Joan Marí Riera hace honor a su rol de azote del taxi. El miembro de la directiva de la Agrupación de Autotaxis de las Islas Baleares, integrada en CAEB y también en la Federación Empresarial Balear de Transporte, no ceja en su empeño, hasta ahora baldío, de acabar con el irregular funcionamiento del GPS gestionado por su compañeros de la FITIE. Tras haber denunciado sin éxito ante el Consell, Govern y Ayuntamiento de Ibiza las irregularidades confesas en la asignación de los servicios, el siguiente paso es acudir al Defensor del Pueblo.
Su malestar ante la falta de respuesta de las administraciones competentes a sus denuncias y, por lo tanto, su complicidad con la irregularidad se ha agravado con el incremento de las tarifas del servicio de GPS que la FITIE cobra obligatoriamente a cada taxista como refleja la ordenanza municipal.
Ya ha sido aprobado un aumento de la cuota del servicio de GPS que pasará a costar 105 euros mensuales a partir de junio para las licencias fijas. A las estacionales ya les aplica el incremento y en las licencias fijas será para el próximo mes. «En el municipio de Ibiza han pedido autorización para subirlo 10 euros y se le ha aprobado».
Joan Marí no entiende que la administración obligue a los taxistas a pagar por un servicio que no cumple la regulación.
Tras ello, va directo al grano y asegura: «No debemos pagar por un GPS que incumple la ley, mientras el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza miran para otro lado y encima se aprueban aumentos».
Por otro lado, insiste que le parece sorprendente un aumento de 10 euros, al mismo tiempo que la FITIE reconoce que no cumple la ley y, además, cuando la administración lo sabe. «Así y todo avala que la cuota se vaya a 105 euros. Se entiende que han subido los costes, pero estamos pagando por algo que la ley marca cómo se debe prestar y no sucede: si no se presta correctamente ¿por qué lo debo pagar?», interroga.
Nuevos escritos
Tras diferentes escritos al Govern, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Vila, el combativo integrante de una de las agrupaciones minoritarias del sector del taxi no está dispuesto a parar:
«A partir de ahora está claro que deberemos presentar nuevos escritos, no solo a las administraciones sino también al Defensor del Pueblo o hasta en los juzgados. Es necesario que intervengan porque la administración no contesta, aunque está obligada a decir algo cuando se denuncia el incumplimiento de una ley».
Para Riera, «es tan sencillo como exigirle a la FITIE que cambie la forma de programar el sistema». «Si a la Federación no le gusta cómo está redactada la normativa, que pida que se cambie, pero debe incumplirla. No es quién tiene razón, o si se ha hecho mal o bien. Solo pedimos que se aplique la ley», reclama.
Asimismo, apunta directamente a la complicidad del Ayuntamiento de Ibiza por no hacer nada para frenar las malas praxis de una entidad con la que tiene un convenio firmado.
El silencio cómplice
Su molestia se incrementa ante la falta de repuesta: «Uno podría aceptar que se informe cómo se está trabajando para cambiar lo que está mal. Pero ni siquiera contestan cuando lo que estoy exigiendo es que cumplan la ley. En este punto tampoco hace falta que esto sea una petición masiva: con que lo exija una persona ya es suficiente», aclara en relación a la debilidad que supone que sea una petición minoritaria.
Área mancomunada
El servicio de GPS y el decreto 05/2022 son parte de un mismo problema que afecta al pasajero, pero que solo podrá superarse con la tan mentada área de prestación conjunta: «Somos conscientes de que para regular bien el servicio tiene que haber un área de prestación conjunta«.
Insistente, Joan Marí advierte de que seguirá solicitando que los viajes se asignen como dice la ley: «Lo van a tener arreglar o cambiar, sí o sí. Para regularlo bien tienen que aprobar un área de prestación conjunta porque sin área, este decreto no funciona. Incluso es llamativo que el Consell haya pedido datos para sancionar a quien rechace servicios, pero habrá que ver cómo ha de hacerlo si las propias administraciones no lo están cumpliendo o eres el primero en incumplir».
Reconociendo las dificultades del colectivo, Riera acepta que la realidad es que a muchos taxista les da igual: «Porque permite que muchos cojan el servicio que les interesa, sin embargo esto afecta directamente a que el servicio no sea de calidad. Si se corrige tendrían que cumplir la norma, porque hoy por hoy cada quien rechaza lo que quiere y coge los pasajeros que le va bien. Cada municipio lo hace a su manera porque no hay forma de saber cómo está regulada la asignación de servicio, porque es diferente en cada municipio por más que la regulación sea insular, entonces todos hacen lo que se les da la gana».
Presentaciones ante el Consell
Joan Marí Riera ya había exigido al Consell de Ibiza que haga cumplir el Decreto Ley 5/2022, de 16 de mayo, con especial foco en su apartado 2.6 que regula la prestación del servicio mediante un GPS a cargo de la Federación Insular de Taxis de la Isla de Ibiza (FITIE).
Allí requería «que haga cumplir a la FITIE, mientras sea la gestora del servicio de GPS en la isla de Ibiza, de una vez por todas y con responsabilidad, con el establecido en el Decreto Ley 5/2022, disposición adicional única, apartado 2.6». Y en su exposición, Riera recordaba que el pasado 11 de febrero se remitió a este Consell escrito denunciando el incumplimiento del Decreto Ley 5/2022, de 16 de mayo, a su disposición adicional única, donde se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza.»
A su vez, argumentaba que, según el departamento técnico jurídico de la Dirección General de Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, quienes tiene la competencia para resolver y hacer cumplir el Decreto Ley 5/2022 en cuanto a la gestión del servicio de GPS es el Consell Insular de Ibiza, según la respuesta a uno de sus escritos.
Ayuntamiento de Ibiza
En un escrito más actual, del 14 de abril, también había peticionado ante las autoridades locales del Ayuntamiento de Ibiza para que se tomen medidas contra la operadora del servicio de GPS, FITIE.
Esta petición surgía a raíz del incumplimiento evidente de las regulaciones establecidas por el Decreto Ley 5/2022 del Govern de les Illes Balears en cuanto a la asignación de servicios de taxi mediante tecnología de posicionamiento por satélite.
En el comunicado, Riera hacía referencia a otro escrito previo enviado el 11 de febrero de 2024 al Ayuntamiento, donde se denunciaba el desacato por parte de FITIE a las disposiciones legales y citaba declaraciones públicas del entonces presidente de FITIE, Toni Roig, admitiendo la falta de aplicación de las normativas pertinentes.
El texto presentado expresaba que la regulación del servicio de GPS en el municipio de Ibiza está claramente definida por el Reglamento de gestión y el Reglamento de funcionamiento, establecidos en 2013 y 2014 respectivamente.
Entre estas obligaciones -señalaba Riera- se incluye la colaboración con el Ayuntamiento y la estricta adherencia a las normativas de gestión del servicio.
Sin embargo, a pesar de estas disposiciones, los titulares de licencias de auto taxi están experimentando una clara falta de cumplimiento por parte de FITIE.
Ante esta situación, Joan Mari Riera instaba al Ayuntamiento a ejercer su autoridad y requerir a FITIE para que cumpla de inmediato con las disposiciones establecidas en el convenio firmado y en el Decreto Ley 5/2022 del Govern de les Illes Balears. Esta acción es vista como fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de taxi en el municipio de Ibiza y para proteger los intereses de los usuarios y los profesionales del sector.
