El arquitecto técnico Javier Gea Martínez, que ha remitido a la Fiscalía de Ibiza una denuncia contra el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y otros responsables municipales por la situación urbanística de Cala Vadella, reclama que el Ayuntamiento intervenga para completar las infraestructuras pendientes en la unidad de actuación AA 4.3 para desbloquear las licencias que se encuentran paralizadas desde 2007.
En declaraciones a La Voz de Ibiza, Gea cuestiona que el consistorio alegue problemas de seguridad y servicios básicos para rechazar la recepción de una urbanización donde existen viviendas habitadas desde hace décadas. «Si hay un problema de seguridad, cierre usted la urbanización», plantea.
La afirmación responde a los argumentos incluidos en los informes técnicos municipales que motivaron la denegación de la recepción, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 16 de octubre, tal como avanzara este medio. En esos documentos se señalan carencias de aceras, alumbrado y saneamiento en el ámbito urbanístico.
«Si su informe dice que no hay aceras, hay problema de alumbrado público y no hay red de saneamiento. Entonces no hay salubridad. Que clausure la urbanización», apunta.
Gea considera que el consistorio no puede limitarse a identificar esas deficiencias sin promover una solución. «Que haga algo. El Ayuntamiento es el competente», insiste al cuestionar las consecuencias de mantener esa situación sin actuar sobre las infraestructuras pendientes.
Propuesta de intervención municipal
La solución que propone consiste en que el Ayuntamiento asuma la iniciativa para completar la urbanización, ante la inexistencia, según sostiene, de un agente urbanizador que se encargue de terminar las obras.
Gea defiende que el consistorio debería recepcionar la urbanización en su estado actual, redactar un proyecto que determine las actuaciones pendientes, licitar su ejecución y distribuir posteriormente los costes entre los propietarios mediante contribuciones especiales u otro mecanismo legal aplicable.
«El Ayuntamiento no quieren recepcionarlo, cuando tiene la obligación de hacerlo. Hay un problema endémico desde el año 73. Por eso, pedimos que el Ayuntameitno tome las riendas, lo arregle y reciba la urbanización porque no hay agente urbanizador», sostiene.
En su planteamiento, la financiación debería alcanzar tanto a quienes construyeron sus viviendas antes de 2007 como a quienes mantienen parcelas sin edificar, en lugar de exigir individualmente a estos últimos que resuelvan las carencias de la urbanización: «Disponen de la información registral y catastral necesaria para identificar a los propietarios y organizar el reparto de los gastos».
«Hágalo usted y pago lo que usted me pide», resume al explicar la disposición de sus representados a contribuir económicamente a una solución que permita desbloquear las licencias.
Gea también cuestiona que el Ayuntamiento cobre el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a propietarios de parcelas en las que no pueden construir. A su juicio, la Administración debe ofrecer una respuesta colectiva a un problema que no puede resolver cada titular de manera individual.
Licencias bloqueadas desde 2007
La principal queja del técnico es la diferencia de situación entre los propietarios que obtuvieron licencias antes de 2007 y quienes solicitaron permisos posteriormente.
Según explica, sus representados han pedido licencias de obras y se han encontrado con exigencias urbanísticas que no pueden solucionar por sí mismos, como la necesidad de disponer de un proyecto de urbanización para el conjunto del ámbito.
Gea considera que esa falta de respuesta constituye el perjuicio que sustenta la denuncia por presunta prevaricación administrativa. Argumenta que los responsables municipales conocen la situación y mantienen las restricciones pese a que, en su opinión, corresponde al propio Ayuntamiento impulsar la solución.
«Llevamos 20 años sin licencia, es toda una vida», afirma al referirse a una parálisis que los propietarios sitúan en 2007.
Como ejemplo de sus consecuencias, relata el caso de un propietario que quería construir una vivienda pensando en el futuro de su hijo y que, según explica, continúa sin materializar el proyecto cuando este ya tiene 23 años.
El técnico sostiene asimismo que algunas construcciones realizadas después de 2007 se habrían amparado en licencias antiguas o en permisos de obras menores para ejecutar actuaciones de mayor alcance.
«Todo el mundo constuytendo con obras menores, engañando al Ayuntamiento. Piden obra menor, pero están haciendo una obra mayor, a ver si los pillan. Pero obra nueva nueva, no se está haciendo nada», sostuvo.
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Su reclamación es que el Ayuntamiento asuma la dirección de las actuaciones necesarias y determine qué debe ejecutar cada parte, en lugar de mantener indefinidamente una controversia que, según sostiene, perjudica a los propietarios sin vivienda y a los profesionales que trabajan en la zona.
«Aquí nadie asume la responsabilidad», sostiene. Para el técnico, la vía penal es la consecuencia de la falta de una solución administrativa a las reclamaciones presentadas.
