El Parlament debatirá este martes la ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida durante su tramitación en una ley ómnibus con decenas de cambios normativos, entre ellos el paquete pactado por PP y PSIB para reforzar el control sobre las VTC y las plataformas de intermediación como Uber, Cabify o Bolt. La reforma busca blindar jurídicamente la posición del Govern en plena batalla por las miles de solicitudes de autorizaciones pendientes en Baleares y dar más herramientas a la Administración para sancionar servicios sin autorización.
Las enmiendas introducen cambios en la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares y, según el propio documento de trabajo, se concentran en tres ejes: empresas de intermediación, lucha contra el intrusismo y otorgamiento o denegación de autorizaciones VTC y condiciones de servicio. El espíritu del texto es claro: pasar a rango de ley buena parte del cerco normativo que el Govern quiere levantar frente a las plataformas y las nuevas licencias, con criterios ambientales, territoriales y de movilidad que permitan limitar la entrada de más vehículos.
El acuerdo político ya había sido trasladado al sector en una reunión con la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad, en la que participaron representantes de la Agrupación Empresarial Auto-Taxi de Baleares y Taxis-Pimem. Ese pacto fue presentado como una fórmula para frenar la entrada masiva de nuevas VTC en Baleares.
La ley que llega al pleno no es una norma específica del taxi, sino el proyecto de aceleración de proyectos estratégicos, que durante la tramitación ha incorporado alrededor de un centenar de enmiendas y ha acabado modificando cerca de medio centenar de normativas. Ese vehículo parlamentario permite aprobar ahora cambios en transporte sin abrir una ley sectorial desde cero, una vía que ha generado críticas de la oposición por el carácter heterogéneo de la norma.
Plataformas bajo responsabilidad
Uno de los cambios centrales afecta a las empresas de intermediación que tengan consideración de servicio de transporte. Las enmiendas obligan a estas plataformas a establecer condiciones contractuales claras con titulares de licencias y autorizaciones, permitir el acceso de la Inspección de Transportes a los datos de los servicios intermediados, mantener un canal directo con la Administración y contar con una póliza de responsabilidad civil. La obligación más sensible es comprobar que los vehículos a los que asignan servicios disponen de la autorización urbana o interurbana correspondiente.
Ese punto supone un salto respecto al control clásico sobre conductores o titulares de vehículos. La plataforma también podrá ser responsable si asigna un viaje a un coche sin autorización válida para ese servicio, una fórmula que el sector del taxi venía reclamando para evitar que la actividad irregular quede diluida entre intermediarios digitales, empresas titulares y conductores. Las VTC tradicionales ya se habían alineado con el taxi ante la avalancha de nuevas licencias para Ibiza.
Las enmiendas también retocan el régimen de responsabilidad administrativa para incluir expresamente al prestador de un servicio de intermediación que, mediante herramientas informáticas, ofrezca servicios de transporte cuando el vehículo asignado carezca de autorización urbana o interurbana. En la práctica, el Govern quiere tener base legal para sancionar no solo a quien presta el servicio, sino también a quien lo organiza o lo canaliza digitalmente.
10.000 solicitudes pendientes
El trasfondo de la reforma es la bolsa de unas 10.000 solicitudes de licencias VTC pendientes en Baleares, de las que alrededor de 6.500 corresponden a Ibiza, según las cifras trasladadas por el sector durante los últimos meses. El taxi sostiene que una entrada de esa dimensión alteraría por completo el equilibrio del transporte en las islas, especialmente en territorios con fuerte presión turística, congestión viaria y limitaciones de espacio como Ibiza.
Ese escenario explica la urgencia política del acuerdo. El Govern y el sector del taxi sostienen que la norma estatal no encaja bien en un territorio insular, sin desplazamientos por carretera entre comunidades autónomas, y que una entrada masiva de vehículos agravaría la congestión, la presión ambiental y el desequilibrio del transporte en temporada alta. El reglamento del taxi y las VTC ya nació bajo la presión de esa avalancha de autorizaciones.
Criterios para frenar nuevas autorizaciones
Otro bloque clave es el relativo a las nuevas autorizaciones VTC. El texto prevé que el Govern establezca por decreto criterios objetivos para otorgarlas, vinculados a la mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones de CO₂, la gestión sostenible del transporte, el tráfico, el espacio público y la preservación de un territorio insular limitado. La insularidad aparece así como uno de los argumentos jurídicos para contener nuevas autorizaciones.
Las enmiendas añaden además criterios más específicos, como el incremento de partículas contaminantes por desgaste de frenos y neumáticos, el aumento de kilómetros recorridos sin pasajeros, la capacidad de carga ecológica de espacios naturales, la intensidad del tráfico en accesos motorizados y la afección sobre hábitats, especies protegidas o corredores ecológicos. El objetivo es construir un muro legal con argumentos ambientales y territoriales, no solo de competencia sectorial.
La reforma también reserva margen para que los ayuntamientos establezcan criterios adicionales en las autorizaciones de ámbito urbano. Esa previsión refuerza la idea de un sistema de filtros acumulados, con intervención autonómica, insular y municipal según el ámbito de prestación del servicio.
Más sanciones e inmovilización
El paquete también endurece el régimen sancionador. Entre las infracciones muy graves aparecen llevar a cabo la actividad de alquiler con conductor sin autorización, prestar un servicio urbano o interurbano sin habilitación, operar en un ámbito territorial distinto del autorizado, recoger clientes sin contratación previa o iniciar un servicio sin comunicar electrónicamente los datos exigidos. Las sanciones más graves vinculadas al transporte discrecional en vehículos turismo podrán alcanzar los 12.000 euros.
Además, el texto contempla la inmovilización inmediata del vehículo cuando determinadas infracciones sean detectadas en carretera durante su comisión. También endurece la reincidencia: la imposición de tres o más sanciones firmes en un periodo determinado dará lugar a la revocación de la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor. Es decir, la acumulación de infracciones puede acabar con la pérdida de la autorización.
El control se refuerza también en la contratación previa. Las enmiendas consideran captación de clientes cualquier ofrecimiento verbal de transporte, llevar carteles de ofrecimiento general o incluso carteles con el nombre de un pasajero si no existe contratación previa. En aeropuertos, puertos y otros puntos de concentración de demanda, los vehículos deberán acreditar documentalmente el servicio contratado, con datos del contratante, vuelo, destino y número de personas.
Aparcamiento y prestación efectiva
Las enmiendas incorporan una obligación añadida para los titulares de autorizaciones de alquiler con conductor: disponer de un espacio de aparcamiento suficiente para albergar al menos el 80% de los vehículos autorizados, con una referencia mínima de quince metros cuadrados por vehículo. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la revocación de la autorización, aunque los titulares ya existentes tendrán un plazo transitorio de un año para acreditarlo.
Ese requisito puede tener especial impacto en islas con fuerte presión territorial y de aparcamiento, como Ibiza, donde el desembarco de nuevas flotas supondría no solo más vehículos circulando, sino también la necesidad de contar con bases físicas suficientes. La medida introduce un filtro material adicional a las empresas que pretendan operar con grandes volúmenes de vehículos.
El texto también exige que las autorizaciones se destinen a la prestación efectiva y continuada del servicio desde el momento de su otorgamiento. Deberá iniciarse la actividad en un plazo máximo de un mes, salvo causa justificada. La intención es impedir autorizaciones meramente especulativas o sin actividad real inmediata.
Ley ómnibus y batalla política
El debate del martes llega después de una tramitación cargada de polémica. La ley de proyectos estratégicos nació centrada en la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico, pero ha acabado incorporando materias muy diversas, desde transporte hasta función pública, servicios sociales o comercio. MÉS per Mallorca y Més per Menorca ya han anunciado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional una vez se apruebe y publique.
En materia de transporte, sin embargo, el bloque de enmiendas cuenta con un acuerdo entre PP y PSIB, que han pactado la regulación del sector VTC dentro del texto. El Govern defiende que estas modificaciones permitirán clarificar competencias, reforzar la inspección y ordenar un sector tensionado por la presión de las plataformas y las solicitudes masivas de autorización. La moratoria de licencias de taxi y VTC fue prorrogada precisamente para evitar un desembarco descontrolado de nuevas autorizaciones.
El taxi tradicional ve en estas enmiendas un movimiento importante para cerrar el paso a una entrada descontrolada de VTC, aunque la letra pequeña abre nuevos debates dentro del propio sector. La regulación de empresas de intermediación, los permisos insulares de taxista y los criterios para acceder a nuevas licencias ordinarias quedan como algunos de los puntos que pueden generar nuevas derivadas tras la votación del martes.
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