No solo los concesionarios de los kioscos de playa han quedado contra las cuerdas tras los contundentes informes -tanto técnico como jurídico- que propone la caducidad de la concesión otorgada por la Conselleria del Mar y Ciclo de Agua del Govern: el Consell Insular de Formentera también se encuentra en una incómoda situación por las complicidades del equipo de Gobierno de Sa Unió desveladas por los documentos y avanzadas por La Voz de Ibiza del concurso bajo sospecha.
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Por eso, ahora ha tomado un cambio de postura casi surrealista: reconoce la obligatoriedad de desmontar los chiringuitos durante un mes, a pesar de las artimañas y tretas que desplegó durante el invierno pasado para evitar tal procedimiento que se encuentra en el Reglamento de Costas, el título concesional y los pliegos de la licitación.
Desde el Consell han avanzado esta semana a este medio que desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha dado traslado a estos negocios para que cumplan con la orden de estar desmontados el 15 de enero.
En tanto, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha manifestado en el último pleno que “desde hace días también están notificados recordándoles que el título concesional establece que del 15 de enero al 15 de febrero deben estar desmontados —no empezar a desmontar, sino estar desmontados—, y que recuerden también que eso lo firmaron en el contrato, que cuando firmaron el contrato ya constaba”.
Esta postura va en dirección contraria a los intentos de amaño para evitar tal obligación por parte de Sa Unió.
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En su momento, el Consell -ya presidido por Óscar Portas y con Castelló como responsable de Medio Ambiente- se plegó a la postura de los concesionarios de los lotes de playa y calcó el informe de los propietarios al considerar que “desmontar las instalaciones implicaría un perjuicio para Formentera y que no se ajusta al objetivo del concurso, que precisamente es paliar la desestacionalización”.
Desde el Consell sostuvieron en aquel momento que “desde el año 2013 los kioscos de playa también tenían la obligación de ser desmontados porque contaban con unas autorizaciones temporales que se prorrogaban para desempeñar la actividad durante el invierno. Razón por la que el Consell de Formentera solicitó que en el actual concurso el título habilitante fuera una concesión administrativa, lo que implicaría no tener que desmontar”.
Además, basaban su petición en que no se detallaba qué meses se fijaba como temporada. “Sí que se hace referencia al hecho que los establecimientos tienen que ser desmontables, pero en ningún caso que se tengan que desmontar cada año”, apuntaban.
Sin embargo, la respuesta negativa del Govern “denegando las medidas cautelares por este año” no dejaba ningún tipo de dudas: debían desmontar.
Además, en su clara connivencia con los chiringuiteros, otorgó una irrisoria multa de 1.500 euros por incumplir el desmontaje durante 2025 -propuesta que salió de boca de los propios concesionarios-, a pesar que los técnicos del Govern consideraron que se trata de una falta grave y que le cabe la rescisión fulminante de la concesión.
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