El cese de María Joaquina Ferrer Matas como directora general de Costas y Litoral ha llegado al Parlament de las Islas Baleares. Los grupos PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reclamado conjuntamente la comparecencia urgente del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ante la Diputación Permanente para que dé explicaciones sobre el relevo y sobre las presuntas injerencias políticas en decisiones técnicas de la Dirección General.
En una nota de prensa conjunta, los cuatro grupos de la izquierda afirman que las revelaciones producidas tras el cese han generado su «desconfianza absoluta» en Lafuente y consideran «especialmente grave» que las informaciones conocidas «apunten directamente» a su papel y a una posible «utilización política» de decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios técnicos y jurídicos.
Por ello piden que se reúna la Diputación Permanente para convocar una sesión extraordinaria, al considerar que no es suficiente esperar al inicio del periodo de sesiones ordinarias.
Las preguntas que exigen responder son concretas: si se produjeron presiones o instrucciones políticas a los funcionarios de la Dirección General y si estas afectaron a expedientes o decisiones administrativas concretas.
El contexto que llega al Parlament
La crisis tiene su origen en el conflicto de las hamacas y sombrillas de Formentera, tal como detallara La Voz de Ibiza. La directora general Ferrer Matas firmó en mayo la resolución que denegó más de un tercio de los lotes de hamacas para las temporadas 2026-2029, aplicando la OCAMAT —la Orden balear de 2013 que fija en 10 metros la distancia mínima entre instalaciones y pleamar— y los criterios de protección del Parque Natural de Ses Salines.
En la tensa reunión del 18 de mayo en Formentera, ante el propio conseller Lafuente y la consellera insular Verónica Castelló, Ferrer Matas calificó el contrato de hamacas de «ilegal» y respondió que sus técnicos no iban a ser presionados ni a prevaricar.
El Govern cesó a Ferrer Matas el pasado 8 de agosto, sustituyéndola por Joan Cristòfol Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor y político del PP sin perfil técnico en materia de litoral.
El portavoz Antoni Costa justificó el relevo aludiendo a «divergencias» entre Lafuente y la directora y a la preocupación por retrasos en la tramitación de expedientes. Ferrer Matas lo desmintió públicamente en redes sociales, negando que existieran retrasos.
La propia Conselleria había reconocido a este medio que los expedientes de temporada «no han podido resolverse» antes del inicio de la temporada, como exige la normativa.
La respuesta más contundente llegó desde dentro de la propia Dirección General. El jefe del Departamento de Costas y Litoral, la jefa del Servicio de Autorizaciones, la jefa del Servicio de Sanciones, la jefa del Servicio de Concesiones y otros 17 funcionarios firmaron una carta al conseller Lafuente en defensa de la directora cesada, expresando su desacuerdo con el cese y revelando que varios responsables del departamento ya habían decidido dejar sus puestos.
La carta también desveló que la retroacción del procedimiento de las hamacas —la marcha atrás en el recorte de lotes— fue decidida por el Servicio Jurídico del Govern contra el criterio de la propia Dirección General.
Ferrer Matas compartió la carta en sus redes sociales con una nota de agradecimiento. «Creo que el escrito habla por sí solo», escribió.
La primera decisión del nuevo director
Joan Jaume Mulet estrenó el cargo el pasado martes con la firma de una nueva resolución que amplía las autorizaciones de hamacas y sombrillas en las playas de Formentera, revirtiendo parcialmente las denegaciones de su predecesora.
El conflicto está lejos de cerrarse. Los quioscos del concurso bajo sospecha —cuyo expediente de caducidad lleva nueve meses paralizado pese a que los propios técnicos de la Conselleria concluyeron que procede iniciarlo— siguen operando sin resolución.
Los antiguos concesionarios perjudicados han dado al Govern un ultimátum hasta la primera semana de septiembre. Y ahora la crisis llega al Parlament, donde la izquierda exige que Lafuente explique si detrás de todo ello hay presiones políticas sobre los funcionarios que tenían la obligación de aplicar la ley.
