Verónica Castelló, consellera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera del Consell Insular de Formentera, asumió en el último pleno la responsabilidad directa por el encargo del polémico estudio de impacto ambiental por el que el Consell pagó más de 9.000 euros a la empresa Podarcis SL.
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, este informe trataba de justificar la no obligatoriedad del desmontaje de los chiringuitos de playa, pese a que todos los informes técnicos y jurídicos del Govern balear y del propio Consell establecen claramente que las instalaciones deben desmontarse cada invierno.
«Normalmente, quien ordena las contrataciones suele ser el conseller de Medio Ambiente. Por tanto, fui yo misma», reconoció Castelló en respuesta a una pregunta del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, durante el debate plenario.
«Así nos lo habían aconsejado técnicamente y por eso lo hicimos», añadió sin entrar en detalles.
Un gasto injustificable en plena crisis de las concesiones
La contratación de este estudio medioambiental encargado a la empresa mallorquina Podarcis SL se formalizó el 4 de septiembre de 2025.
El contrato fue adjudicado por un importe total de 9.075 euros (impuestos incluidos) y tenía un plazo de ejecución de dos meses.
La polémica radica en que el informe pretendía aportar una base técnica para modificar las condiciones de las concesiones de los chiringuitos de playa, evitando así el desmontaje anual de las instalaciones.
Un intento fallido, ya que la normativa de Costas, el título concesional y los pliegos del concurso obligan expresamente al desmontaje entre el 15 de enero y el 15 de febrero, además de ir en la dirección contraria a los propios informes técnicos del Govern y del Consell. Y esto además le ha significado un despilfarro a las arcas públicas.
En su intervención, Castelló no ofreció más detalles sobre el expediente ni sobre los criterios técnicos o jurídicos específicos que sustentaron la decisión. Se limitó a señalar que se actuó así porque “nos dijeron que la modificación de la concesión podía valorarse siempre que existiera una base técnica sólida”.
«Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas después de este procedimiento que se ha abierto», concluyó, en alusión al expediente que podría desembocar en la caducidad de las concesiones de los chiringuitos por incumplimientos reiterados.
El informe del propio Consell que establece que deben desmontar
Con su controversial pedido, Castelló desoyó incluso un informe de los servicios jurídicos y técnicos del Consell de Formentera que habían confirmaron la obligación de desmontar los quioscos de playa.
En el punto tres de ese documento fechado el 20 de diciembre de 2024 y que cuentan con las firmas del responsable del contrato y técnico de Medio Ambiente, Javier Asencio, y de la letrada Carmen Marí-Mayans Torres, se detallaba el famoso artículo 68 del Reglamento General de Costas que estipula claramente la obligación de desmontaje durante un mes.
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Y se concluye que «es obligatorio el desmontaje de las instalaciones de los establecimientos de comida y bebida desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, porque este Consell debe atenerse a lo que dispone su título concesional«.
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