URBANISMO A LA CARTA

El Corso se queda sin salidas en el Ayuntamiento de Ibiza y abre tres batallas para no perder la licencia

El Consistorio ha denegado el proyecto modificado con el que la promotora pretendía corregir el exceso de ocupación y ha archivado la legalización abierta desde 2016; Turismo Balear y Lío Ibiza han recurrido ambas decisiones y también la suspensión de las obras.
Triguero evitó responder los cuestionamientos sobre la licencia de macrodiscoteca en el Hotel Corso.

La reforma del Hotel Ibiza Corso se ha quedado sin recorrido en vía municipal. El Ayuntamiento de Ibiza ha denegado el proyecto modificado con el que la promotora pretendía corregir el defecto que hizo descarrilar su licencia, y ha archivado el expediente de legalización que permanecía abierto desde 2016, el que sostenía el argumento del uso recreativo preexistente.

Las dos decisiones han abierto un pulso que sigue vivo. Contra ellas han presentado recurso tanto Turismo Balear, S.A., titular de la licencia, como Lío Ibiza, S.L., la mercantil llamada a explotar el espacio de ocio, que ha solicitado además que se suspendan los efectos del archivo. Las vecinas recurrentes han alegado en contra de todos ellos en escritos presentados a lo largo de las últimas semanas.

El modificado, denegado

La corrección era la última carta en vía municipal. Después de que los servicios técnicos reconocieran en julio que el proyecto superaba el límite legal de ocupación exigido por el régimen excepcional con el que se tramitó, la promotora presentó el 21 de septiembre un proyecto modificado que reducía ese parámetro.

El Consistorio lo denegó mediante el Decreto núm. 2026-7991, de 23 de octubre, previo informe técnico e informes jurídicos emitidos dos días antes. La resolución fue aportada por el propio Ayuntamiento a la pieza de medidas cautelares que se tramita en uno de los procedimientos judiciales abiertos contra la licencia.

La decisión es coherente con el criterio que el Consell de Ibiza había fijado en julio: que no cabe admitir un proyecto modificado para volver a acogerse al artículo 7 de la Ley 2/2020, derogado en abril de 2025, y que una modificación dirigida a reducir la ocupación exigiría valorar una actuación distinta, con un informe insular nuevo.

El expediente de 2016, archivado

El otro movimiento significativo en la disputa para construir una macrodiscoteca en el Hotel Corso tiene que ver con el papel que sostenía el argumento del uso recreativo previo. En 2016, la promotora ejecutó obras en las dos plantas inferiores del hotel para destinarlas a restaurante y sala de fiestas, sin licencia, y solicitó después legalizarlas. El Ayuntamiento le requirió documentación que no llegó a aportar, y el expediente quedó abierto, sin resolver, durante casi una década.

El Consistorio lo dio por desistido y acordó su archivo mediante el Decreto núm. 2026-6960, de 28 de agosto. Mientras ese expediente seguía vivo, permitía presentar aquellas obras como pendientes de legalización y, con ello, sostener que en el edificio existía un uso recreativo al que agarrarse.

De ahí la reacción. Lío Ibiza, S.L. interpuso recurso de reposición contra el archivo y pidió que se suspendiera; Turismo Balear, S.A. hizo lo propio. Las recurrentes presentaron alegaciones contra ambos el 4 de noviembre, solicitando que se confirme el archivo y se deniegue expresamente la suspensión.

Tres frentes a la vez

Todo ello ocurre con las obras detenidas. La licencia urbanística núm. 11/2026 está suspendida desde el 17 de septiembre, cuando el Consistorio acordó paralizar su eficacia y dispuso que «no podrán iniciarse ni ejecutarse las obras amparadas por esta licencia». La razón que dio entonces es la misma que ahora le ha llevado a rechazar el modificado: que el proyecto supera el límite máximo de incremento de ocupación y que seguir construyendo «podría dificultar la efectividad de la resolución que finalmente se adopte». La suspensión se mantendrá, según la propia resolución, hasta que se resuelva el recurso de reposición pendiente.

Turismo Balear ha recurrido la resolución por la que el Ayuntamiento suspendió la eficacia de la licencia. También ahí las recurrentes de Illa Plana han alegado en contra.

El expediente acumula así tres frentes simultáneos solo en vía municipal: el recurso contra la licencia que sigue sin resolverse, los recursos contra el archivo del expediente de 2016 y los recursos contra la suspensión. A ellos se suman tres procedimientos contencioso-administrativos abiertos en los juzgados de Palma.

Es a ese conjunto de actuaciones al que aludía esta semana el presidente de la división ibicenca de Trilantic, el fondo de inversión que compró Pacha a la familia Urgell, Julio Bruno, al afirmar en declaraciones a Diario de Ibiza que están «ayudando a la propiedad del Corso a seguir peleando por lo que es justo y por la licencia de obras que tiene». Esa licencia, no obstante, permanece suspendida desde el 17 de septiembre por decisión del propio Ayuntamiento.

Los vecinos, que no se fiaban de esa parálisis, acudieron a los tribunales el 1 de octubre para pedir que sea un juez —y no el Ayuntamiento— quien decida sobre su mantenimiento. Su temor era que el Consistorio pudiera levantarla por su cuenta, dado que la había acordado por decisión propia y se reservaba expresamente revertirla «cuando se constate la desaparición» de las circunstancias que la motivaron. En ese mismo escrito solicitaron que la suspensión alcanzase también a las declaraciones responsables.

La disputa lleva meses. La licencia se concedió el 9 de febrero partiendo de que en el establecimiento existía una sala de fiestas legalmente implantada de 1.167,34 metros cuadrados, a la que por ello no alcanzaría la prohibición de nuevas salas de fiesta del Plan General de 2023. El 7 de julio, al resolver un recurso vecinal, el propio Ayuntamiento rectificó esa premisa y declaró que no consta título habilitante alguno de esa actividad. Desde entonces, la explicación municipal sobre qué uso ampara el edificio ha ido variando: primero esa sala de fiestas, después un servicio complementario reservado a los huéspedes y, más tarde, una antigua licencia de sala de baile de 1997 que —sostuvo ante el Consell— amparaba una actividad autónoma y abierta al público.

Qué queda

Con el modificado denegado y la legalización archivada, al proyecto le queda la vía que reactivó la declaración de zona turística saturada y de reconversión publicada el 15 de octubre: el régimen extraordinario de la disposición adicional cuarta de la Ley Turística, que exigiría un proyecto nuevo y un informe insular nuevo.

Pendiente sigue también la decisión del Consell. Su Comisión de Ordenación Turística debe pronunciarse sobre la revisión del informe favorable de octubre de 2025, el documento preceptivo y vinculante sin el cual la licencia no podía haberse otorgado. El órgano se reunió el 22 de octubre pero no llegó a votar: varios de sus miembros pidieron someter antes un punto a los servicios jurídicos. De lo que acuerde depende no solo si ese informe se mantiene, sino con qué alcance, una distinción de la que dependen la validez de la licencia y las eventuales responsabilidades económicas.

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