El daño económico provocado por el Registro Único estatal a propietarios de viviendas turísticas legales de Ibiza puede acabar en reclamaciones contra el Estado. La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Ibiza y Formentera (AVAT) está analizando cómo agrupar a los afectados y estudiar posibles acciones por el perjuicio sufrido durante los meses en los que no pudieron comercializar sus propiedades en las principales plataformas online, después de que el Supremo tumbara el Registro Único de alquiler turístico.
El presidente de AVAT, José Antonio Llano, ha explicado en una entrevista con La Voz de Ibiza que la asociación ve ahora «una posibilidad» de reclamar por lucro cesante tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Registro Único estatal. Según Llano, el fallo confirma una advertencia que el sector venía realizando desde el inicio: el Estado creó un doble registro sobre viviendas que ya estaban legalizadas ante el Consell de Ibiza, la administración competente en materia turística.
«Desde el principio se veía que el Estado estaba creando un doble registro de las viviendas turísticas legalizadas», ha señalado Llano. El representante de AVAT ha recordado que la entidad agrupa a propietarios de vivienda turística unifamiliar reglada, es decir, inmuebles con licencia turística e inscripción ante el Consell.
La anulación del registro abre ahora un nuevo frente. AVAT estudia si conviene presentar reclamaciones contra el Estado por el perjuicio económico causado a los propietarios que, pese a tener sus viviendas en regla ante el Consell, no pudieron obtener el número estatal por problemas administrativos o burocráticos.
«A estas viviendas se les presenta una posibilidad de intentar algún recurso contra el Estado por lucro cesante», ha explicado Llano, que ha añadido que la asociación está en «niveles de reflexión» para ver cómo puede reunir a los propietarios afectados y valorar la viabilidad de una reclamación conjunta.
Unas 300 viviendas afectadas
Según los cálculos trasladados por AVAT, unas 300 viviendas turísticas legales de Ibiza se vieron afectadas por esta situación. Se trata, según Llano, de propiedades que contaban con licencia ante el Consell Insular, pero que no lograron obtener el número del Registro Único estatal y, por tanto, quedaron fuera de las principales plataformas de comercialización turística.
«Se hablaba de unas 300 viviendas que no habían podido obtener el número de registro único, siendo legales la mayoría ante el Consell Insular», ha indicado el presidente de AVAT.
El perjuicio, sostiene la asociación, no fue menor. Aunque esas viviendas podían seguir comercializándose por otros canales, perdieron presencia en las plataformas que concentran mayor visibilidad, tráfico y demanda turística.
«Nadie se va a llevar a engaño en que estas plataformas tienen mucha visibilidad y es donde se genera el mayor tráfico y la mayor demanda», ha afirmado Llano. En la práctica, añade, estas propiedades «perdieron la opción de comercializarse en los canales más importantes, siendo totalmente legales».
«El Estado no tenía competencias»
AVAT interpreta la sentencia del Supremo como una confirmación de sus críticas al sistema. La asociación sostiene que el Registro Único estatal duplicaba controles y generaba inseguridad jurídica sobre viviendas que ya estaban fiscalizadas por la administración insular, una posición que en su día coincidía con la del Consell, que denunciaba el sistema como un coladero para el alquiler ilegal.
«Nosotros hemos aplaudido esta sentencia del Supremo», ha señalado Llano. «Ya teníamos un registro ante el Consell Insular, que es el competente en la materia turística. Entonces, desde el principio pensamos que el Estado no tenía competencia y al final se ha demostrado», ha añadido.
La resolución del alto tribunal también refuerza el debate abierto en Ibiza sobre la coordinación entre administraciones en materia de alquiler turístico. Para AVAT, el caso demuestra que cualquier herramienta de control debe respetar las competencias turísticas del Consell y no penalizar a la oferta reglada.
El sector insiste en que el problema no está en la vivienda turística legal, sino en la oferta irregular. Por eso, Llano diferencia entre las viviendas unifamiliares con licencia y los alojamientos que operan fuera del marco normativo: «Nosotros representamos a la vivienda turística unifamiliar reglada, la que tiene licencia turística», ha remarcado.
Nuevo frente tras la sentencia
La sentencia del Supremo no cierra el conflicto para AVAT, sino que abre una segunda fase: cuantificar el daño, identificar a los afectados y decidir si se emprenden acciones legales contra el Estado.
La asociación no ha concretado todavía el importe del perjuicio económico ni el calendario de una posible reclamación, pero sí deja claro que el impacto fue relevante porque afectó al principal escaparate comercial de muchas viviendas turísticas legales de Ibiza.
«Estamos estudiando cómo poder aglutinar a todos estos propietarios de viviendas que se han visto afectados y valorar si es conveniente o no presentar algún tipo de reclamación», ha concluido Llano.
