El Ayuntamiento de Sant Josep rechazó la recepción definitiva de la urbanización correspondiente a la unidad de actuación AA 4.3 de Cala Vadella, solicitada hace unos 15 meses por el técnico Javier Gea Martínez en representación de varios propietarios.
La decisión constituye uno de los últimos episodios del conflicto que mantienen los propietarios con el Ayuntamiento y precede a la denuncia remitida a la Fiscalía de Ibiza contra el alcalde, Vicent Roig, y otros responsables municipales, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión urbanística de Cala Vadella.
La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad denegar la petición el 16 de octubre. Según los informes técnicos y jurídicos municipales, consideraron que faltan instrumentos de planificación urbanística, documentación y servicios básicos necesarios para formalizar la recepción.
La resolución, incluida en el expediente municipal 8844/2025 y a la que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, responde a una solicitud presentada el 15 de julio de 2025. La documentación acredita que la notificación electrónica fue recibida el 19 de octubre.
Deficiencias detectadas en la inspección municipal
Uno de los documentos que sustentan el rechazo del consistorio es un informe técnico municipal fechado el 6 de agosto de 2025, que incorpora una inspección realizada el 25 de julio de ese año por un celador de obras del Ayuntamiento.
La inspección recoge deficiencias en la infraestructura viaria de determinados tramos, donde se describen carencias de aceras, alumbrado público y elementos necesarios para completar la urbanización. También señala problemas relacionados con la continuidad de las calles y su adecuación a las condiciones urbanísticas exigibles.
Otro de los aspectos relevantes es la falta de una red de saneamiento de aguas residuales adecuada en el ámbito examinado, una circunstancia que los técnicos incluyen entre los incumplimientos de los requisitos establecidos para los servicios urbanísticos básicos.
Además, el informe señala que no consta información suficiente para verificar que determinadas instalaciones de abastecimiento de agua y suministro eléctrico reúnen las características exigidas. Esta observación no significa necesariamente que los servicios no existan, sino que el Ayuntamiento considera insuficiente su acreditación técnica.
El informe remite al artículo 22 de la Ley de Urbanismo de Baleares, que establece como servicios urbanísticos básicos la red viaria, el suministro de agua, la electricidad, el alumbrado público y el saneamiento de aguas residuales.
Planeamiento y documentación pendientes
Más allá del estado de las infraestructuras, los servicios técnicos y jurídicos sostienen que la unidad AA 4.3 carece de instrumentos urbanísticos aprobados que permitan considerar completado el procedimiento de urbanización.
La documentación municipal hace referencia a la necesidad de contar con los instrumentos de ordenación detallada, gestión y urbanización previstos en el planeamiento, así como con documentación técnica que acredite las obras ejecutadas y permita comprobar su adecuación a las condiciones exigidas.
El informe jurídico, de octubre de 2026, considera que la recepción definitiva no puede acordarse en las circunstancias actuales, tanto por las deficiencias materiales apreciadas como por la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos administrativos.
En consecuencia, la Junta de Gobierno acordó denegar la solicitud presentada por Javier Gea Martínez, en nombre propio y en representación de José María Ugal Cuenca y Óscar Crespo Sánchez.
La decisión municipal se produce en un ámbito cuya situación urbanística se remonta al plan parcial de 1973 y al planeamiento posteriormente incorporado a las Normas Subsidiarias de Sant Josep. Según los propietarios, alrededor del 80% de las parcelas ya están edificadas, mientras que los titulares de los terrenos restantes encuentran obstáculos para conseguir nuevas licencias de obras.
Diferencias sobre responsabilidad municipal
La negativa del Ayuntamiento contrasta con las reclamaciones que los propietarios formularon en julio de 2025, cuando exigieron al consistorio que asumiera la recepción y mantenimiento de una urbanización que, según defendían, llevaba más de medio siglo en funcionamiento.
Los afectados alegan que no existe un agente urbanizador activo ni una comunidad de propietarios organizada que pueda asumir globalmente la terminación de las infraestructuras, por lo que consideran que el Ayuntamiento debe intervenir para resolver las carencias pendientes.
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El artículo 121 de la Ley de Urbanismo de Baleares regula la recepción de las obras de urbanización y establece procedimientos para subsanar deficiencias. Sin embargo, la aplicación de ese procedimiento a Cala Vadella es precisamente uno de los puntos controvertidos, ante las objeciones municipales relativas a la documentación, los instrumentos de gestión y el estado de las obras.
La discrepancia ha acabado trasladándose al ámbito penal. La denuncia dirigida a Fiscalía por los propietarios sostiene que la falta de actuación municipal ha perjudicado durante años a quienes no pudieron edificar antes de 2007, aunque esas acusaciones no constituyen hechos delictivos acreditados.
En declaraciones a La Voz de Ibiza, Javier Gea ha cuestionado los argumentos técnicos utilizados para rechazar la recepción y ha pedido al Ayuntamiento que asuma la ejecución de las obras pendientes y reparta su coste entre los propietarios.
Sin respuesta
La Voz de Ibiza ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep que explique qué actuaciones permitirían desbloquear la urbanización, quién debería ejecutarlas y cómo se financiarían. Sin embargo, al momento de la publicación de esta noticia, el consistorio todavía no había contestado.
