La defensa del guardia civil expedientado por el supuesto alquiler de su habitación del cuartel de Can Sifre, en Ibiza, a turistas ha negado que existiera ninguna operación de alquiler y ha asegurado que el procedimiento judicial todavía no está resuelto. En declaraciones a La Voz de Ibiza, desde el despacho de abogados GCLEX han explicado que su cliente únicamente entregó las llaves de su pabellón a una conocida para una gestión puntual, sin autorizar que nadie pernoctara en las instalaciones ni recibir contraprestación económica.
La versión de la defensa llega después de que este periódico publicara una información sobre la sanción disciplinaria de 20 días de suspensión de empleo y sueldo impuesta al agente por unos hechos ocurridos hace tres años durante la celebración de la patrona de la Guardia Civil.
Los abogados sostienen que el recurso contencioso-disciplinario militar continúa pendiente de sentencia ante el Tribunal Militar Central, por lo que cuestionan que se haya presentado el expediente como definitivamente resuelto.
«Dejó las llaves a una amiga, pero no para alquilar»
Según ha explicado uno de los abogados, el agente permitió que una mujer conocida accediera a su pabellón durante el día, pero desconocía que fuera a acudir acompañada de otras personas.
El representante legal ha precisado que la defensa aportó al procedimiento recibos de alojamiento hotelero para respaldar su versión de los hechos. Asimismo, insiste en que no existió autorización para pernoctar, ningún acuerdo de alquiler ni ánimo de lucro.
La controversia se originó cuando un acompañante de esta mujer accedió al recinto durante la celebración de la patrona. Según la información publicada inicialmente, el hombre protagonizó un incidente durante el convite, lo que motivó la intervención de los responsables del cuartel.
Sin embargo, la defensa sostiene que el guardia civil desconocía lo que estaba ocurriendo y no había autorizado la presencia de terceros.
«El agente dejó las llaves a una persona, pero no es responsable de lo que hagan las personas que van acompañadas de ella», ha argumentado la defensa, quien considera que el procedimiento debe resolverse atendiendo al principio de culpabilidad y a la responsabilidad personal del funcionario.
Una sanción de 20 días que sigue en los tribunales
Uno de los principales puntos de discrepancia se encuentra en la situación judicial del expediente. La defensa reconoce la existencia de una sanción disciplinaria de 20 días, pero sostiene que todavía está pendiente de resolución el recurso presentado contra ella.
Según el burofax remitido a La Voz de Ibiza, el procedimiento C.D. 101/24 se encuentra visto para sentencia ante el Tribunal Militar Central.
Desde el estudio de abogados han explicado que las últimas actuaciones procesales de las que dispone la defensa están fechadas el 22 de octubre de 2026.
Asimismo, han distinguido entre el procedimiento relativo a una presunta vulneración de derechos fundamentales, sobre el que ya existe un pronunciamiento judicial, y el recurso en el que se discute la responsabilidad disciplinaria del agente.
«Es un procedimiento paralelo. Ahora vamos a discutir la culpabilidad», han señalado y agregaron que si la resolución resulta desfavorable, la defensa contempla acudir en casación al Tribunal Supremo.
La defensa cuestiona la responsabilidad del agente
Otro de los argumentos planteados por los abogados es el control de acceso a las instalaciones de la Guardia Civil. Sostienen que, durante la celebración de la patrona, había numerosas personas en el recinto y que correspondía al servicio de seguridad controlar las entradas.
En este sentido, consideran que no puede atribuirse automáticamente al agente la responsabilidad por la conducta de terceros que accedieron al cuartel sin su conocimiento.
La defensa también cuestiona que no se tomara declaración a determinadas personas durante la tramitación administrativa del expediente, una cuestión que, según sostiene, resulta relevante para esclarecer lo ocurrido.
El agente continúa trabajando y ya no está destinado en Baleares
Mientras tanto, el guardia civil continúa desempeñando sus funciones profesionales y que actualmente ya no está destinado en Baleares.
También han desmentido que su destino actual se encuentre en Canarias, como se indicó en la información inicial.
Respecto a la ausencia de una sanción por alquiler turístico irregular del Consell de Ibiza, la defensa considera que este extremo refuerza la posición de su cliente.
«¿Tú crees sinceramente que si se prueba que hay un alquiler no lo hubieran sancionado desde el Consell con el tema del intrusismo?», ha planteado uno de los abogados durante la conversación.
