El Consell de Ibiza ha recaudado 818.515,64 euros en sanciones ejecutadas por intrusismo en materia de transporte y ordenación turística hasta el 16 y 17 de julio, una cifra que multiplica por más de tres la registrada en 2019, según informó la institución en nota de prensa.
De ese total, 604.850,66 euros corresponden a expedientes de ordenación turística y 213.664,98 euros a expedientes de transporte.
El vicepresidente primero y conseller de Ordenación Turística y Transporte, Mariano Juan, fue claro sobre el objetivo de la política: «El objetivo del Consell nunca ha sido recaudar más, sino reducir progresivamente la actividad ilegal y proteger a quienes cumplen la normativa».
Y añadió una advertencia que invierte la lógica habitual: «Si esta estrategia sigue funcionando, la recaudación acabará disminuyendo, y eso será una buena noticia porque querrá decir que habrá menos infracciones».
Casi 4.000 anuncios ilegales eliminados y 19.000 personas menos al día
Juan situó las cifras de recaudación dentro de una estrategia más amplia cuyos resultados, según el Consell, ya son tangibles. Cerca de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales han sido eliminados de las principales plataformas de comercialización, y este verano Ibiza registra una reducción de la presión humana de unas 19.000 personas diarias respecto al año anterior, a pesar de que la población residente sigue aumentando.
«Durante muchos años había quien pensaba que incumplir la normativa no tenía coste. Hoy el mensaje es muy diferente: el Consell inspecciona, tramita los expedientes y ejecuta las sanciones, protegiendo así a los profesionales que desarrollan su actividad dentro de la legalidad y evitando la competencia desleal», afirmó el conseller.

Las sanciones más altas dispararán los recursos judiciales
Juan advirtió también de un efecto colateral que condicionará las cifras de los próximos años. El Consell ha elevado recientemente el importe de determinadas sanciones para reforzar su efecto disuasorio, pero esas cuantías más altas previsiblemente incrementarán los recursos judiciales presentados por los infractores.
Muchos expedientes no podrán ejecutarse hasta que exista una resolución judicial firme, lo que podría reducir temporalmente la recaudación sin que eso implique menor actividad inspectora.
Por ello, subrayó que las cifras de recaudación de los próximos años «no deben interpretarse de forma aislada, sino conjuntamente con otros indicadores como la reducción de la actividad ilegal, la desaparición de oferta irregular de las plataformas o la disminución de la presión humana sobre la isla».
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