La historia de Casa Lola, situada en la parroquia de Es Cubells, en Sant Josep, es la de una antigua villa de lujo que pasó de protagonizar una larga batalla por construcciones ilegales a convertirse en un asentamiento de caravanas, tiendas de campaña e infraviviendas en el que llegaron a residir cerca de 200 personas.
La finca, vinculada a la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, acumula más de una década de conflictos urbanísticos, procedimientos judiciales y controversias políticas. En los últimos meses, además, se convirtió en escenario de episodios violentos, incendios y denuncias de inseguridad, entre ellos un fuego que acabó con la vida de un hombre de 48 años.
Este martes 27 de octubre, a las 9.00 horas, está previsto que la Guardia Civil ejecute el desalojo ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, con la participación de agentes de la Policía Local y un equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep.
De villa de lujo a símbolo de las construcciones ilegales en Ibiza
Mucho antes de convertirse en un asentamiento, Casa Lola ya era conocida por sus problemas urbanísticos. La finca albergaba una lujosa villa construida en suelo rústico protegido, con piscinas, edificaciones anexas y otras instalaciones levantadas sin las autorizaciones correspondientes.
En 2013, los celadores municipales constataron la existencia de numerosas obras ilegales. El procedimiento dio lugar a una larga batalla administrativa y judicial que terminó con la demolición de buena parte del complejo.
En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Sant Josep ejecutó el derribo subsidiario de más de 2.000 metros cuadrados de construcciones ilegales. La intervención incluyó el desalojo de los ocupantes que entonces se encontraban en el inmueble y terminó con tres detenidos por resistencia a la autoridad.
La casa principal, varias instalaciones y las piscinas fueron desmanteladas, aunque permanecieron en pie parte de la estructura original y un anexo que había servido como vivienda para el personal. La demolición, sin embargo, no puso fin a los problemas de Casa Lola.
La finca también había estado relacionada con expedientes por alquiler turístico ilegal. En agosto de 2022 trascendió que el Consell de Ibiza había impuesto sanciones que superaban los 200.000 euros por esta actividad.
En mayo de 2024 se conoció, además, que Francisca Sánchez Ordóñez había sido condenada al pago de una multa cercana a los 20.000 euros y a tres meses de inhabilitación para ejercer como promotora urbanística por las obras ilegales.
La transformación de Casa Lola en un asentamiento
Después de la demolición, la finca continuó siendo escenario de ocupaciones. La situación adquirió una nueva dimensión durante 2026, cuando proliferaron las instalaciones precarias y aumentó la preocupación entre los vecinos de Es Cubells.
Con el paso de los meses, Casa Lola terminó convertida en un asentamiento formado por caravanas, tiendas de campaña, chabolas y otras estructuras improvisadas. Las imágenes obtenidas por La Voz de Ibiza mostraron tiendas reforzadas con lonas, viviendas precarias, vehículos, materiales acumulados y residuos distribuidos por la parcela.
El número de residentes fue aumentando hasta alcanzar una estimación de cerca de 200 personas, aunque la cifra exacta resultaba difícil de determinar debido al movimiento constante de ocupantes.
La situación provocó numerosas quejas de vecinos del entorno, que denunciaron problemas de convivencia, episodios de violencia y preocupación por la seguridad.
La ocupación también planteó dificultades para las administraciones, tanto por las condiciones en las que residían numerosas personas como por la proliferación de nuevas estructuras en una finca que ya acumulaba antecedentes por infracciones urbanísticas.
Dos expedientes caducados y nuevas obras ilegales
A los problemas derivados de la ocupación se sumó la situación urbanística de la finca.
En julio de 2026, el PSOE llevó el caso al pleno del Ayuntamiento de Sant Josep y reclamó una actuación urgente ante la proliferación de nuevas construcciones sin licencia.
Durante el debate se puso de manifiesto que dos expedientes sancionadores habían caducado. La oposición también denunció la existencia de nuevas obras ilegales cuya valoración situó en 2,4 millones de euros.
El alcalde, Vicent Roig, rechazó las críticas y aseguró que el Consistorio había seguido actuando sobre el caso.
La controversia reflejó las dificultades para resolver una situación en la que coincidían procedimientos urbanísticos, una ocupación denunciada judicialmente y problemas de convivencia.
El enfrentamiento entre Paquita Marsan y Vicent Roig
La tensión institucional aumentó a finales de julio, cuando el alcalde acusó públicamente a Paquita Marsan de haber favorecido la ocupación de su propia finca.
La empresaria había presentado el 2 de julio de 2026, a través de la sociedad propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, una denuncia por usurpación para recuperar la posesión del inmueble.
Las diferencias volvieron a hacerse públicas en septiembre, cuando Roig sostuvo que la propiedad estaba impidiendo una inspección municipal de Casa Lola.
El Ayuntamiento también trasladó a las instancias competentes informaciones sobre presuntos pagos realizados por personas que residían en el asentamiento, con el objetivo de determinar si podían tener relevancia penal.
Por su parte, el abogado de Marsan, Juan Carlos Rodríguez Tur, negó que la propietaria estuviera cobrando alquileres a los ocupantes y rechazó las acusaciones municipales.
El letrado acusó al alcalde de utilizar políticamente el conflicto y defendió que la solución debía llegar por la vía judicial.
De esta manera, el caso terminó enfrentando públicamente a la propiedad y al Ayuntamiento, mientras continuaba aumentando la preocupación por lo que sucedía dentro del asentamiento.
Los episodios de violencia y la muerte de un hombre
La situación de Casa Lola adquirió una dimensión todavía más grave durante el verano de 2026.
En julio se produjo un episodio violento en el que, según la información publicada entonces, un residente roció con gasolina a otra persona y le prendió fuego durante una disputa. El suceso terminó con una detención.
Pero el episodio más grave llegó el 27 de septiembre de 2026.
Ese domingo se declaró un incendio en una de las infraviviendas del asentamiento. Un hombre paraguayo de 48 años sufrió quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo y fue trasladado en estado crítico al Hospital Can Misses.
La víctima falleció horas después.
La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer el origen del fuego, sin descartar que pudiera haber sido provocado. Posteriormente, varias patrullas recorrieron el asentamiento en el marco de las pesquisas.
La muerte volvió a poner el foco sobre las condiciones del asentamiento y sobre el procedimiento judicial que la propiedad ya había iniciado para recuperar la finca.
La Justicia ordena el desalojo inmediato
El 30 de septiembre de 2026, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza acordó el desalojo inmediato de Casa Lola como medida cautelar dentro de un procedimiento por un delito leve de usurpación.
La resolución consideró que existían indicios de una ocupación con vocación de permanencia, sin autorización de la propiedad ni título que legitimara la posesión.
El auto también tuvo en cuenta que las personas que residían en la finca habían ido cambiando con el tiempo, por lo que la medida podía alcanzar a ocupantes que no hubieran sido identificados previamente.
Aunque la orden judicial autorizaba el desalojo inmediato y el uso de la fuerza pública si resultaba necesario, no establecía una fecha concreta para ejecutarlo.
La Guardia Civil comenzó entonces a preparar el dispositivo policial, que requería coordinación entre distintos cuerpos y servicios debido al elevado número de personas que podían encontrarse en el terreno.
Los ocupantes pidieron más tiempo y algunos comenzaron a marcharse
Durante los primeros días de octubre circularon distintas versiones sobre la fecha del operativo.
Entre los residentes se extendió la información de que el desalojo se produciría el 6 de octubre, aunque la Guardia Civil descartó posteriormente esa posibilidad.
Los ocupantes reclamaron al menos 15 días de margen para poder abandonar el asentamiento y encontrar una alternativa.
Mientras se preparaba la intervención, algunos comenzaron a marcharse voluntariamente.
Vecinos de Es Cubells alertaron a La Voz de Ibiza de que varias personas que, según sus testimonios, procedían de Casa Lola se estaban trasladando a una propiedad situada justo enfrente.
Este periódico comprobó entonces la presencia de una caravana y una vivienda parcialmente en obras en ese terreno, aunque esa observación no permitía determinar por sí sola la procedencia de sus ocupantes.
La situación abrió un nuevo interrogante: si el desalojo de Casa Lola supondría el final del asentamiento o si parte de sus residentes terminarían instalándose en otras fincas próximas.
El futuro de Casa Lola después del desalojo
La propiedad ha anunciado que, una vez recuperada la posesión, desplegará un operativo de seguridad privada para impedir nuevas ocupaciones.
También tiene previsto precintar y tapiar los accesos, limpiar el terreno y retirar las construcciones precarias, además de evaluar las posibilidades de rehabilitación del inmueble.
El abogado de Marsan ha advertido de que la recuperación de la finca podría exigir una inversión millonaria, aunque todavía no existe una valoración definitiva de los daños.
Por ahora, tampoco se ha confirmado si la empresaria pretende retomar alguno de sus antiguos proyectos para la propiedad.
La situación de las personas que han residido en Casa Lola constituye otra de las cuestiones pendientes. El operativo previsto para este martes contará con la participación de Servicios Sociales, aunque no se ha concretado públicamente qué alternativas habitacionales podrían ofrecerse a quienes abandonen el terreno.
Después de más de una década de conflictos urbanísticos, sanciones, demoliciones y procedimientos judiciales, Casa Lola afronta una nueva etapa.
El desalojo previsto para este martes 27 de octubre podría cerrar el capítulo del asentamiento, pero no necesariamente todos los problemas vinculados a la finca. Quedarán pendientes su recuperación, el futuro urbanístico de la propiedad y la situación de las personas que, durante los últimos meses, encontraron allí un lugar donde vivir.
