La sociedad pública FECOEV, dependiente del Consell de Ibiza, ha sacado a concurso el desarrollo de un «gemelo digital» de la isla de Ibiza y un sistema de inteligencia artificial agéntica por un valor estimado de 478.512 euros a tres años. Las ofertas podían presentarse hasta el 26 de mayo.
Un gemelo digital es, en esencia, una copia virtual del territorio que funciona como un simulador. No se limita a mostrar datos en un mapa: los combina para ensayar escenarios y anticipar qué pasaría si cambian las condiciones. Aplicado a Ibiza, el sistema aspira a responder a preguntas del tipo qué ocurriría con el tráfico, el transporte público o la presión sobre las playas si llegan más turistas, si varía la ocupación o si sube el consumo energético.
De dónde salen los datos
La herramienta no parte de cero: se apoyará en el Sistema de Inteligencia Turística (SIT Eivissa), la plataforma que el Consell presentó en febrero y que ya reúne datos de gasto, vuelos, reputación digital y movilidad. Lo que la propia entidad reconoce que le falta hoy —y que el nuevo contrato viene a aportar— es la capacidad de simular escenarios, proyectar tendencias y visualizar el territorio de forma interactiva. A ello se suma un asistente de inteligencia artificial al que se le podrán hacer preguntas en lenguaje natural y que elaborará informes a partir de esos datos.
Para alimentar ese simulador, el pliego nombra un buen número de fuentes. Algunas son públicas y poco controvertidas: datos climáticos de AEMET, tendencias de búsqueda de Google, estadísticas del INE, Frontur y Egatur, indicadores de la agencia turística balear AETIB, afiliaciones a la Seguridad Social o consumos municipales de agua, electricidad y residuos.
Otras son más sensibles. El propio documento técnico admite que el adjudicatario podrá proponer el uso de fuentes comerciales o anonimizadas procedentes «de operadores de telefonía, entidades financieras o repositorios propios». Es decir, el rastro de los teléfonos móviles y, eventualmente, de operaciones financieras figura por escrito entre los orígenes posibles del sistema —aunque el pliego precisa que deberían llegar anonimizados, sin identificar a personas concretas.
El propio Consell no ha ocultado la naturaleza de esos datos. Al presentar el SIT Eivissa el pasado febrero, el presidente insular, Vicent Marí, describió la plataforma como una herramienta alimentada por «la huella digital que todos dejamos al usar el móvil, el ordenador o la tarjeta de crédito». En esa misma presentación defendió que «gobernar con datos es la única manera de tomar decisiones acertadas». La propia web del sistema, siteivissa.com, es aún más explícita sobre su alcance: declara que recopila datos generados «por visitantes y residentes» a través de fuentes como «teléfonos móviles, tarjetas de crédito, búsquedas o comentarios en internet».
Hasta dónde puede crecer
El alcance del sistema no está cerrado. El pliego obliga al adjudicatario a «mantener y ampliar el ecosistema de datos mediante la incorporación progresiva de nuevas fuentes», y prevé «un análisis de viabilidad y priorización» de esas fuentes durante toda la vigencia del contrato.
Entre los datos que el documento cita expresamente que podrían incorporarse hay dos ejemplos especialmente reveladores. Uno es la movilidad diaria por distrito: la isla quedaría dividida en diez distritos y los desplazamientos se desglosarían por día, hora y motivo —residencia, trabajo, estudio u ocio—, distinguiendo entre movilidad «elegida» y «obligada», con indicadores de edad, género y renta estimada. El otro es la movilidad turística mensual por municipio, con matrices de origen y destino de los viajes y la exigencia de disponer de al menos cuatro años de histórico al arranque del proyecto.
No son datos que el sistema vaya a manejar necesariamente desde el primer día, sino fuentes cuya incorporación se estudiará. Pero el detalle de las candidatas revela hacia dónde puede crecer la herramienta: un alcance que va más allá del turista y apunta también al residente, en su día a día, algo coherente con lo que el propio sistema reconoce recopilar hoy.
Lo que cuesta y cómo se reparte
El contrato tiene un valor estimado de 478.512 euros para los tres años posibles, sobre un presupuesto base anual de 193.000 euros (impuestos incluidos). El grueso del gasto no está en levantar el simulador, sino en mantenerlo y hacerlo crecer: el contrato prevé una suscripción y consumos recurrentes y, sobre todo, una «oficina técnica» de perfiles especializados —director técnico, técnicos y administrativo— dedicada a cargar nuevos datos, ajustar los modelos de inteligencia artificial y desarrollar nuevas funcionalidades a lo largo de toda la vigencia. Es decir, lo presupuestado describe una herramienta concebida para alimentarse de forma continuada, no para entregarse y quedar cerrada.
Datos
El pliego es explícito en que el contrato no requiere la cesión de datos del sector público al contratista ni el tratamiento de datos personales por cuenta de FECOEV. Es el principal escudo del Consell. De todos modos, el mismo expediente exige a la futura adjudicataria cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la ley orgánica española de protección de datos y el Esquema Nacional de Seguridad en categoría media, con cifrado de comunicaciones, control de accesos y trazabilidad completa.
La tensión es difícil de pasar por alto: si no se tratan datos personales, ¿por qué blindar el contrato con toda la artillería de la normativa que precisamente regula esos datos? La explicación más probable es que la información llegue ya agregada y anonimizada —y que las cautelas sean, justamente, para garantizar que siga así—. El expediente no lo detalla.
Qué argumenta el Consell
La entidad enmarca el proyecto como una herramienta de planificación turística y gestión del destino, no de seguimiento individual: el objetivo declarado es mejorar la analítica, anticipar tendencias y optimizar la promoción de la isla, siempre sobre datos agregados. La memoria de la licitación insiste en que las simulaciones deberán sustentarse «exclusivamente en series temporales verificadas y contrastadas». Y defiende que no se inventa nada: el SIT ya existe y ya maneja estas fuentes; el gemelo solo añade simulación y visualización. De hecho, el sistema ya se emplea con fines operativos: el Consell lo integró el año pasado para automatizar la detección de alquileres turísticos ilegales, cruzando sus datos con catastros, licencias y denuncias.
A su favor juega también el propio pliego de la IA, que exige mecanismos de «control de alucinaciones», trazabilidad de cada consulta y principios de «explicabilidad, auditabilidad y reversibilidad» del modelo. Es decir, sobre el papel, el sistema debe poder rendir cuentas de cómo llega a sus conclusiones.
Un dato refuerza la sensibilidad del asunto: la carga y el tratamiento de datos no podrán subcontratarse, por considerarse tareas esenciales para la seguridad y la gobernanza de la información. La propia entidad reconoce así que maneja material delicado.
La Voz de Ibiza ha consultado al Consell insular sobre el funcionamiento que tendrá el gemelo digital, las fuentes y uso de los datos y si contemplarán tanto a turistas como a residentes. Hasta el cierre de esta edición, la institución no ha respondido.
Los gemelos digitales territoriales se extienden entre las administraciones —Benidorm licitó el suyo en marzo, con el objetivo explícito de medir la población «residente y flotante»— pero arrastran allá donde llegan un debate sobre privacidad y vigilancia. El proyecto pitiuso se rige por procedimiento abierto y está sujeto a regulación armonizada, con publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El plazo de ejecución es de 12 meses, prorrogable hasta un máximo de tres años, y todo el contrato recaerá en una sola empresa, ya que el pliego justifica expresamente la no división en lotes.
