La sesión de control de esta mañana en el Parlament de las Islas Baleares dejó el primer cruce político de fondo sobre la salida de María Joaquina Ferrer al frente de la Dirección General de Costas y Litoral, ocurrida en pleno proceso de resolución del expediente de instalaciones de temporada en las playas de Formentera. La pregunta la formuló la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, quien pidió al conseller Juan Manuel Lafuente que explicara los motivos del cese.
Lafuente respondió que el nombramiento y cese de un director general «es competencia de quien lo nombra» y lo enmarcó en un cambio orientado a mejorar el funcionamiento interno de la Dirección General: una mejor comunicación con los ayuntamientos, una mejor planificación de las autorizaciones temporales en costa y una mejor coordinación interna.
«Es una decisión tomada desde la consellería sin ningún tipo de presión externa ni consecuencia de ningún expediente en concreto», sostuvo, y añadió que todas las resoluciones dictadas por la consellería en esta legislatura se han ajustado a los informes técnicos y jurídicos y al cumplimiento de la normativa vigente.
«¿Por qué cesa a una directora que cumple la normativa?»
Ramon replicó con dureza. Citó una carta firmada por 21 funcionarios de la Dirección General de Costas –tal como había avanzado La Voz de Ibiza– tras el cese, en la que, según relató la diputada, los propios técnicos dejaron constancia de que Ferrer actuaba de acuerdo con los informes técnicos, los criterios jurídicos y la normativa vigente.
«¿Por qué cesa a una directora general que cumple la normativa y respeta los criterios de sus funcionarios?», preguntó.
Ramon añadió que, según los propios funcionarios, ha habido «otras discrepancias» entre criterios técnicos y decisiones políticas más allá del caso de Formentera, motivo por el cual su partido ha solicitado formalmente todos los expedientes tramitados por Costas durante la legislatura.
«Queremos saber cuántas veces ha ocurrido, cuántas veces un criterio técnico ha molestado políticamente, cuántas veces los intereses económicos han pasado por encima del interés general», sostuvo.
La diputada recordó además que, apenas cuatro meses antes de su cese, la propia Administración había puesto a Ferrer como ejemplo de integridad por haber denunciado un intento de soborno de 20.000 euros, y cuestionó que en su lugar se haya nombrado a «un perfil político del Partido Popular».
Ramon llegó a plantear directamente si el nombramiento del nuevo director general respondía a la necesidad de contar con «alguien dispuesto a cumplir las órdenes que la señora Ferrer no estaba dispuesta a cumplir», y pidió la dimisión del propio conseller.
Lafuente reconoce «tensión importante» en la consellería
En su segunda intervención, Lafuente insistió en que los expedientes «se han tramitado conforme a la normativa, conforme a la ley y conforme a los informes técnicos», y que el cambio en la Dirección General obedece a «un nuevo impulso» y a «cuestiones de objetivos generales».
Fue en ese mismo tramo donde el conseller reconoció, sin que se lo preguntaran directamente, que el caso de Formentera había generado fricciones internas: admitió que se trata de «un expediente muy complejo que sí que es verdad que ha creado una tensión importante dentro de la consellería», aunque remarcó que él «jamás se ha inmiscuido en ninguna resolución concreta» y que su única exigencia fue que los expedientes se resolvieran «en el tiempo» pero siempre «conforme a los informes técnicos».
Lafuente cerró su intervención con un argumento dirigido a desactivar la crítica de la izquierda: sostuvo que el último replanteo de las instalaciones de Formentera, resuelto ya con la nueva Dirección General, terminó arrojando un ajuste final —una reducción acotada de tumbonas y sombrillas respecto a lo replanteado— que calificó de «exactamente igual» al tipo de ajuste que en su día había aprobado el anterior Govern de izquierdas para casos similares, argumentando así que el criterio aplicado ahora no difiere del que aplicaban sus predecesores políticos.
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