El Senado aprobó este miércoles una iniciativa del Partido Popular que plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, suspendiendo cualquier acción de reversión, ocupación, caducidad o demolición de las edificaciones afectadas por la Ley de Costas. El PP hizo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante el texto, que contó con el apoyo del PNV y Junts, mientras que otros socios del Gobierno como ERC y EH Bildu optaron por la abstención.
La moción —que ya habían defendido las comunidades gobernadas por los populares en la Comisión General de las Comunidades Autónomas— reclama una moratoria para el derribo de todas las construcciones del litoral cuyos expedientes «puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales» de los ciudadanos afectados. El texto consta de diez medidas y pide, además, «una revisión ordenada, seria y consensuada» de la Ley de Costas, así como la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial.
Carmen Ferrer: «Las demoliciones de Cala Llonga no tendrán marcha atrás»
La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, asistió al debate en defensa de las actividades tradicionales vinculadas al litoral. Ferrer reclamó una moratoria para estos establecimientos, que históricamente han estado regentados por ibicencos y que ahora se ven amenazados por la política de Costas del Gobierno central.
La alcaldesa puso el foco en los dos negocios en riesgo en Cala Llonga. «Las demoliciones que amenazan a dos establecimientos en Cala Llonga, si se ejecutan, no tendrán marcha atrás. Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo y de reflexión antes de seguir avanzando por un camino que amenaza con hacer desaparecer parte de la historia de nuestros pueblos», sentenció.
Ferrer defendió que estos negocios «no son una construcción más» para el municipio. «Estamos hablando de negocios familiares que llevan décadas formando parte de la vida del municipio, de nuestra oferta turística y de la memoria colectiva de miles de personas. Quien conozca Santa Eulària sabe perfectamente que estamos hablando de elementos que forman parte de nuestra identidad y que merecen un tratamiento distinto al de cualquier otro expediente administrativo», afirmó.
La alcaldesa insistió en que la protección ambiental y la del patrimonio tradicional son compatibles. «Defender el medio ambiente y proteger nuestro patrimonio tradicional son objetivos compatibles», señaló. «Lo que se necesita únicamente es voluntad política para buscar puntos de encuentro. No se puede gestionar el litoral exclusivamente desde una perspectiva burocrática, ignorando la realidad de los municipios que llevan generaciones conviviendo y cuidando su costa. Lo que pedimos es diálogo, sensibilidad y sentido común», añadió.
Cabe recordar que fue la propia Junta de Gobierno Local de Santa Eulària la que aprobó el pasado mes de mayo iniciar los trámites para demoler uno de los dos quioscos de Cala Llonga, tal y como adelantó La Voz de Ibiza. Sobre ambos establecimientos —cuyas concesiones han caducado— pesa una orden de demolición emitida por la Demarcación de Costas.
Jerez: «Una llamada al sentido común»
El senador Miquel Jerez acompañó a la primera edil de Santa Eulària y al resto de alcaldes del litoral español que asistieron al debate. Antes de la sesión, los representantes municipales se reunieron con la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, para abordar la situación de los establecimientos tradicionales amenazados por expedientes de demolición.
Jerez defendió que la reivindicación de los alcaldes costeros «es una llamada al sentido común frente a una política basada en la rigidez burocrática», y subrayó que la presencia de regidores de distintos puntos del litoral demuestra que «no estamos ante casos aislados». El senador señaló que, aunque la moratoria es una medida urgente para evitar daños irreparables, «la solución definitiva pasa por reformar la Ley de Costas». Por ello, reclamó que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de ley presentada por el PP, una iniciativa que, según defendió, permitiría aportar seguridad jurídica y reconocer las singularidades de los municipios costeros.
