El mismo día, cuatro plenos, cuatro votaciones y un mismo resultado: los ayuntamientos de Ibiza Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària aprobaron adherirse a la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en las Islas Baleares.
El Partido Popular, que gobierna en los cuatro municipios, presentó la medida como una respuesta de emergencia a la crisis de acceso a la vivienda que ahoga a miles de residentes de la isla. La oposición socialista habló de «pelotazos urbanísticos camuflados».
La realidad, sin embargo, es más compleja que cualquiera de las dos lecturas: entre lo que se ha anunciado y lo que existe sobre el papel hay una distancia que varía enormemente según el municipio.
La propia ley imponía un plazo: los ayuntamientos tenían doce meses desde su entrada en vigor —julio de 2025— para aprobar el acuerdo plenario. Los plenos se han celebrado en junio, con el tiempo prácticamente agotado. A partir de ahora, cada consistorio tiene seis meses adicionales para iniciar la tramitación formal de la modificación urbanística correspondiente, o la adhesión quedará sin efecto. Así que el anuncio supone superar el primer trámite y poner en marcha el contador para el periodo decisivo tras el que se podrá valorar el alcance de la medida y el impacto real que supondrá en el tensionado mercado e la vivienda.
La herramienta aprobada permite recalificar suelo rústico común situado en áreas de transición —franjas de terreno cuyo desarrollo ya estaba previsto en los instrumentos de planificación urbanística— para construir Viviendas de Precio Limitado (VPL) destinadas a residentes.
La ley exige que al menos el 50% de la edificabilidad se destine a algún régimen de protección pública —incluyendo VPL—, y que de esa reserva, al menos la mitad vaya al alquiler. El otro 50% puede destinarse a vivienda libre, aunque algunos municipios han optado por condiciones más exigentes.
Pero el punto de partida de cada ayuntamiento es radicalmente distinto.
Vila: tres suelos identificados, sin cifra de viviendas
El Ayuntamiento de Ibiza es el que ha llegado con los deberes más hechos. El concejal de Urbanismo, Juan Flores, anunció en el pleno tres ámbitos concretos en áreas de transición próximas a suelo urbano ya desarrollado: Sa Punta, con 54.104 metros cuadrados; Sa Joveria, con 150.612 metros cuadrados; y Cas Serres, con 32.007 metros cuadrados en la avenida de Sant Jordi, hacia la E-20.
En total, algo menos de 237.000 metros cuadrados de suelo potencialmente movilizable.
Lo que aún no existe es la cifra de viviendas. Flores indicó que el siguiente paso será iniciar los estudios de detalle correspondientes, que serán los que determinen cuántas VPL podrán construirse en cada ámbito.
La ley fija para Ibiza —por ser el único municipio de más de 20.000 habitantes con tratamiento singular— una densidad máxima bruta de 225 habitantes por hectárea, superior a los 180 del resto.
Sobre quién podrá acceder, Ibiza es también el municipio que más ha concretado. El Ayuntamiento confirmó a La Voz de Ibiza que exigirá diez años de empadronamiento en el propio municipio, un criterio que ya aplica en otras convocatorias de vivienda protegida, como las siete unidades adjudicadas provisionalmente en Sa Penya.
La propuesta fue aprobada con los votos en contra de Unidas Podemos y el PSOE. La concejala de UP, Guadalupe Nauda, calificó los PRE de «pelotazos urbanísticos camuflados» y apuntó que uno de los ámbitos tiene actividad ganadera. El socialista Jordi Salewski advirtió de que el 50% que la ley permite destinar a vivienda libre podría acabar siendo el agujero por el que se escape la protección real: «Es un cheque en blanco al urbanismo».
Sant Josep: zonas delimitadas, suelos sin concretar
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, defendió la medida como «una herramienta con exigencias técnicas y ambientales muy estrictas, no una barra libre».
Su municipio ha identificado las zonas generales donde se desarrollarán los PRE —Cala de Bou-Port des Torrent, Sant Josep, Sant Jordi y Platja d’en Bossa—, pero aún no ha concretado parcelas específicas. Tendrá seis meses desde la publicación del acuerdo plenario en el BOIB para hacerlo e iniciar la tramitación.
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Desde el Ayuntamiento han explicado que se trata de terrenos privados y que no tienen previsión de cantidad de viviendas. Además, han confirmado que una parte será destinado a la vivienda de precio libre: «Lo que establezca la norma en su caso (un 50% como máximo) y según lo que resulte de los estudios de viabilidad económica».
Roig anunció que endurecerá el requisito de residencia hasta los diez años en las islas, frente a los cinco que establece la ley balear como mínimo. También aportó el único dato económico concreto de todos los plenos: el precio medio de venta de las VPL en su municipio se situará en torno a los 3.200 euros el metro cuadrado, frente a los 7.569 euros que Idealista registra actualmente para la vivienda libre en Sant Josep. Una diferencia de más del 50%.
Sant Antoni: aprobado sin suelos ni requisito de residencia
El equipo de gobierno del alcalde Marcos Serra aprobó la adhesión sin aportar más detalles sobre dónde se aplicará ni qué se exigirá a quienes quieran acceder a las futuras viviendas.
La concejala Eva Prats, encargada de defender la iniciativa en el Pleno, se limitó a enunciar los requisitos técnicos que marca la ley para los suelos: no pueden ser rústico protegido, no pueden ser zonas inundables ni de alto riesgo de incendios y deben ser contiguos a áreas plurifamiliares. El consistorio aseguró que está trabajando en la identificación de esas áreas.
No será fácil. Y es que el propio alcalde había dicho a La Voz de Ibiza meses atrás que su municipio no cuenta con terrenos para llevar adelante tales proyectos.
La moción salió adelante con los votos del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Podemos.
Santa Eulària: la más exigente en protección, la más vaga en suelos
Santa Eulària aprobó su adhesión con el PP y la abstención de Vox, sin que tampoco se hayan identificado terrenos concretos. Pero la concejala de Servicios Territoriales, María Cristina Tur, fue la que más detalló las condiciones que el ayuntamiento impondrá, que en varios puntos van más allá de lo que exige la ley.
El más relevante: el consistorio exigirá que el 100% de la edificabilidad residencial se destine a algún régimen de protección pública —vivienda de protección pública o VPL—, cerrando así la puerta al 50% de vivienda libre que la ley permite.
Además, fija un mínimo de 100 viviendas por proyecto, superior al mínimo legal de 60, y prohíbe expresamente las viviendas unifamiliares, algo ya establecido en la normativa autonómica.
En cuanto al acceso, Tur anunció un requisito de residencia mínimo de cinco años en Baleares, el umbral más bajo de los municipios que han concretado este dato, aunque advirtió que podría ampliarse en el futuro mediante ordenanzas municipales.
El requisito de residencia: cada municipio, una regla
Uno de los aspectos más relevantes para los potenciales beneficiarios —y uno de los menos resueltos— es el de los años de residencia exigidos.
La ley fija un mínimo de cinco años en Baleares, pero permite a los ayuntamientos endurecer ese criterio. El resultado es una fragmentación que ya empieza a dibujarse: Ibiza anuncia que exigirá diez años de empadronamiento en el propio municipio; Sant Josep, diez años en las islas; Santa Eulària, cinco años, con posibilidad de ampliación. Sant Antoni no ha concretado nada.
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