La rueda de prensa de Llorenç Córdoba del pasado lunes ha dejado esquirlas en todos los grupos políticos de Formentera, que dibuja una situación de corrupción generalizada que involucra al PP, Compromís, PSOE y Gent per Formentera.
Uno de los puntos abordados por el presidente del Consell Insular ha sido la incompatibilidad de Javier Serra, tal como había avanzado La Voz de Ibiza en julio pasado.
Es que el presidente de Compromís además tenía una participación del 22,40% en la empresa Marina de Formentera de la que supuestamente se habría desprendido tras la revelación de este medio.
Esto ha generado una situación de incompatibilidad durante el año en el que ejerció de vicepresidente, por lo que el Consell ha puesto en acción la revisión y posible nulidad de los actos, votaciones y contratos en los que Serra ha tenido participación.
Para eso, Córdoba explicó haber solicitado un informe al secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro, para analizar exhaustivamente todas las decisiones en las que Serra haya participado.
Córdoba añadido que esta petición, de momento, ha sido ignorada por el secretario. “Pedí un informe urgente al señor secretario y aún no se me ha contestado”, apuntó Córdoba esta semana.
Durante la rueda de prensa, el presidente insular dijo que esta documentación se encuentra dentro de las tres presentaciones ante la Fiscalía Anticorrupción que estaría investigando la UCO de la Guardia Civil en las pesquisas previas necesarias para determinar si hay motivos suficientes para interponer querellas contra los implicados.
“La denuncia contra el conseller Serra se presentó después porque yo no tenía conocimiento hasta junio de que esta situación se mantuviera así al inicio de la legislatura. Todos los consellers sabían que tenía esta incompatibilidad, pero nos dijo que la había resuelto y no volví a hablar del tema hasta que él mismo lo confirmó y lo declaró públicamente. Así es como han sucedido las cosas”, agregó Córdoba.
Además, dijo que “tan pronto como surgió, solicité al secretario un informe urgente para saber en qué situación nos encontrábamos con este conseller, quien claramente manifestó que era incompatible, pero hasta la fecha no he recibido ningún informe al respecto”.
Su doble función
Javier Serra ha declarado tanto pública como legalmente su participación en Marina de Formentera SA.
Sin embargo, la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece un límite del 10% para la participación en empresas que contraten con la administración pública.
Justamente Marina de Formentera S.A. tiene -desde 2010 – la autorización para la explotación de locales y despachos en el Edificio B del puerto de la Savina.
La concesión abarca un local de 207,55 m² en planta baja y 492,82 m² en planta alta, destinados a oficinas para empresas vinculadas al tráfico marítimo, con una duración de la concesión de 14 años y con un presupuesto base de 24.262 euros y tasas anuales totalizando 43.000 euros.
La naturaleza de la norma
Esta restricción del 10 % de participación en empresas que mantengan contratos con la administración pública tiene por objetivo prevenir conflictos de interés y asegurar la imparcialidad y transparencia en la gestión pública.
En el caso de Javier Serra, su participación en Marina de Formentera no solo excede el límite permitido, sino que también genera dudas sobre la influencia que podría haber tenido en las decisiones y contratos adjudicados a esta empresa u otras que sean de un interés indirecto.
Córdoba ha señalado en varias oportunidades que la oposición no ha abordado este tema, permitiendo que la situación persista sin las acciones correctivas necesarias.
