El arquitecto técnico Javier Gea Martínez, en nombre propio y en representación de dos propietarios de Cala Vadella, ha remitido esta semana una denuncia dirigida a la Fiscalía de Ibiza contra el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y otros responsables municipales, a quienes atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y otras irregularidades relacionadas con la gestión urbanística de la unidad de actuación AA 4.3.
La denuncia sostiene que el Ayuntamiento mantiene desde 2007 una situación que impide a determinados propietarios obtener licencias para construir sus viviendas, tal como había avanzado La Voz de Ibiza.
El escrito, al que ha tenido acceso este medio, está firmado por Gea en representación de José María Ugal Cuenca y Óscar Crespo Sánchez, titulares de parcelas en la urbanización.
La iniciativa constituye un nuevo paso en el conflicto urbanístico que enfrenta a estos propietarios con el Ayuntamiento de Sant Josep y llega después de que la Junta de Gobierno Local rechazara, el pasado 16 de octubre, la solicitud de recepción definitiva de la urbanización.
Reclamaciones desde 2025
En mayo de 2025, La Voz de Ibiza informó de que varios propietarios reclamaban al Ayuntamiento que completara la urbanización, argumentando que aproximadamente el 80% de las parcelas estaban edificadas y que las infraestructuras llevaban décadas en funcionamiento.
Posteriormente, en julio de ese mismo año, los afectados advirtieron de que acudirían a la vía judicial si no se regularizaba la gestión municipal. Su principal reclamación consistía en que el consistorio asumiera la urbanización ante lo que describían como la inexistencia de un agente urbanizador y de una comunidad de propietarios encargada de gestionar las obras pendientes.
Según la documentación aportada por los denunciantes, el Ayuntamiento concedió licencias de obras entre 1973 y 2007 para la construcción de numerosas viviendas en este ámbito. Sin embargo, sostienen que a partir de ese último año dejó de autorizar nuevas edificaciones en las parcelas restantes, alegando la necesidad de completar determinados instrumentos urbanísticos e infraestructuras.
Los afectados consideran que esta situación ha generado un trato desigual entre quienes pudieron construir antes de 2007 y quienes mantienen sus terrenos sin edificar. En la denuncia responsabilizan a los representantes municipales que han intervenido en la gestión del ámbito, aunque las decisiones cuestionadas se remontan a distintas legislaturas.
Acusaciones contra responsables municipales
El documento dirigido a Fiscalía atribuye a los responsables del Ayuntamiento una presunta actuación arbitraria y consciente del perjuicio ocasionado a determinados propietarios, al mantener las restricciones para obtener licencias sin, según los denunciantes, impulsar las soluciones necesarias para completar la urbanización.
Gea sostiene que el consistorio conoce las deficiencias existentes y dispone de las competencias y la información necesarias para resolverlas. En declaraciones a La Voz de Ibiza, defiende que corresponde al Ayuntamiento elaborar y contratar las obras pendientes y distribuir posteriormente su coste entre los propietarios mediante el procedimiento legal que resulte aplicable.
«El Ayuntamiento no quieren recepcionarlo, cuando tiene la obligación de hacerlo. Hay un problema endémico desde el año 73. Por eso, pedimos que el Ayuntameitno tome las riendas, lo arregle y reciba la urbanización porque no hay agente urbanizador», sostiene.
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La denuncia también cuestiona la falta de actuaciones municipales para completar la urbanización y la ausencia, según los afectados, de una solución administrativa efectiva. Los denunciantes consideran que la situación se ha prolongado pese a las reclamaciones presentadas y las reuniones mantenidas con representantes municipales desde el inicio de la legislatura.
Resolución municipal contraria a propietarios
El Ayuntamiento, por su parte, ha fundamentado su negativa a recibir la urbanización en informes técnicos y jurídicos que describen carencias en el planeamiento, la documentación y las infraestructuras básicas de la unidad AA 4.3.
La resolución aprobada el 16 de octubre señala que no se han acreditado todos los requisitos exigidos para la recepción. Entre las deficiencias recogidas en los informes figuran problemas en la red viaria, ausencia de aceras y alumbrado público en determinados tramos y carencias en el saneamiento.
La Voz de Ibiza ha consultado al Ayuntamiento de Sant Josep sobre qué actuaciones permitirían desbloquear la urbanización, quién debería ejecutarlas y cómo se financiarían, además de recabar su valoración sobre la denuncia. En el momento de elaborar esta noticia, el consistorio todavía no había contestado.
