Mientras públicamente el Consell Insular de Formentera reconocía la obligatoriedad de desmontar en las últimas semanas, de forma subterránea Sa Unió seguía trabajando para defender los intereses particulares de los concesionarios de los chiringuitos del concurso bajo sospecha.
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Y esto además le ha significado un despilfarro a las arcas públicas. Es que el Consell había formalizado un contrato por más de 9.000 euros para realizar un estudio inútil que iba en la dirección contraria a todos los informes y análisis: la obligación de desmontar era ineludible, ya que está contemplada tanto en el Reglamento de Costas como en el título concesional y los pliegos de la licitación.
Según ha podido confirmar La Voz de Ibiza, el 4 de septiembre del 2025 el Consell formalizó un contrato para llevar adelante un “estudio de impacto ambiental del desmontaje y montaje anual de las instalaciones de concesión de playas” con la empresa Podarcis SL.
Se trata de una firma de Mallorca que se presenta como “consultoría medioambiental especialista en planes de circularidad, cálculo de huella de carbono, estudios de impacto ambiental, e implantación de sistemas de gestión”.
Para esto, el Consell ha gastado 9.075 euros según el importe total ofertado con impuestos, con un plazo de ejecución de dos meses, a pesar de contar con un informe de sus propios técnicos, del análisis de un reconocido catedrático y de la respuesta del Govern que iban todos en la misma dirección: los kioscos deben desmontarse.

Las dos caras de Sa Unió
La coalición gobernante de Sa Unió fue variando su discurso público de acuerdo a las realidades. Sin embargo, siempre actuó en favor de los concesionarios, primero avalando un concurso salpicado de sospechas, luego tapando el cúmulo de irregularidades en el funcionamiento de los kioscos de playa y finalmente actuando abiertamente con multas irrisorias y todas las maniobras posibles para que no desmontasen durante un mes en el invierno.
En los últimos meses, acorralado por los informes técnicos y jurídicos de la Conselleria del Mar que proponía la caducidad de la concesión administrativa por incumplimientos esenciales -como, por ejemplo, no desmontar- había dado un golpe de timón discursivo.
Por caso, reconocía la obligatoriedad de desmontar e instaba a los chiringuiteros que cumplieran con tal requerimiento.
En ese sentido, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, había manifestado en el último pleno del año pasado que “desde hace días también están notificados recordándoles que el título concesional establece que del 15 de enero al 15 de febrero deben estar desmontados —no empezar a desmontar, sino estar desmontados—, y que recuerden también que eso lo firmaron en el contrato, que cuando firmaron el contrato ya constaba”.
Mientras que en los últimos días Castelló reiteró que “el cumplimiento de los pliegos no es opcional y la reiteración de infracciones tiene consecuencias”.
Estas últimas posturas públicas van en la dirección contraria a los intentos de amaño para evitar tal obligación por parte de Sa Unió.
En su momento, el Consell -ya presidido por Óscar Portas y con Castelló como responsable de Medio Ambiente- se plegó a la postura de los concesionarios de los lotes de playa y calcó el informe de los propietarios al considerar que “desmontar las instalaciones implicaría un perjuicio para Formentera y que no se ajusta al objetivo del concurso, que precisamente es paliar la desestacionalización”.
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Desde el Consell sostuvieron en aquel momento que “desde el año 2013 los kioscos de playa también tenían la obligación de ser desmontados porque contaban con unas autorizaciones temporales que se prorrogaban para desempeñar la actividad durante el invierno. Razón por la que el Consell de Formentera solicitó que en el actual concurso el título habilitante fuera una concesión administrativa, lo que implicaría no tener que desmontar”.
Además, basaban su petición en que no se detallaba qué meses se fijaba como temporada. “Sí que se hace referencia al hecho que los establecimientos tienen que ser desmontables, pero en ningún caso que se tengan que desmontar cada año”, apuntaban.
Sin embargo, la respuesta negativa del Govern “denegando las medidas cautelares por este año” no dejaba ningún tipo de dudas: debían desmontar.
Todos lo sabían
Desde el 7 de octubre de 2024 tanto el Consell como los propietarios de los chiringuitos sabían que el Govern Balear no iba a ceder ante la obligación estipulada en el Reglamento General de Costas de desmontar las estructuras de playa cada año.
Ese día, tras varias insistencias, Asier Fernández, quien en ese momento era el conseller de Litoral, fue recibido en Palma por el jefe de Autorizaciones de la Conselleria del Mar. Después se sumaron el jefe de Autorizaciones Temporales, una jurista y la responsable que firmó los replanteos.
En esa reunión, entre varias consultas, Fernández preguntó: “¿Tienen que desmontar los chiringuitos?”. La respuesta no dejó espacio a la duda: «Vosotros habéis firmado esto y esto lo tenéis que cumplir«.
“Se consultó a la Conselleria del Mar, se consultó a Demarcación de Costas, a todo el mundo. Y todo el mundo dijo ‘tenéis que desmontar’. Y en base a toda esa información se hizo el informe-técnico firmado por el responsable del contrato y por la jurista”, detalló en su hora Fernández a La Voz de Ibiza.
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Esto fue notificado en forma oral a los chiringuitos en una reunión realizada el 18 de octubre de 2024 en la que estuvieron 7 de los 8 chiringuitos. En ese mismo encuentro, el empresario Ángel Bustos, quien tomó el rol de portavoz de los licenciatarios, solicitó una rebaja en el canon como “reequilibrio económico” tras considerar que “el pliego es imposible de cumplir”.
Además, se realizó una respuesta escrita a “todas y cada una de las preguntas que realizaron los adjudicatarios oficialmente vía registro de entrada. Y también a las realizadas de forma presencial durante la reunión que convocamos desde la Conselleria de Litoral con todos ellos justo antes de terminar la temporada turística”.
El informe del propio Consell que establece que deben desmontar
Un informe de los servicios jurídicos y técnicos del Consell de Formentera confirmaron la obligación de desmontar los quioscos de playa.

En el punto tres de ese documento fechado el 20 de diciembre de 2024 y que cuentan con las firmas del responsable del contrato y técnico de Medio Ambiente, Javier Asencio, y de la letrada Carmen Marí-Mayans Torres, se detallaba el famoso artículo 68 del Reglamento General de Costas que estipula claramente la obligación de desmontaje durante un mes.
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Y se concluye que «es obligatorio el desmontaje de las instalaciones de los establecimientos de comida y bebida desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, porque este Consell debe atenerse a lo que dispone su título concesional«.
Otra alerta que ignoraron
En tanto, un informe de un prestigioso catedrático de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), firmado el 14 de noviembre de 2023, dejaba en claro que la obligación de desmontar figuraba expresamente en el pliego técnico de la licitación.
El análisis realizado por Felio Bauzá Martorell, doctor en Derecho, profesor titular de derecho administrativo de la UIB y acreditado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, a solicitud del por entonces presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, aconsejaba anular el procedimiento de licitación al considerar que no había posibilidades de actualizar los pliegos a la situación económica actual tras el incremento de precios de los últimos dos años, lo que implicaba un excesivo riesgo de quiebra de los concesionarios.

Además, el catedrático clarifica en ese informe que en el “Proyecto básico de solicitud de concesión administrativa para las instalaciones de los servicios de playa del litoral de Formentera 2022-2027”, suscrito en junio de 2021, se especifica que los “elementos de temporada” como quioscos de con terraza y baño, escuelas de vela, torres de socorrismo, módulos de primeros auxilios y plataforma para minusválidos, deben ser “desmontables”.
Esto mismo es lo que estipula el Reglamento General de Costas, en su artículo 68, legislación estatal básica incluida en el marco normativo utilizado por Felio Bauzá.
Allí se establece no solo la obligatoriedad de instalar estructuras modulares no fijas para la explotación de los chiringuitos sino además llevar a cabo el desmontaje al finalizar cada temporada.
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