Participar o no participar. Esa es la cuestión para el Club Náutico de Ibiza después de que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) confirmara los pliegos del nuevo concurso del puerto de Ibiza para gestionar por 25 años la instalación náutica del muelle de Ribera-Poniente, actualmente gestionado por Port Nàutic Ibiza y cuyo espacio ocupó históricamente CNI durante 99 años.
Por eso, la institución ibicenca celebrará el próximo 7 de mayo una asamblea general extraordinaria para decidir si concurre al nuevo concurso público del puerto.
El orden del día de la asamblea refleja el momento decisivo para el futuro del club, con un único punto central: “Análisis de la situación del Club ante el próximo concurso para la concesión de las instalaciones del antiguo Club Náutico de Ibiza, aprobado en el día de hoy (por el miércoles) por el Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de les Illes Balears”.
Esto abre el debate interno sobre si asumir o no el reto económico y estratégico que implica afrontar la gestión del espacio de más de 33.000 metros cuadrados actualmente explotado de forma temporal por Mare Nostrum bajo el nombre comercial de Port Nàutic Ibiza.
Decisión condicionada por la inversión
El nuevo concurso plantea una fuerte inversión inicial, estimada en al menos 15 millones de euros en una primera fase y otros 5 millones adicionales en una segunda, lo que obliga a cualquier aspirante a estructurar financiación, suscribir préstamos y aportar avales.
Para el Club Náutico de Ibiza, una entidad sin ánimo de lucro, propiedad de los socios, esto supone afrontar un escenario financiero complejo, que previsiblemente implicaría derramas entre los socios y un elevado nivel de endeudamiento, en un contexto en el que la rentabilidad del proyecto podría considerarse, cuando menos, incierta.
A falta de conocer la letra pequeña en tanto que las bases no se han hecho públicas todavía y solo se conoce el resumen que le ha interesado a la APB, el modelo diseñado por el ente portuario prioriza el uso deportivo de la instalación, con la obligación de implantar escuelas de vela y piragüismo, equipos federados y eventos deportivos, lo que limita el peso de la actividad puramente comercial como fuente de ingresos.
Un modelo con exigencias y límites
Además de la inversión, el futuro concesionario deberá asumir servicios esenciales como la gestión de amarres, restauración, suministros o mantenimiento, así como incorporar puntos de recarga eléctrica y garantizar transparencia en el acceso a amarres, lo que incrementa los costes estructurales del proyecto.
Pocos transeúntes
El pliego también establece que la instalación estará orientada a embarcaciones con puerto base en Ibiza, permitiendo solo hasta un 15% de amarres para transeúntes, reduciendo así el margen de negocio vinculado al turismo náutico de paso, el verdaderamente lucrativo.
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Todas estas condiciones generan dudas sobre la capacidad de amortizar la inversión en los plazos previstos, un factor clave en el debate interno del club. La concesión se estima a 25 años, más prórrogas.
Un punto de inflexión histórico
La asamblea del 7 de mayo se perfila como un momento determinante para el Club Náutico de Ibiza, que deberá decidir si intenta recuperar el espacio que ocupó durante casi un siglo o si renuncia a competir en el nuevo modelo portuario, más exigente en inversión y orientado al deporte.
Desde que perdió la concesión, el Club Náutico de Ibiza ha desplegado una intensa campaña de relaciones públicas con el objetivo de recuperar lo que considera su casa. Y, de alguna manera, ha logrado colocar su mensaje en la Autoridad Portuaria.
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