»Creemos que el motivo por el cual se ha decidido dejar caducar las Normas (Provisionales de Planeamiento) es para no tener que tener una resolución desfavorable de los Tribunales». Así lo afirmó a La Voz de Ibiza el abogado Víctor Soriano, del despacho Soriano i Piqueras, que representa a cerca de veinte propietarios y promotores con intereses en Sant Josep y que en febrero recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) la suspensión de las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio, vigentes desde 1986.
Y este martes ha recibido una buena noticia a partir del avance de este medio. Las normas urbanísticas del municipio vuelven a foja cero. O, mejor dicho, retroceden 40 años.
Según su reconstrucción, el TSJB reclamó a la administración el expediente del recurso —paso previo indispensable para que sus clientes pudieran formalizar la demanda— y la administración nunca llegó a remitirlo: en su lugar, dejó caducar las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) que habían sustituido a las NNSS, lo que ha devuelto automáticamente la vigencia a la normativa de 1986.
Para el abogado, esta decisión está ligada a la reclamación judicial de los propietarios y promotores con intereses en distintos puntos del municipio —entre ellos Es Cubells, Vista Alegre, Cala Vedella y Cala Tarida— y que en febrero de este año recurrió ante el TSJB el acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (CIOTUPHA) del 15 de diciembre de 2025.
«Entendemos que sí», responde Soriano al ser preguntado si atribuye la caducidad de las NPP a la presión de su recurso y de otros presentados en paralelo.
«Se han interpuesto al menos tres recursos administrativos. Creemos que justamente el motivo por el cual se ha decidido no remitir el expediente y dejar caducar las normas es para no tener que tener una resolución desfavorable de los tribunales», sostiene el letrado, que atribuye la decisión de la administración a «la evidencia de que la suspensión no estaba suficientemente motivada».
Qué pedía el recurso
Soriano i Piqueras impugnó específicamente el primer punto del acuerdo de la CIOTUPHA: el que suspendía la vigencia de las Normas Subsidiarias en suelo urbano, suelo apto para urbanizar y sistemas generales de equipamientos en suelo rústico, dejando fuera del recurso la aprobación de las propias NPP.
El argumento central no apuntaba tanto al contenido de las nuevas normas provisionales como a la falta de justificación para suspender las anteriores.
«Lo que entendíamos es que por parte de la administración no se había fundamentado por qué las normas subsidiarias vigentes, las de 2003 —el texto refundido de las NNSS de 1986—, ya no eran válidas. Se puede perfectamente seguir aplicando las normas subsidiarias anteriores hasta que se apruebe el nuevo plan (PGOU), salvo que haya verdaderamente una motivación que justifique que esto no sea así. En este caso no había esa causa», afirma Soriano.
«Satisfacción extraprocesal»
Con la caducidad de las NPP y el regreso automático de las NNSS de 1986 —o, más precisamente, de su texto refundido de 2003—, el despacho considera cumplido el objetivo del recurso sin necesidad de esperar una sentencia.
«Nosotros lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es comunicarle al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que se ha producido satisfacción extraprocesal: que, fuera del procedimiento, la administración ha estimado nuestra pretensión de devolver la vigencia de las normas subsidiarias», explica el abogado.
El trasfondo: qué se juegan sus clientes
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, la aprobación inicial de las NPP en diciembre reducía el suelo urbano y urbanizable un 47,8% respecto a las NNSS —de 2.162 a 1.310 hectáreas— y rebajaba el techo poblacional del municipio de los 62.307 habitantes que permitían las normas de 1986 a un máximo de 43.720.
Para los propietarios representados por Soriano i Piqueras, esa pérdida de calificación de suelo urbano suponía la paralización de proyectos en curso y, según ha planteado el despacho, una responsabilidad patrimonial «millonaria» a cargo del Ayuntamiento y el Consell si esos terrenos hubieran quedado degradados por las NPP.
El propio letrado ha situado esa exposición, solo en concepto del valor de una vivienda unifamiliar terminada en las urbanizaciones «más conflictivas» —Es Cubells y Vista Alegre—, entre los 20 y los 40 millones de euros.
Por eso, ha «celebrado» la noticia: «Es lo que buscábamos con el procedimiento: volver a activar las normas subsidiarias, lo que va a permitir que se sigan desarrollando los proyectos que estaban en curso», cerró Soriano.
