El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza estimó la medida cautelar solicitada por la empresa Inversiones Hoteleras Faro para desalojar de inmediato la finca de Sant Josep conocida como Casa Lola, donde decenas de personas venían viviendo desde hace meses, según informó la defensa jurídica de la empresa en un comunicado.
La propiedad presentó el pasado 2 de julio una denuncia contra los ocupantes por un presunto delito de usurpación y solicitó desde el primer momento el desalojo cautelar inmediato, fundamentado en los «graves riesgos» para la seguridad de las personas, la propiedad, el vecindario y el medio ambiente.
Desde la denuncia, la situación en Casa Lola no hizo sino agravarse. El asentamiento registró incidentes violentos, agresiones, incendios y numerosos problemas de convivencia, que culminaron con la muerte de un hombre de 48 años por el incendio de una de las infraviviendas levantadas en el interior del recinto.
La resolución judicial confirma, según la defensa de la propiedad, que Inversiones Hoteleras Faro había adoptado las medidas legales a su alcance para poner fin a la ocupación desde el primer día, pese a «algunas informaciones malintencionadas» que, según afirman, se difundieron entre los vecinos para «confundirles» sobre las actuaciones jurídicas en curso.
La propiedad niega haber cobrado alquileres
La defensa jurídica de la empresa aprovechó el comunicado para desmentir las «informaciones falsas» difundidas en los últimos días, según las cuales «la propiedad estaría percibiendo alquileres de los ocupantes o lucrándose de algún modo de la situación existente en Casa Lola».
«Tales afirmaciones carecen de fundamento y resultan incompatibles con las actuaciones emprendidas por la propia propiedad, que fue quien interpuso la denuncia el pasado 2 de julio», señalaron. La mejor prueba de ello sería, según el despacho, la propia resolución judicial obtenida como consecuencia de su iniciativa procesal.
Desalojo coordinado con Guardia Civil y Policía Local
Una vez obtenida la autorización judicial, la propiedad manifestó su «plena disposición» para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep en la organización del dispositivo de desalojo, con «la mayor celeridad posible» y bajo la coordinación de las autoridades competentes.
«Después de meses reclamando una solución jurídica, hoy se puede decir que se ha dado el paso decisivo para recuperar Casa Lola. La propiedad confía en la actuación de los tribunales y ha utilizado exclusivamente las vías que ofrece el Estado de Derecho», concluyó la defensa.
