Una querella criminal ha sido presentada en los juzgados de Palma de Mallorca contra un inspector de Trabajo en Baleares por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, en un caso que pone el foco en la actuación de la Inspección de Trabajo en Ibiza.
La denuncia ha sido interpuesta por la empresa Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum S.L., representada por el abogado Pablo Alba Giménez y el procurador Antonio Muñío Puértolas, y se dirige contra el inspector Miguel Alejandro Segovia Giménez, a quien atribuyen haber consignado información falsa en un acta oficial, causando un grave perjuicio a la entidad.
El origen: una afirmación “objetivamente falsa”
El conflicto jurídico emana de un acta de infracción fechada el 25 de marzo de 2026, tras una visita inspectora realizada en febrero a una empresa cliente.
En el apartado de “Hechos Probados”, el inspector afirmó literalmente que Mare Nostrum es un “Servicio de Prevención no acreditado para impartir cursos de formación para el sector de la construcción por ningún organismo competente”.
La querellante califica esta manifestación como “objetivamente falsa” y sostiene que se trata de un extremo fácilmente comprobable, lo que, a su juicio, evidencia un “manifiesto desprecio hacia la verdad objetiva”.
Pruebas de la acreditación oficial
Para desmentir el contenido del acta, la empresa ha aportado diversa documentación:
- Resolución del Gobierno de Aragón: acreditación oficial como Servicio de Prevención Ajeno (SP29/20/CA).
- Registro SERPA: constancia en estado activo en el registro público del Ministerio de Trabajo.
- Homologación de la Fundación Laboral de la Construcción: registro 1401252335 desde enero de 2025.
- Actividad acreditada: facturas y diplomas de cursos impartidos antes de la inspección.
Según la querella, todos estos elementos acreditan que la empresa sí estaba reconocida por la autoridad laboral, por lo que la afirmación recogida en el acta no sería una valoración técnica, sino un dato contrario a la realidad administrativa.
Falta de revisión en la cadena de control
La querella también pone el foco en el funcionamiento interno de la Inspección de Trabajo. Según expone, los informes y propuestas de sanción deben ser revisados por los responsables jerárquicos, incluyendo al jefe de la Inspección y al director territorial.
Sin embargo, la empresa sostiene que en este caso se habría producido una omisión de estos controles, al no detectarse ni corregirse la afirmación cuestionada antes de la emisión del acta.
Daño reputacional y reclamación de responsabilidad
La empresa sostiene que la inclusión de esta afirmación en un documento oficial, con presunción de veracidad, ha generado un grave perjuicio a su imagen y actividad.
En este sentido, anuncia que solicitará responsabilidad por daños y perjuicios, al considerar que cuestionar su acreditación afecta directamente a su legitimidad profesional y a la confianza de sus clientes.
Podría declarar el director territorial
El procedimiento podría tener también derivaciones dentro de la propia estructura de la Inspección. Fuentes del caso señalan que podría ser llamado a declarar José Carlos Álvarez Toral, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares, quien ocupa el cargo tras su designación por el entonces conseller de Trabajo, Iago Negueruela, durante el Govern de Francina Armengol.
La investigación judicial deberá determinar si existieron otros niveles de intervención en la elaboración o validación del acta.
A la espera de la decisión judicial
El juzgado deberá determinar ahora si los hechos responden a un error administrativo o si, como sostiene la querella, pueden tener relevancia penal.
El caso abre un escenario que podría sentar precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la elaboración de documentos oficiales dentro del ámbito inspector.
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