El caos administrativo no para en el Consell Insular de Formentera, gobernado por el grupo político de Sa Unió y, lo que durante semanas fue una amenaza sin cifras concretas, ahora se ha confirmado. Los concesionarios de los lotes de hamacas y sombrillas autorizados –tras el recorte de un tercio por parte de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua– han recibido finalmente la notificación del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que cobra la Demarcación de Costas del Estado. Y los importes han superado en muchos casos las previsiones más pesimistas.
Según ha podido confirmar La Voz de Ibiza, las subidas se sitúan en promedio entre el 200 y el 300 por ciento respecto al canon anterior. No obstante, algunos adjudicatarios cifran esos incrementos en hasta el 500 por ciento.
La notificación llegó después de un embrollo administrativo avanzado por este medio. Es que Demarcación de Costas envió originalmente la documentación el 12 de junio con un error en el código del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR), el sistema de notificaciones entre administraciones públicas, por lo que no llegó al Consell ni -a través de este- a los concesionarios.
La Demarcación corrigió el error finalmente el 2 de julio y reenvió la documentación al DIR correcto. Los concesionarios la han recibido ahora.
Todo este retraso de más de un mes ha dejado a los hamaqueros atrapados: los que montaron deben pagar el canón sin reclamos y ya no pueden renunciar a los lotes.
Atrapados
El problema que ahora enfrentan muchos adjudicatarios es de una lógica aplastante y sin salida fácil. Cuando instalaron sus hamacas y sombrillas con la temporada ya iniciada, no conocían el importe real del nuevo canon de Costas. La notificación llegó más de un mes despues, con las instalaciones ya en funcionamiento, con el verano avanzado y tratando de recuperar el tiempo y el lucro perdido.
Ahora ya no hay vuelta atrás. «Una vez que instalas los elementos de playa en el lote, estás obligado a pagar los cánones», explica un adjudicatario consultado por La Voz de Ibiza.
No existe la posibilidad de renunciar de forma ordinaria una vez que la instalación está en marcha. Si el importe resulta inaceptable, la única salida disponible es la vía judicial: denunciar la situación y reclamar daños y perjuicios contra el Consell, con todo lo que eso implica en tiempo, costes y litigios que ningún concesionario contemplaba al inicio de la temporada.
Es la situación de indefensión que La Voz de Ibiza anticipó semanas atrás: los adjudicatarios tomaron la decisión de instalar —con todo lo que eso implica en inversión, personal contratado y compromisos económicos— sin conocer uno de los datos esenciales de su negocio esta temporada. Cuando llegó el dato, ya era demasiado tarde.
Por qué ha subido tanto el canon
La Demarcación de Costas ha explicado en su momento que el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se regula en el artículo 181 del Reglamento General de Costas y se determina a partir de dos parámetros: el valor catastral de los terrenos de dominio público o de los colindantes, y el beneficio neto estimado que previsiblemente genere la actividad.
Ambos parámetros han experimentado incrementos significativos en las zonas turísticas de Formentera en los últimos años, lo que se traslada directamente al importe del canon.
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El organismo también precisó que el canon se determina a partir de los datos aportados por el propio solicitante en el estudio económico-financiero que acompaña a la solicitud de autorización. Es decir, el importe varía en función de las características de cada instalación, su ubicación y su volumen de explotación previsto.
Eso explica las diferencias entre concesionarios y la horquilla tan amplia de incrementos —entre el 200 y el 500 por ciento— que se registran en los distintos lotes.
El Consell, sin respuesta
La Voz de Ibiza ha consultado en varias ocasiones al Consell Insular de Formentera sobre el canon de Costas y los incrementos sufridos por los adjudicatarios. El Consell no ha respondido en ninguna de esas consultas.
El silencio resulta especialmente llamativo dado que es el Consell quien actúa como intermediario entre la Demarcación de Costas y los concesionarios en la transmisión de la notificación del canon.
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Fue precisamente esa intermediación la que falló en junio, cuando el error en el DIR dejó la documentación sin llegar a su destino durante semanas. Y es el Consell quien, en última instancia, licitó un concurso de servicios de playa con un plazo de seis años que supera el máximo legal de cuatro, generando una cadena de problemas jurídicos y administrativos que ahora recaen sobre los adjudicatarios.
El sablazo del canon es el último eslabón de una cadena que comenzó con un concurso mal hecho, continuó con un recorte de más de un tercio de los lotes autorizados, siguió con un recurso de alzada que condena a los concesionarios a perder el resto de la temporada, y culmina ahora con unos importes de canon que los adjudicatarios deben asumir sin haber podido valorarlos antes de instalar.
