Lo que iba a ser un mero trámite administrativo que iba a despejar la incógnita de las ofertas aceptadas para luchar por gestionar las históricas instalaciones que fueron durante 99 años la sede del Club Náutico de Ibiza y que ahora ocupa Port Nautic Ibiza y el Club Mare Nostrum ha desvelado un acuerdo de gran magnitud entre el los clubs de Ibiza y Sant Antoni. La negociación se ha producido bajo el más absoluto secreto y, hasta que se demuestre lo contrario, a espaldas de la masa social de ambas entidades, ya que no consta la convocatoria de asamblea de socios para detallar y aprobar tal acuerdo, lo que sería de una gran gravedad para el club que preside José Tur Torres Cires.
No en el caso del Náutico de Ibiza cuya directiva cuenta con el aval de la asamblea para presentarse al concurso y, por lo tanto, para comprometerse con las exigencias del pliego.
Club Náutico de Ibiza y Club Náutico de Sant Antoni llevan sin responder a La Voz de Ibiza desde el jueves. Por lo tanto, ambos clubs están tratando de ocultar la verdadera participación de la entidad presidida por el único alcalde socialista que ha tenido la villa de Portmany en la presente democracia (2015-2019).
Ha sido la falta de una certificación de estar al corriente de pago con la APB detectada durante la apertura de los sobres del concurso estrella del puerto de Ibiza para la gestión de las instalaciones náutico-deportivas— la que ha hecho aflorar el acuerdo secreto entre ambos clubs.
De momento, y a la espera de que ambas entidades informen a su masa social y a la opinión pública, lo único que se sabe es que el Náutico de Sant Antoni, tan como ha desvelado La Voz de Ibiza, es una de las entidades que ha prestado la solvencia económica de su balance, fruto de años de explotar la lucrativa dársena del puerto de Portmany, para que el Náutico de Ibiza pueda presentarse y cumplir con el requisito que los pliegos establecen en 3,3 millones de euros de patrimonio neto.
Aval chapucero
También se sabe que el Club Náutico de Ibiza presentó un aval manuscrito sobre el que la Mesa de Contratación de la APB ha pedido una elemental subsanación. Una de las incógnitas de la oferta es quién está detrás de este aval cuando menos chapucero.
De todas formas, lo que se sabe del acuerdo secreto entre entidades deportivas no es poco ni irrelevante.
Y es que la lectura de las bases evidencia que la mera participación del Club Náutico de Sant Antoni como una de las entidades que aportan la solvencia económica de la oferta del Club Náutico de Ibiza compromete muy seriamente su patrimonio.
No se trata pues de un asunto menor, ni mucho menos baladí.
Y es como, como mínimo, el compromiso del Náutico de Sant Antoni con el de Ibiza alcanza los 20 millones de euros.
No se trata, ni mucho menos, de un préstamo de 20 millones de euros, ni de que el de Sant Antoni tenga mermada su capacidad de maniobra durante la vigencia de la concesión en el caso de que gane el Náutico de Ibiza.
Lo que ha podido constatar La Voz de Ibiza y ha refrendado con varios expertos jurídicos, es que la participación de una entidad en la solvencia económica de una de las ofertas es siempre solidaria y, además, no lo es por el importe de 3,3 millones exigido en el caso de la entidad que cuente con ese mínimo en el patrimonio neto de su balance, sino que lo es por el «buen fin de la concesión adminsitrativa».
Así lo establece con claridad el Pliego de Bases del concurso, que regula con precisión las condiciones en que un licitador puede apoyarse en la solvencia económico-financiera de un tercero. «Tratándose de la solvencia económico-financiera, debe aportarse la aceptación expresa de la responsabilidad conjunta de forma solidaria junto con el licitador frente a la Autoridad Portuaria de Baleares para responder del buen fin de la concesión administrativa», establecen los pliegos técnicos.
Qué significa responder solidariamente
El Club Náutico de Sant Antoni no se ha convertido, pues, en constructor ni debe hoy ninguna cantidad. El compromiso tiene carácter condicionado: solo surtiría efectos si el CNI gana el concurso y se le adjudica la concesión. En ese supuesto, el alcance de la responsabilidad es total si hay incumplimiento.
Es decir, que si el Náutico de Ibiza gana y la APB no le exige responsabilidad alguna porque cumple los compromisos, el club Náutico de Sant Antoni no se vería comprometido, ni tampoco las otras entidades que solidariamente han conformado la solvencia económica.
El pliego no reparte la responsabilidad por porcentajes ni cuotas. Da igual qué parte de la solvencia haya aportado el Náutico de Sant Antoni: si el CNI resultara adjudicatario e incumpliera una obligación concesional cubierta por ese compromiso, la APB podría dirigirse contra la entidad de Sant Antoni por la totalidad de la obligación incumplida, sin reducción automática por el porcentaje de solvencia aportado.
La referencia mínima conocida de la inversión comprometida por el CNI es de 20 millones de euros. Durante la apertura pública del Sobre 1 —la documentación administrativa—, la Mesa detectó la existencia de dos cuadros de inversión: uno de 20 millones y otro de unos 3 millones, sin que haya quedado claro si ambos importes se suman o corresponden a proyectos distintos. Precisamente ese fue uno de los puntos que la APB ha pedido subsanar.
En realidad estaríamos hablando de una cifra mucho mayor, ya que los compromisos adquiridos con la APB por parte del ganador van mucho más allá de la inversión.
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El mecanismo y su lógica
El CNI, que no acredita por sí solo el patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros que exige el concurso, ha recurrido a lo que el pliego denomina la «acreditación de la solvencia económico-financiera y/o técnica y profesional con medios externos», tal como establece la Base 6ª.
Es un mecanismo legítimo y previsto expresamente en la normativa, pero con una condición que el pliego establece sin ambigüedad: quien integra la solvencia queda vinculado solidariamente por el buen fin de toda la concesión, no solo por la parte proporcional a su aportación.
Dicho de otra forma: el Club Náutico de Sant Antoni ha puesto su patrimonio como garantía de que el CNI, si gana, cumple. Y el pliego no le permite poner límites a esa garantía. En caso de que el Náutico de Ibiza no cumpla, debería responder ante la APB por un monto mínimo de 20 millones de euros.
