El concurso estrella para la gestión de la instalación náutico-deportiva del muelle de Ribera-Poniente del puerto de Ibiza se resolverá entre dos candidatos: Puertos y Litorales Sostenibles —empresa que opera la instalación desde 2024 bajo la marca Port Nàutic Ibiza— y el Club Náutico de Ibiza (CNI), quien perdiera justamente hace poco más de dos años esas instalaciones que ocupó casi un siglo.
Fueron los únicos interesados que han presentado oferta antes del cierre del plazo, que expiró a medianoche del domingo 7 de septiembre, tal como se ha desvelado esta mañana en el acto de apertura de sobres.
Este acto de la Mesa de Apertura estaba convocado inicialmente para las 12.30 horas de este miércoles en las oficinas de la APB en Palma. Sin embargo, se adelantó a las 11.00 horas.
Dos candidatos
El duelo queda así entre el actual gestor y la entidad que ocupó la instalación durante 99 años, reeditando la batalla de hace poco más de dos años con el concurso anterior para una ocupación temporaria que se extenderá hasta mayo del 2027.
Puertos y Litorales Sostenibles llega con la ventaja de conocer a fondo las instalaciones y con dos años de operación acreditada, además del antecedente de la instalación del dique flotante de 145 metros en 2025 —una obra de ingeniería sin precedentes en su tipología—, que es propiedad suya y no revertirá a la APB, obligando al nuevo concesionario, sea quien sea, a construir un dique de abrigo completamente nuevo.
El Club Náutico de Ibiza, por su parte, llega tras años de presión institucional para recuperar su sede histórica y tras haber superado los exigentes requisitos económicos del pliego, que exigen un patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros y la capacidad de inmovilizar más de dos millones adicionales en garantías desde el primer día de la concesión.
La ausencia de un tercer candidato despeja algunas de las incógnitas que han sobrevolado el proceso. Fuentes del sector náutico consultadas por La Voz de Ibiza habían apuntado a Nauplia Capital —la mayor red de puertos deportivos de España, con nueve marinas en la costa peninsular— como posible competidor.
Deficiencias en las presentaciones
En tanto, la Autoridad Portuaria de Baleares ha suspendido el acto de apertura del Sobre 2 —la documentación técnica— tras detectar deficiencias formales en las ofertas de los dos candidatos. La Mesa de Apertura ha calificado todos los problemas como subsanables y ha requerido a ambos licitadores que los corrijan.
En el caso del Club Náutico de Ibiza, la Mesa ha detectado tres problemas. El aval presentado como garantía provisional está en formato manuscrito y deberá aportarse en versión original. Además, la documentación incluye dos cuadros resumen del presupuesto del proyecto con importes distintos —uno de aproximadamente 20 millones de euros y otro de 3 millones— sin que quede claro cuál es el correcto, por lo que se requerirá aclaración sobre a cuál de los dos proyectos corresponde la garantía provisional aportada. Por último, falta el certificado de estar al corriente de pagos con la APB por parte de uno de los avales de Club Náutico de Sant Antoni.
En el caso de Puertos y Litorales Sostenibles, las cuentas anuales presentadas para acreditar la solvencia económica están fechadas hasta el 31 de mayo de 2025, y la Mesa ha indicado que no puede hacer suposiciones sobre la situación actual, por lo que pedirá que se aporten las cuentas vigentes.
Además, el seguro de caución presentado como garantía provisional aparece firmado únicamente por el representante de la empresa, lo que —según la Mesa— deslegitima su autenticidad. Deberá aportarse el documento firmado por la entidad emisora del seguro.
De esta forma, la apertura del Sobre 2 queda en suspenso hasta que ambos candidatos subsanen las deficiencias requeridas.
«Se trata de un trámite habitual dentro de los procedimientos de resolución de concursos por el otorgamiento de concesiones que no supone la paralización ni la alteración del calendario ordinario de la licitación, que continúa su curso de acuerdo con lo que establecen los pliegos», detallaron desde la APB.
Lo que se decide
Quien resulte adjudicatario asumirá la gestión de 33.352 metros cuadrados de dominio público portuario —25.487 de espejo de agua y 7.866 de superficie terrestre— durante un máximo de 25 años, con una inversión comprometida que rondará los 20 millones de euros repartidos en dos fases.
El canon anual fijo asciende a 364.746,93 euros, al que se añade un 4% del volumen de negocio en concepto de tasa de actividad.
El modelo que exige el pliego no es el de una marina comercial convencional. Con 30 de los 100 puntos de valoración vinculados al gasto deportivo anual comprometido —con un mínimo obligatorio de 550.000 euros a partir del cuarto año—, la APB busca una entidad que combine la gestión de amarres con un programa de vela y piragüismo de envergadura, sin ánimo de lucro.
