Sa Unió se rasca el bolsillo para frenar uno de los tantos frentes abiertos y evitar así la suspensión del servicio de autobuses en plena temporada en la isla. El Consell Insular de Formentera aprobó un pago de 226.220 euros a Autocares Paya, la empresa concesionaria del transporte público de la isla, para completar la compensación económica derivada de la gratuidad del bono residente durante 2025.
El abono, que es el tercero y último correspondiente a ese ejercicio, llega después de que Autocares Paya comunicara formalmente al Consell el riesgo de cese del servicio por impago.
El pago cubre la liquidación definitiva de la compensación del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2025, antes de la entrada en vigor del contrato-programa.
Con este abono, la compensación de ese periodo queda completada en 551.220 euros, que se suman a lo ya pagado por el déficit del contrato-programa. En total, el servicio prestado por la concesionaria durante el ejercicio 2025 ha supuesto más de 750.000 euros al Consell de Formentera.
Sa Unió paga de su propio bolsillo lo que no cubre el Ministerio
El detalle más relevante lo aporta la vicepresidenta primera y consellera de Movilidad, Verónica Castelló, que reconoce abiertamente que el Consell está asumiendo con recursos propios la parte que no cubre la subvención estatal: «Esta aprobación da seguridad a los usuarios y demuestra la voluntad del Consell de resolver los expedientes pendientes con rigor técnico y responsabilidad. Además, el Consell hace un esfuerzo adicional asumiendo con recursos propios la parte de la compensación que no cubre la subvención estatal».
Es decir, ante la falta de transferencias completas por parte del Ministerio, Sa Unió ha optado por poner dinero propio para evitar el colapso del servicio.
El presidente del Consell Insular, Óscar Portas, defendió la decisión: «Cumplimos el compromiso que asumimos y seguimos trabajando para normalizar definitivamente la situación económica del servicio de transporte público. Es una prioridad dar estabilidad a un servicio esencial para residentes y visitantes».
La crisis que obligó a actuar
El acuerdo de este jueves es la respuesta directa a la crisis que estalló hace unos días, cuando Autocares Paya hizo pública su situación de «tensión financiera extrema» por los impagos acumulados, que le dificultaban atender puntualmente los salarios de los conductores y los pagos a proveedores.
La empresa, que lleva décadas prestando el servicio bajo una concesión de 1996 que se mantiene en prórroga forzosa, advirtió de que se veía obligada a comunicar formalmente el riesgo de cese «en contra de su voluntad».
El Consell reconoce en su comunicado que «trasladó a la empresa su preocupación por la situación generada y por las consecuencias que cualquier incidencia podría tener sobre un servicio esencial, especialmente en plena temporada turística».
Quedan expedientes pendientes
El pago de este jueves cierra los expedientes de 2025, pero no resuelve el problema de fondo. El Consell reconoce que «continúa trabajando en la regularización del resto de expedientes económicos relacionados con la concesión del servicio».
Las compensaciones correspondientes a 2026 no aparecen mencionadas en el comunicado, lo que sugiere que ese frente sigue abierto. La contienda entre Sa Unió, Autocares Paya y el Ministerio, por tanto, no ha terminado.
