Manuel Morillas, el jubilado que se vio forzado a abandonar la caravana donde residía en un solar de Santa Eulalia, ha anunciado su marcha de Ibiza para emprender una nueva vida en la península. Su destino será Valencia, su ciudad natal y donde espera “una segunda oportunidad”, acompañado por su perrita.
Ayuda institucional desde Santa Eulalia
La salida de Manuel ha sido posible gracias a la intervención del Ayuntamiento de Santa Eulalia, cuyos servicios sociales gestionaron su traslado, incluyendo el coste del viaje y el pago por adelantado de un alquiler durante tres meses en Valencia. Así lo explicó este viernes en declaraciones a Radio Ibiza. También se ha facilitado el transporte de su mascota, que lo acompaña desde el inicio de su periplo.
Manuel también ha explicado que en el solar donde tenía su vehículo se habían instalado candados para impedir el movimiento de las autocaravanas y había recibido notificaciones de una posible sanción.
La historia de Manuel fue publicada esta semana en La Voz de Ibiza, cuando denunció que tampoco podía movilizar su vehículo por una avería. Aunque no llegó a recibir multas, la amenaza de sanción se sumó a una situación económica precaria: con una pensión de poco más de 1.000 euros, no podía pagar las tarifas de un camping ni acceder a una vivienda en el mercado local.
Nuevo inicio lejos de Ibiza
«El Ayuntamiento me ha dado todo tipo de ayudas. Me pagan el viaje, me consiguen una vivienda. Cuesta 450 euros al mes y me ayudarán pagando los primeros tres meses de entrada», ha informado Manuel.
También ha contado que en la mañana de este viernes encontró un aviso en la caravana de que contaba con 24 horas para abandonar el solar, ya que se cerraría definitivamente el ingreso y salida.
“Los alquileres están imposibles. Y encima desde el 1 de junio buscan a quien tiene caravanas como si fuera un terrorista”, aseguró Manuel durante la entrevista radiofónica. El pensionista, que había residido en la isla durante años, lamentó el trato recibido y el endurecimiento de las normativas contra las autocaravanas, que, según dijo, “están forzando a muchos a marcharse”.
La suya no es una historia aislada. En las últimas semanas, varios residentes en caravanas han denunciado presiones municipales, amenazas de sanción o dificultades para encontrar soluciones habitacionales. El caso de Manuel ha generado una ola de apoyo en redes sociales, y el desenlace –con ayuda pública y una salida digna– abre la puerta a nuevas fórmulas de atención social.
