El Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes ya es una realidad. A partir de este jueves, entre 500.000 y un millón de personas en situación irregular podrán iniciar el proceso para legalizar su situación administrativa en España, tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado.
La medida introduce dos figuras excepcionales de arraigo y fija un calendario claro: las solicitudes telemáticas pueden presentarse desde el 16 de abril, mientras que la cita previa para la vía presencial estará disponible desde el 20 de abril, con plazo abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Se trata de un proceso extraordinario que busca dar salida a una situación prolongada de irregularidad administrativa, en un contexto en el que cientos de miles de personas ya viven y trabajan en España sin documentación.
Autorización provisional desde el inicio del trámite
Una de las novedades más relevantes del decreto es la introducción de una habilitación provisional para trabajar y residir desde el momento en que se inicia el procedimiento.
Esto significa que, una vez comunicada la solicitud, los beneficiarios podrán acceder al mercado laboral sin esperar a la resolución definitiva del expediente. Esta medida se incorpora “a efectos de facilitar el inicio de la relación laboral y que la dilación que pudiera existir hasta la resolución del procedimiento no afecte al mantenimiento de la oferta de trabajo”.
La decisión supone un cambio significativo respecto a procesos anteriores, en los que la espera administrativa podía impedir la incorporación efectiva al empleo.
Flexibilidad en prórrogas y menos exigencias laborales
El decreto también introduce cambios relevantes en la gestión de autorizaciones ya concedidas, especialmente en lo que respecta a las prórrogas y modificaciones.
En concreto, se elimina la obligación de acreditar la búsqueda activa de empleo en determinados casos. A partir de ahora, no será necesario demostrar esa búsqueda si existen “circunstancias justificadas que impidan el acceso al empleo”, como “enfermedad o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación”.
Esta flexibilización busca adaptar el sistema a situaciones personales concretas, evitando que la falta de actividad laboral derive automáticamente en la pérdida de derechos administrativos.
Cambios para estudiantes y protección internacional
El texto también contempla medidas específicas para determinados colectivos. En el caso de los estudiantes extranjeros, se garantiza la continuidad de su situación administrativa mediante la prórroga de sus permisos, siempre que se solicite dentro de un margen temporal de cinco meses: dos antes de la caducidad y tres después.
Por otro lado, el decreto introduce modificaciones importantes para quienes cuentan con protección internacional por razones humanitarias. Estos titulares podrán acceder al régimen general de modificación de autorizaciones, lo que facilita el cambio hacia otros permisos de residencia si cumplen los requisitos.
Este punto cobra especial relevancia tras el cese de las concesiones de protección temporal por razones humanitarias a ciudadanos procedentes de Venezuela, lo que obliga a redefinir las vías de regularización para este colectivo.
Apoyo institucional para agilizar los trámites
El decreto pone un fuerte énfasis en el apoyo institucional y la facilitación administrativa, con el objetivo de acelerar un proceso que el propio Gobierno considera urgente.
En este sentido, se habilita a la red de oficinas de Correos para desempeñar un papel clave en la tramitación. Estas oficinas podrán “informar, ayudar y gestionar” la presentación telemática de solicitudes, incluyendo la documentación adicional o las posibles correcciones.
Además, Tragsa y Tragsatec participarán en labores de apoyo técnico y canalización documental, reforzando la capacidad administrativa para gestionar un volumen elevado de expedientes.
Requisitos básicos y condiciones del proceso
El acceso a esta regularización está condicionado a una serie de requisitos. Entre los principales, destaca la necesidad de acreditar la presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar al menos cinco meses de permanencia continuada.
Asimismo, los solicitantes deberán carecer de antecedentes penales y cumplir determinadas condiciones vinculadas a su situación personal, como disponer de empleo, convivir con familiares o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
El permiso que se obtenga tendrá carácter temporal y permitirá residir y trabajar legalmente en España, además de acceder a derechos básicos como la Seguridad Social o la asistencia sanitaria.
Un proceso con plazos marcados y sin margen de prórroga
El calendario fijado por el Real Decreto es uno de sus elementos clave. El proceso arranca en abril y finaliza el 30 de junio de 2026, sin previsión de ampliaciones.
Este plazo limitado obliga a los potenciales beneficiarios a preparar la documentación con rapidez, en un contexto en el que se espera un elevado volumen de solicitudes.
La Administración dispone de un plazo aproximado de tres meses para resolver los expedientes, aunque experiencias previas apuntan a posibles retrasos debido a la carga de trabajo.
Una regularización extraordinaria con impacto masivo
La magnitud del proceso convierte este decreto en una de las medidas más relevantes en materia migratoria de los últimos años.
Se estima que alrededor de medio millón de personas podrán beneficiarse directamente, aunque algunas previsiones elevan la cifra potencial hasta cerca de un millón.
El objetivo es integrar en el sistema legal a una parte significativa de la población que ya forma parte de la realidad económica y social del país, facilitando su acceso a derechos y obligaciones.
Una medida marcada por la urgencia administrativa
El diseño del decreto refleja una clara intención de acelerar los procedimientos y evitar cuellos de botella administrativos.
La combinación de tramitación telemática, apoyo institucional y flexibilización de requisitos responde a esa lógica, en un contexto en el que la gestión de expedientes se presenta como uno de los principales desafíos.
Al mismo tiempo, la norma introduce cambios estructurales en el Reglamento de Extranjería, lo que podría tener efectos más allá de este proceso extraordinario.
Un nuevo escenario para la política migratoria
La aprobación de este Real Decreto abre un nuevo escenario en la política migratoria española.
La combinación de regularización masiva, habilitación inmediata para trabajar y refuerzo institucional marca un punto de inflexión en la gestión de la inmigración irregular.
A partir de ahora, el foco estará en la capacidad del sistema para absorber el volumen de solicitudes y en el impacto real que esta medida tenga sobre el mercado laboral y la integración social.
