El GOB y la Plataforma contra el Traslado de Residuos han expuesto este viernes en Palma los argumentos de la demanda formalizada el 9 de noviembre contra la adjudicación a GIREF del traslado de basura de Ibiza a Son Reus, en Mallorca. Alegan irregularidades en la contratación y deficiencias ambientales y exigen a las administraciones detener una operación que califican de «prueba piloto fraudulenta» por poder prolongarse dos años.
El litigio no es nuevo. Como informó La Voz de Ibiza en julio, el recurso del GOB fue admitido a trámite en junio. Ahora se conocen sus argumentos contra la adjudicación acordada por el Consell de Ibiza el 22 de mayo de 2026.
Adjudicación sin concurso y diferencias sobre coste
El contrato se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que solo fue invitada GIREF, concesionaria de Ca na Putxa desde 2003. Aina Llauger, Joan Mateos y Toni Font sostienen que no existía urgencia para excluir la competencia y que otros operadores podían prestar el servicio.
Según la demanda, el embalaje de residuos en Ca na Putxa, tarea vinculada a la concesionaria, representa únicamente el 4% del coste variable: 9,89 euros de un total de 243,46 euros por tonelada. El transporte representa casi la mitad del importe y la incineración la factura Tirme, gestora de Son Reus. Cuestionan que estos servicios no se contrataran por lotes.
«No hay ninguna razón técnica por la cual solo una empresa pueda mover un camión o reservar espacio en un barco. La única exclusividad es la que la administración se ha hecho a medida», afirmó Font durante la rueda de prensa. Los ecologistas creen que podría infringir las normas europeas de competencia.
El GOB cifra en 22 millones de euros el valor estimado del contrato. La cifra contrasta con los 24,6 millones de la documentación contractual recogidos por este diario. La organización sostiene que aquella cantidad se calculó incluyendo indebidamente el IVA. El presupuesto inicial adjudicado asciende a 2,7 millones sin impuestos.
Una prueba de tres meses prorrogable hasta dos años
El proyecto se diseñó para transportar inicialmente 9.271 toneladas durante tres meses, pero el contrato permite siete prórrogas trimestrales, hasta un máximo de 24 meses. Según los demandantes, no establece límites mínimos ni máximos de toneladas y persigue enviar «el máximo de toneladas posibles», lo que podría favorecer a GIREF en futuras adjudicaciones.
El traslado comenzó el 15 de julio, con la primera llegada a Mallorca el día 16. El operativo inicial contemplaba hasta siete camiones diarios, cinco días por semana, y unas 33.000 toneladas anuales, frente a las cerca de 85.000 toneladas de fracción rechazo que produce Ibiza. El procedimiento judicial no ha suspendido automáticamente los envíos.
También cuestionan el calendario legislativo. El Consell solicitó autorizaciones al de Mallorca en julio y septiembre de 2025, antes de aprobarse, el 5 de diciembre, el decreto ley que reservó la ejecución a la concesionaria. Los ecologistas también cuestionan la urgencia de esa norma, porque, según su previsión, Ca na Putxa agotaría su capacidad en 2029.
La impugnación invoca también el derecho europeo y la Constitución: denuncia una posible invasión de competencias estatales, desigualdad entre operadores y restricciones a la libertad de empresa. Solicita que el juez plantee, si procede, cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional.
En julio, el Consell de Ibiza defendió la legalidad y las garantías técnicas del operativo y explicó que los tres meses iniciales permitirían introducir cambios con rapidez. También considera necesario el traslado ante la saturación del vertedero.
Impacto ambiental y exigencia de paralización
Llauger advirtió de que el contrato permite transportar a granel parte del rechazo, con posibles vertidos, olores y molestias; de que no se cuantificaron las emisiones del transporte terrestre y marítimo, y de que no figuran en el expediente los estudios de alternativas que, según el Consell, se elaboran desde 2021. El gobierno insular había negado, por su parte, que fueran a realizarse traslados a granel.
La portavoz también alertó de más escorias y cenizas para Mallorca. Según las estimaciones aportadas por las organizaciones, el tratamiento de 80.000 toneladas de residuos ibicencos supondría una carga térmica equivalente a unas 108.000 toneladas, un 35% superior. Son estimaciones de los demandantes.
La demanda solicita declarar nula la adjudicación y extender esa nulidad al contrato formalizado el 10 de julio, para liquidarlo sin nuevas prórrogas y cargar las costas a la administración. También plantea que el tribunal examine la compatibilidad de la norma habilitante con el derecho europeo y la Constitución.
Mientras se resuelve el recurso, el GOB y la plataforma, respaldada por entidades vecinales y ecologistas de Mallorca, piden a los consells y al Govern detener la prueba y publicar los estudios de alternativas. Mateos resumió su posición: «Trasladar el problema no es resolverlo.» Reclamó un plan de prevención y reciclaje para Ibiza.









