El caso de la finca de la secretaria municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, en donde pretendió consolidar ilegalmente tres viviendas independientes en una misma parcela, investigada por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza dentro de la macro causa denominada Magister dixit por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, no es un hecho aislado en el proceder de María Domingo, la garante de la legalidad del municipio.
Al menos en el uso de la declaración responsable para acometer obras en lugar de tramitarlas a través del una licencia de obras.
Así lo refleja otro caso al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, en el que la secretaria de Sant Josep ejecutó trabajos con una simple declaración responsable que no cumplía los parámetros establecidos por la normativa.
Esto ocurrió pocos meses antes que explotara el escándalo de urbanismo a la carta en su municipio, que derivó en las detenciones del por entonces alcalde socialista Ángel Luis Guerrero Gelu, de la abogada de Urbanismo, Carla García Martínez, y de otros involucrados.

Según consta en un informe técnico del Ayuntamiento que obra en poder de este medio, en relación a la “ejecución de unas obras de reforma en una vivienda unifamiliar aislada situada en la parcela 8 del polígono 4, en la parroquia de Sant Jordi”, el 14 de abril de 2023, María Domingo García presentó una “comunicación previa de obras” para declarar la intención de ejecutar unos trabajos sobre una vivienda anterior a 1956.
En tal sentido, la propietaria pretendía sustituir el alicatado y el plato de ducha en uno de los baños; y del alicatado en dos dormitorios, en la sala de estar y en la terraza anexa.
Sin embargo, el 19 de junio de ese mismo año -seis días después de la operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento-, el arquitecto técnico municipal emitió un informe técnico donde se señaló, entre otros, que “la actuación pretendida incumplía lo previsto en el art. 5.1.2 del Reglamento Insular de Ibiza de supresión y reducción de cargas administrativas y, en consecuencia, no podría tramitarse mediante una comunicación previa de obras (sino que las obras estarían sujetas a licencia urbanística municipal)”.
Por eso, dos días después, mediante decreto, se suspendió la ejecución de las obras previstas, según consta en el documento que obra en poder de La Voz de Ibiza.

Los pasos correspondientes
En este caso, el 27 de junio de 2023 Domingo solicitó formalmente la licencia para las obras indicadas en la comunicación previa improcedente con un presupuesto de 2.110 euros.
El arquitecto técnico estableció que “por lo que se puede extraer de la documentación presentada, con las obras a ejecutar no se pretende modificar ningún aspecto ni de la distribución interior, ni de la estructura existente, ni del volumen ni del resto de parámetros urbanísticos existentes”.
Por eso, se emite un informe favorable sobre la licencia solicitada ya que «la actuación cumple las determinaciones de la ordenación urbanística vigente».
Otras obras ilegales
De todas formas, se deja constancia allí que, mediante imágenes satelitales, se pudo comprobar que en esa parcela se realizaron “otras construcciones, ejecutadas con posterioridad a 1956” de las que “no se ha localizado ninguna licencia en estas dependencias municipales (en la documentación tampoco se ha acreditado su legalidad)”.
Al igual que en la finca bajo investigación de la Justicia, en la que Domingo es la promotora, aquí también se construyó “una piscina con terraza perimetral, dos anexos (parece que uno de ellos con porche) situados en la zona oeste de la vivienda y 2 anexos más situados en la zona este (uno de ellos de unos 120 m² de superficie)”.
Por eso, establece que la parcela se encuentra “fuera de ordenación”, por lo que solo se permiten “las obras de salubridad, seguridad, higiene, reparación, consolidación y también reforma siempre que no afecten a la parte de la edificación o construcción realizada ilegalmente”.
Lea aquí la transcripción íntegra de las dos conversaciones intervenidas gracias al pinchazo telefónico:
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