La Fiscalía de Ibiza ha interpuesto una querella contra los administradores de Marina de Formentera, después de que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) iniciara una reclamación judicial por la okupación durante la temporada estival de 2022 instalaciones públicas sin el correspondiente título habilitante, tal como avanzar La Voz de Ibiza.
A los administradores se los acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia y usurpación, según han confirmado desde la sede judicial a este medio. En el caso de ser juzgados, se enfrentan a penas que superan los 12 años de prisión.
El trámite de la Fiscalía ya ha sido aceptado y ha recaído en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Ibiza, en el marco del procedimiento DPA 1377/24.
El primer paso lo había dado el Consejo de Administración de la APB cuando el 18 de abril pasado “acordó dar traslado al Ministerio Fiscal de la posible comisión de varios delitos por parte de Marina de Formentera como consecuencia de su negativa a la devolución del dominio público portuario que ocupó ilegalmente”.
En la resolución, a la que tuvo acceso La Voz de Ibiza, consta que se ha acordado por unanimidad la “propuesta de comunicación al Ministerio Fiscal de las actuaciones relacionadas con la negativa de MDF (Marina de Formentera) de hacer entrega de las instalaciones de la concesión administrativa para la Gestión de puestos de amarre en la dársena interior de poniente del puerto de la Savina”.
De qué se los acusa
Esta apertura judicial se ha producido debido a que Marina de Formentera estuvo de okupa durante casi cinco meses. Es que, un día antes de que finalizara la concesión el 27 de mayo de 2022, sus responsables anunciaban que no iba a abandonar las instalaciones portuarias de la dársena de poniente de la Savina a la espera de la resolución del recurso contencioso que había presentado después de que la APB le denegara una prórroga por 35 años.
En una rueda de prensa, el representante de la firma, Ángel Bustos, acompañado por el abogado Francisco Javier Jiménez Cisneros de Cid adelantaban tal decisión y acusaban a la APB de actuar de manera “discriminatoria” al no otorgarle una prórroga.
Por eso, habían acudido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para revertir la decisión de la APB del 23 de febrero de 2022 en las que se le denegaba la extensión de la concesión.
Con esto, Marina de Formentera se transformaba en okupa durante toda la temporada estival, la de mayor rédito económico y obteniendo un importante beneficio lucrativo, algo que nunca se había producido en la historia de la APB.
Por eso, el presidente del organismo de ese momento, Francesc Antich, debió elevar al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una demanda de desahucio ya que Marina Formentera no contaba con el título habilitante para poder hacerlo.
Esto imposibilitó durante aproximadamente cuatro meses y medio a que Port Med Formentera, del grupo de Nicolás Mayol, tomara posesión de la concesión para la gestión de puestos de amarre y locales en la dársena interior de poniente que había ganado en concurso público para la ocupación temporal de un máximo de tres años con una oferta de 1,5 millones de euros, que triplicaba el canon de salida del concurso.
Recién el 4 de octubre de 2022, Marina de Formentera anunció que abandonaba motu propio ante el inminente desahucio forzoso de la APB.
