Cansada de escribir al Ayuntamiento y no recibir respuesta, la asociación Conductores Profesionales Taxi Sant Josep de sa Talaia ha decidido dar el paso de llevar a la vía pública lo que llevaba meses reclamando por registro: que el consistorio explique cómo funciona el sistema GPS que reparte los servicios del taxi, en qué se emplea el dinero que pagan los conductores y por qué no contesta a sus escritos.
Las dos instancias que ahora hace públicas se presentaron los pasados 20 y 27 de julio (registros 2026-E-RE-11257 y 2026-E-RE-11609), y engrosan una lista de solicitudes que, según denuncia, vienen cayendo en saco roto desde 2023.
El agravio de fondo es sencillo: la asociación, que cuenta con 119 miembros, dice dirigirse a la administración por los cauces que marca la ley y encontrarse, una y otra vez, con el silencio. Y lo compara con lo que, asegura, sí hacen otras instituciones —Consell y otros ayuntamientos—, que responden a sus escritos. De ahí su reclamo de ser tenida en cuenta.
La caja negra del GPS
El corazón de la protesta es la opacidad del sistema de gestión por GPS que opera la Federación Insular del Taxi de Ibiza (FITIE). La asociación admite que trabaja a ciegas: dice desconocer con qué criterios el sistema asigna, permite aceptar, rechazar o devolver un servicio, y exige que esas reglas —y las estadísticas de todos los servicios— se hagan públicas. Su argumento para desmontar cualquier negativa es que se trata de datos numéricos y agregados, no personales, así que la protección de datos no puede servir de escudo. Reclama, en concreto, los datos de servicios de los últimos cinco años.
¿Por qué exigírselo al Ayuntamiento y no a la FITIE? Porque, sostiene la asociación, la propia norma juega a su favor: el decreto que regula el servicio obliga al operador del GPS a dar al Consell y a cualquiera de los ayuntamientos acceso remoto y en tiempo real al sistema, con los mismos privilegios que el administrador. Es decir, el consistorio dispone —o puede disponer— de esos datos, y como entidad pública está sujeto a la ley de transparencia; la FITIE, en cambio, gestiona el sistema como si fuera una empresa privada. La entidad asegura haber reclamado por ambas vías —a la asociación de titulares y al Ayuntamiento— sin respuesta de ninguna.
La chispa que ha encendido todo es un mensaje difundido por «soporte técnico Fitie» anunciando la eliminación de la «bolsa local» y la igualación de criterios de asignación fuera del municipio; un cambio sustancial que, denuncia, nadie le comunicó oficialmente.
Un canon que se desploma 100.000 euros
La asociación quiere además que se le explique el canon de las licencias temporales: quién lo cobra, cuánto y, sobre todo, en qué se gasta. Según sus propias cuentas —y su propia lectura, que admite poder estar equivocada—, ese dinero no lo recauda el Ayuntamiento ni directamente la FITIE, sino la asociación de titulares de taxi de Sant Josep, una entidad sin ánimo de lucro, y debería servir únicamente para cubrir la gestión del sistema durante la temporada.
La cifra que maneja llama la atención: un canon de 650 euros por licencia que este año, con 181 licencias temporales, suma unos 117.650 euros, cerca de 100.000 menos que en 2025 (unos 216.000). Aun así, dirige la exigencia al consistorio por ser el responsable último del servicio y porque, denuncia, ni el Ayuntamiento ni la directiva de los titulares le han dado explicación alguna.
El pacto del aeropuerto que, dice, nadie le consultó
La entidad reclama también los detalles del acuerdo de la bolsa de taxis del aeropuerto cerrado bajo el paraguas de la FITIE, y denuncia que se firmó sin consultar ni a titulares ni a asalariados de Sant Josep. Aquel pacto puso fin, a principios de julio, a una crisis que estuvo a punto de paralizar el aeropuerto en plena temporada alta: el detonante fue una señal en la Parada B que vetaba a los taxis de otros municipios, y la salida, un acuerdo entre las asociaciones de los cinco municipios que fijó cuándo pueden acceder los vehículos de fuera. La asociación lo describe sin medias tintas como el fruto de un «chantaje» nacido de la amenaza de boicot, y lamenta haber quedado fuera de una negociación que afecta de lleno a sus conductores.
Licencias, reciprocidad y un área que nunca llega
En materia de licencias, pide corregir la numeración de la estacional 107 y que se le entregue el acuerdo por el que se amplió en una las licencias temporales del plan. Y va más allá: reclama que se estudie de una vez la necesidad real de más licencias en Sant Josep, convencida de que el déficit de taxis propios es lo que engorda la oferta de VTC y del transporte ilegal.
Su queja más de fondo apunta a la falta de reciprocidad en el orden de carga: sostiene que los taxis de Sant Josep cargan fuera de su término mucho menos de lo que los de otros municipios cargan dentro. Es, en el fondo, el eterno choque entre ordenanzas municipales que solo resolvería un Área de Prestación Conjunta de ámbito insular, la fórmula que la ley contempla, que Mallorca ya tramita y que en Ibiza sigue congelada, entre otras cosas porque el Consell se ha desmarcado de impulsarla.
La Voz de Ibiza ha consultado al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia sobre las cuestiones planteadas por la asociación y, hasta el cierre de esta información, no ha recibido respuesta. Este medio la actualizará en cuanto el consistorio se pronuncie.
