenida que pone a la secretaria de Sant Josep bajo el foco de la Guardia Civil
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Todos los detalles de las maniobras de la secretaria María Domingo interceptadas por la Guardia Civil
Además, intenta maniobrar para resolver su irregular situación urbanística: de las transcripciones se desprende que Domingo “habría realizado gestiones para conocer el presumible curso del expediente derivado de la inspección” ante el Consell de Ibiza según el análisis que realiza el Seprona.
De la conversación, se deduce su extrema preocupación por conocer si el Consell de Ibiza es competente en la materia o bien el asunto será tratado en exclusiva por el Ayuntamiento de Sant Josep, donde obviamente su mano es alargada y, por lo tanto, tiene capacidad de influir e información privilegiada.
Las preocupaciones y mentiras de la secretaria de Sant Josep
Justamente, la llamada telefónica se origina a partir de esa preocupación de la secretaria por la actuación del Consell y su posible competencia o no en el área considerada como suelo rústico común.
“Me extraña que haya pasado o desconozca si es rústico o protegido y tal, ¿pero no es?”, consulta la secretaria.
La abogada de Urbanismo también del Ayuntamiento le da tranquilidad: “El Consell puede ir, pero luego no tiene las competencias, salvo que se subrogue”.
Por eso, sostiene que “de primeras no tiene la competencia (…) lo más que pueden hacer es comunicarnos (al Ayuntamiento) que ha habido una inspección”.
La mentira: «No he hecho nada»
La secretaria municipal miente abiertamente a la abogada de Urbanismo al detallar que solo se realizaron obras referidas a una fosa y contrafosa, además del cerramiento. “No he ampliado, no he hecho nada”, dice.
Sin embargo, las inspecciones tanto del Seprona como del Consell de Ibiza, con una vasta documentación fotográfica que obra en poder de La Voz de Ibiza y forma parte del sumario, exponen que en esa misma parcela se estaban construyendo otras dos viviendas unifamiliares aisladas en antiguos corrales agrícolas fuera de ordenación a partir de una subdivisión.
Además de ampliar la original y legal, otras dos en corrales fuera de ordenación, con acceso y cerramiento, cocina y baño independiente, lo que no está permitido en el PTI. Todo ello bajo el burdo embuste de una declaración responsable para cambiar una cubierta bajo un presupuesto de ejecución de 10.000 euros.
Consciente de la ilegalidad
Domingo también reconoce que los trabajos se realizaron de forma ilegal sin la correspondiente licencia. “La declaración (responsable) que tenía es lo que podía tener. Si no ya lo hubiera pedido bien, sabes, pero si no te lo van a dar, aún es peor”, afirma según los documentos de la Guardia Civil que obran en poder de La Voz de Ibiza.
Para la Guardia Civil recurrir a la declaración responsable, calificado de «sofisma», es una treta habitual de promotores para tratar de dar apariencia de legalidad a irregularidades. Mientras no haya denuncias y los ayuntamientos, con los servicios de urbanismo e inspección colapsados, no las revisen, el método funciona.
En otro fragmento, es todavía más explícita: “No me daban para nada más, pero yo pedí para eso”.
También desliza la posibilidad de maniobrar ante el Consell Insular. En esa línea, Domingo propone “decir algo en el Consell a Maite Torres (…) o pedir hora, ¿a lo mejor?”. Pero García lo desaconseja: “Yo de momento no haría nada, mientras no llegue nada, yo no haría nada”.
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