La consellera balear de Vivienda, Marta Vidal, ha pedido ayuda este viernes al Gobierno de España para clausurar y precintar viviendas utilizadas en el alquiler turístico ilegal en Baleares. Una declaración en la que, implícitamente, ha admitido que el cambio legislativo aprobado en octubre y anunciado a bombo y platillo para combatir estas prácticas ha sido insuficiente. De esta forma, ha reclamado un marco normativo que brinde al Govern la seguridad jurídica necesaria para tomar medidas rápidas y efectivas.
El Govern introdujo en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, ahora ya convalidado como ley, una frase en la que equiparó el alquiler turístico a una actividad, modificación que, a pesar de los anuncios grandilocuentes de esos días no ha tenido ningún efecto. Al menos, todavía.
Y es que para clausurar un piso turístico es necesaria la tramitación de un complejo expediente y la autorización de un juez, en tanto que el domicilio es inviolable en nuestra Constitución.
Tras la reunión celebrada este viernes en Madrid entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y los representantes autonómicos en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, Vidal ha expresado la urgencia de contar con herramientas legales de rango estatal que permitan actuar con prontitud en la clausura y precintado de este tipo de oferta ilegal. Se han identificado unas 8.700 propiedades que no cumplen con la seguridad jurídica en las islas.
«Hemos pedido a la ministra que nos ayude para poder hacer lo que es nuestra voluntad, que es la clausura y el precinto de los pisos en los que se da alquiler turístico ilegal», ha señalado Vida al término de la reunión.
En abril, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, entregó a Rodríguez un dossier con varias peticiones para abordar el problema de acceso a la vivienda. Además, solicitó una modificación de la Ley 45/2023, por el derecho a la vivienda, para dotar de más seguridad jurídica a los propietarios que no alquilan sus inmuebles por temor a no cobrar las rentas o a que las viviendas sufran daños.
Zonas tensionadas
La consellera también advirtió sobre el uso del término «alegal» para referirse a la actividad clandestina en el sector, expresando su preocupación por el enfoque erróneo que se centra en la oferta legal en lugar de abordar la oferta ilegal.
Manifestó su oposición a que el Gobierno central invada las competencias autonómicas en materia de turismo, vivienda y urbanismo, argumentando que es responsabilidad de las comunidades autónomas desarrollar políticas acordes a sus estatutos.
En relación a la declaración de zonas tensionadas para controlar los precios de alquiler, Vidal rechazó esta medida y confirmó que no será implementada en las Islas Baleares. La consellera reconoció las presiones recibidas por parte del PSOE en varios municipios para declarar estas zonas de mercado tensionado, pero reafirmó la postura del Govern en contra de esta medida.
Fomento de Turismo de Ibiza
En medio del panorama de transformación turística en las Islas Baleares, Fomento de Turismo de Ibiza ha solicitado el jueves abordar el intrusismo y la oferta ilegal que afectan al sector.
En la primera reunión de la supermesa conformada por diversos actores económicos, sociales y políticos para debatir el nuevo modelo turístico, esta preocupación quedó en segundo plano.
«Es imprescindible diferenciar la oferta turística reglada del intrusismo y de la actividad ilegal que, camuflada de economía colaborativa, tensiona el mercado de alquiler, dificulta el acceso a la vivienda y provoca la saturación de servicios e infraestructuras», remarcaron.
