El Govern Balear ha rechazado el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza que Aena licitó el pasado 16 de marzo, ha cargado contra el planteamiento general del DORA por estar basado en el crecimiento de pasajeros y ha reivindicado la ley de cogestión aeroportuaria —hoy en tramitación en el Congreso de los Diputados— como única herramienta legal capaz de evitar que se repitan situaciones como ésta.
«Defendemos que las inversiones en los aeropuertos de nuestras islas estén dirigidas a minimizar los impactos que la infraestructura genera en el territorio, en nuestro caso insular y limitado. En relación al DORA, consideramos fundamental la participación nuestra comunidad autónoma, como territorio insular, en la definición y gestión de las infraestructuras aeroportuarias», han señalado a La Voz de Ibiza desde la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad. «El planteamiento del DORA es crecimiento de pasajeros e inversión para conseguir el crecimiento de pasajeros, y este es un planteamiento contrario a lo que venimos defendiendo desde el Govern».
El Ejecutivo autonómico, además, admite que se enteró del pliego del proyecto a través de la plataforma de contratación de Aena, sin haber recibido información previa ni habérsele solicitado informe por parte del Comité de Coordinación Aeroportuaria.
La respuesta llega luego de que organizaciones ecologistas y plataformas vecinales denunciaran el silencio institucional, y un día después de que el Consell de Ibiza marcara también su rechazo a la iniciativa de Aena.
Sin información previa por parte de Aena
Uno de los puntos más concretos de la respuesta que dio el Govern es de carácter procedimental. «En relación con el pliego de licitación sobre el proyecto de remodelación del aeropuerto de Ibiza, no se había informado al Govern de forma previa. Se trata de un documento que Aena ha publicado en su plataforma de contratación, pero no es de los documentos que pase, ni para darnos información ni para solicitar nuestro informe, por el Comité de Coordinación Aeroportuaria», señalaron desde el Govern.
El dato coincide con lo que el lunes había trasladado a este medio el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, al asegurar que la institución insular se había enterado del proyecto «a través de la prensa». Ni el Govern ni el Consell tuvieron acceso oficial al documento pese a tratarse de un proyecto valorado en 229,7 millones de euros y con afectación directa al territorio insular.
Contra el modelo del DORA
El cuestionamiento del Ejecutivo balear no se limita al caso concreto de Ibiza, sino que se extiende al esquema general del Documento de Regulación Aeroportuaria. «El planteamiento del DORA es crecimiento de pasajeros e inversión para conseguir el crecimiento de pasajeros, y este es un planteamiento contrario a lo que venimos defendiendo desde el Govern».
La posición se enmarca en la línea de «contención turística» que el PP balear ha hecho bandera de legislatura. El Ejecutivo defiende que las inversiones en los aeropuertos baleares deben servir para minimizar los impactos sobre un territorio que define como «insular y limitado», y orientarse a tres ámbitos concretos: mejor integración en el territorio, mejoras medioambientales y mejora de la conectividad.
Esa distinción es análoga a la que estableció el lunes Marí cuando dijo que estaba a favor de modernizar el aeropuerto —mejoras en accesos, fingers, puertas de embarque— pero no de doblar su capacidad.
La cogestión como única vía
El Govern apuesta a la ley de cogestión aeroportuaria que Més per Mallorca, Més per Menorca y el PP pactaron en el Parlament balear el pasado abril como la vía para frenar iniciativas de este tipo. El Ejecutivo plantea un razonamiento contrafactual directo: «La reforma planteada no sería así si la proposición de ley aprobada hace unos días en el Parlament fuera aprobada en el Congreso de los Diputados».
La cogestión aeroportuaria introduciría cambios concretos en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears. Entre ellos, se amplían las de las administraciones de la comunidad autónoma. El Ejecutivo destaca específicamente que, de aprobarse la cogestión, se incluiría a los Consells insulares en el comité. Y que este órgano podría «formular propuestas e informar los proyectos de las construcciones, instalaciones y modificaciones estructurales o funcionales de los aeropuertos». Traducido al caso concreto que ocupa estas semanas: proyectos como el de Ibiza pasarían obligatoriamente por el filtro del comité antes de su licitación.
La defensa de la cogestión por parte del Govern complementa la línea ya expresada por Marí, por el PP balear.
El reproche por el transporte público
La respuesta del Govern incluye también un reproche directo al Estado en otro frente: la inversión en transporte público vinculada a los aeropuertos. «Hasta ahora la inversión en mejora del transporte público está siendo en exclusiva por parte del Govern y de los Consells insulares, cada uno en el ámbito de sus competencias».
A eso se suma la lucha contra el alquiler ilegal de viviendas, medida que el Govern reivindica como muestra del esfuerzo institucional balear por contener la presión turística mientras —en su lectura— el Estado avanza en sentido opuesto a través de las inversiones aeroportuarias.
Un frente que se consolida
Con la posición del Govern añadida a la del Consell, el rechazo institucional al proyecto tal como está planteado por Aena cuenta ya con cuatro frentes definidos: las dos administraciones controladas por el PP (Consell d’Eivissa y Govern Balear), las organizaciones ecologistas (GEN-GOB Eivissa) y vecinales (Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport), y la oposición de izquierda en las instituciones (Esquerra Unida-Podem, que esta semana ha anunciado una ofensiva política para frenar el proyecto).
Frente a todos ellos, Aena sigue sin responder a las consultas que este medio le ha trasladado sobre el alcance del proyecto. El DORA III, en cualquier caso, sigue su curso. El Consejo de Ministros debe aprobarlo antes del 30 de septiembre. La ley de cogestión, por su parte, depende ahora de la voluntad política del Congreso para tramitarse antes de esa fecha o quedar atrapada en la Mesa.
