La Policía Local de Sant Josep ha publicado las imágenes de los decomisos realizados durante el pasado fin de semana en el marco de las actuaciones contra la venta ambulante ilegal, en lo que se consolida como una campaña de presión sostenida a lo largo de la temporada estival.
Las fotografías muestran el volumen de mercancía incautada, acompañada de embalajes, plásticos y restos de productos abandonados en la vía pública.
«La venta ambulante ilegal ocupa espacios públicos sin autorización, genera molestias y provoca una acumulación de residuos y suciedad que afecta a vecinos, visitantes y al entorno», expusieron.
El cuerpo lanza un mensaje directo a la ciudadanía: «Comprar estos productos no es una acción inocente. Cada compra contribuye a mantener una actividad ilegal que afecta a la convivencia, la limpieza y el uso ordenado de nuestros espacios públicos».
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La Policía subraya además el impacto sobre el comercio legal, que cumple con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas, y el coste adicional de limpieza que generan para el municipio los residuos asociados a esta actividad.
Los decomisos del fin de semana se producen apenas unos días después de una intervención en la playa de Port des Torrent el pasado miércoles, en la que los agentes incautaron casi 200 camisetas falsas de selecciones nacionales de fútbol y bolsos de imitación de marcas de lujo, con sanciones administrativas por valor de 1.500 euros. La mercancía fue destruida.
Desde el 4 de julio, también los compradores podrán ser sancionados
La presión policial cuenta además con un refuerzo normativo en el horizonte inmediato. A partir del 4 de julio, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Convivencia Cívica de Sant Josep, las personas que adquieran productos de venta ambulante ilegal también podrán ser denunciadas. Hasta ahora, la acción sancionadora se dirigía exclusivamente a los vendedores.
La Policía Local insiste en que detrás de estos productos «aparentemente baratos o inofensivos» se esconden redes organizadas que obtienen beneficios económicos a costa de la explotación laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
«No hay mercado ilegal sin demanda», recuerda el cuerpo.
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