La bióloga Antonia Maria Cirer, que asesoró la creación del refugio privado de lagartijas de Ibiza al que el Govern balear propone imponer una multa de 6.000 euros, ha cuestionado los argumentos utilizados por la Administración para justificar el expediente sancionador. En una rueda de prensa realizada este viernes, la especialista ha calificado de «una burrada» la comparación realizada por la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal entre la protección de la lagartija pitiusa y la del lince ibérico.
Cirer sostiene que las necesidades biológicas de ambas especies son completamente diferentes. Mientras que un lince necesita grandes extensiones de territorio, las lagartijas presentan una movilidad muy reducida y pueden desarrollar su ciclo vital en espacios relativamente pequeños. Por ello, considera que un recinto de unos 1.000 metros cuadrados puede reunir las condiciones necesarias para mantener una población de estos reptiles.
La especialista también ha rechazado que el riesgo de consanguinidad constituya, en las circunstancias actuales, un argumento científico suficiente para descartar este tipo de instalaciones. Según ha explicado, existen poblaciones de lagartijas en islotes y espacios reducidos donde no se han observado los problemas planteados por la Administración.
Además, ha defendido la creación de una red de reservorios conectados mediante el intercambio controlado de ejemplares, una fórmula que, a su juicio, permitiría preservar la diversidad genética sin alterar el hábitat natural de la especie.
La propietaria pide ayuda al Govern
Por su parte, Marilina Serra, propietaria del terreno y portavoz de la asociación Sargantana Power, ha expresado su indignación por la actuación administrativa. La responsable del refugio considera que el Govern debería colaborar con los particulares interesados en proteger la lagartija pitiusa, en lugar de impedir estas iniciativas.
Serra ha defendido que la Administración facilite el asesoramiento y seguimiento técnico de los espacios de conservación privados, especialmente ante la desaparición progresiva de las poblaciones de lagartijas como consecuencia de la expansión de las serpientes invasoras.
Según ha explicado, los ejemplares que habitan en el refugio ya se encontraban en ese terreno antes de que fuera delimitado, por lo que no habrían sido capturados en otros lugares ni trasladados hasta la finca.
La propietaria también ha asegurado que ninguna serpiente ha conseguido acceder al recinto, mientras que entre marzo y julio se capturaron alrededor de 20 serpientes en el exterior de las instalaciones.
El abogado considera desproporcionada la sanción
El abogado de Serra, Rafel Tur, también ha cuestionado la respuesta del Govern y ha definido la propuesta sancionadora como «un aviso desproporcionado». El letrado considera que la Administración debería reconocer la implicación de quienes intentan conservar una especie amenazada y facilitar mecanismos legales para que estas iniciativas puedan desarrollarse con supervisión científica.
Tur ha insistido en que los responsables del refugio no pretenden actuar al margen de la Administración, sino colaborar con ella para disponer de unas instalaciones que cumplan las exigencias legales y científicas.
Asimismo, ha señalado que estudiarán el expediente sancionador y las posibilidades de actuación frente a la propuesta de multa.
El Govern mantiene la retirada de los ejemplares
Las declaraciones se producen después de que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural anunciara la apertura de un expediente sancionador por la tenencia y el confinamiento de ejemplares de lagartija pitiusa en un recinto privado de Ibiza.
La Administración sostiene que los particulares no pueden crear refugios destinados a capturar, mantener o criar especies protegidas sin autorización, aunque su objetivo sea evitar que los animales sean depredados por serpientes invasoras.
Además, los técnicos del Govern concluyeron que el cerramiento inspeccionado no ofrecía garantías suficientes para impedir la entrada de serpientes.
Como medida provisional, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ha dispuesto la retirada de los ejemplares para trasladarlos a instalaciones autorizadas, mientras mantiene determinadas obligaciones de custodia hasta que se produzca ese traslado.
